Hace unas semanas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hacía suyo un análisis muchas veces citado de Jean Monnet: “Europa se construirá en las crisis y será la suma de las soluciones aportadas a estas crisis”. En Bruselas, del 17 al 20 de julio, los cuatro días y cuatro noches de reuniones del Consejo Europeo (los jefes de Estado o de Gobierno) dejaron claro que estas crisis podían conducir tanto a un acuerdo –así fue, pero por los pelos– como a un cuestionamiento de la misma existencia de la Unión Europea (UE).

Esta hipótesis ya se barajó una y otra vez en la historia reciente de la construcción europea, pero se trataba ante todo de posturas destinadas a reforzar el peso de tal o cual actor –Gobierno, institución comunitaria, partido, dirigente político– involucrado en una negociación o un debate sobre Europa, tanto dentro como fuera de la UE. La mayor parte de estos actores, al margen de lo que en el fondo pensaran y pese al precedente del brexit, no creía en nuevas salidas de la Unión, y mucho menos en su desintegración. Hoy en día, esta posibilidad no tiene que ver con un chantaje, sino con una evaluación lúcida de la situación.

El elemento desencadenante y revelador de la fractura europea ha sido la pandemia de covid-19, que ha causado el desplome de la economía mundial, y especialmente el de las economías europeas. Casi todos los Gobiernos han adoptado en esta situación planes nacionales de recuperación, movilizando considerables cantidades de dinero público y rompiendo así con los dogmas neoliberales por los que velaban la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo (al que pertenecen los Estados que tienen el euro como moneda). Pero la ruptura ha sido de mucho más calado: por iniciativa de los Gobiernos alemán y francés, la presidenta de la Comisión propuso un plan europeo de recuperación poscoronavirus por una cuantía de 750.000 millones de euros, combinando préstamos (o sea, reembolsables) y subsidios (es decir, no reembolsables) para los Estados más afectados por la pandemia.

La originalidad de este dispositivo financiero es que se basa en un préstamo común de la UE, y no en préstamos suscritos país por país. Este proyecto de mutualización de la deuda, al que Emmanuel Macron consiguió que se uniera Angela Merkel, es un acontecimiento de importancia histórica. Ha topado con la oposición frontal de varios Gobiernos (Austria, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, y posteriormente Finlandia), que rechazan cualquier desviación respecto a la ortodoxia presupuestaria y, por tanto, cualquier transferencia financiera de los Estados “virtuosos” a Estados (España, Italia e incluso Francia) considerados laxos en su gestión de las cuentas públicas.

En Bruselas, la táctica utilizada por los estados “virtuosos” –con el primer ministro holandés Mark Rutte haciendo de principal portavoz– fue centrar las negociaciones en la distribución entre subsidios y préstamos dentro de la dotación global de 750.000 millones de euros. La propuesta inicial de la Comisión eran 500.000 millones en subsidios y 250.000 millones de préstamos. Después de cuatro días y otras tantas noches de negociaciones, las partidas finalmente consensuadas fueron respectivamente 390.000 y 360.000 millones de euros.

Ambas partes eran conscientes de que lo que estaba en juego en esta reunión maratónica ya no era una cuestión de cifras, sino una cuestión de rumbo político para la UE. Entre los problemas de todo tipo a los que se enfrenta la UE figuran, en primera fila, el peso adquirido por los “pequeños” Estados, el futuro de la “pareja” franco-alemana y el proceso de toma de decisiones (unanimidad o mayoría cualificada). Cabe leer el acuerdo de Bruselas como un paso adelante hacia el federalismo. Sin embargo y en vista de las reacciones que ha provocado, también puede que quede, simplemente, en flor de un día.

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