En esta semana se cumplen dos años de la llegada de PP y Cs al gobierno de la Junta de Andalucía. Aquel cambio de gobierno nos cogió a todos por sorpresa, nadie imaginó la dinámica electoral de aquel 2 de diciembre y nadie predijo la llegada con fuerza de la extrema derecha al Parlamento Andaluz. Dos años de gobierno después, muy marcados por la pandemia, podemos desgranar qué es eso de del “cambio”.

Una de las líneas maestras estrella de la derecha era una supuesta revolución fiscal bajo eso que Moreno Bonilla llamó “B-M-I – Bajada Masiva de Impuestos”. Por supuesto, él hablaba de una bajada en favor de los que más tenían. ¿Ha habido un cambio radical en ese sentido? No, porque sencillamente no tenían que cambiar mucho. La política fiscal de la última década de gobiernos del PSOE era justamente esa, ir transitando hacia que la mayoría de lo recaudado fuera recayendo cada vez más sobre los impuestos que pagan las rentas del trabajo, la mayoría de la población y las clases populares.

El gobierno del PP presume de un aumento de la recaudación (haciendo alguna trampa discursiva sobre cómo funciona el sistema de financiación, la verdad) pero la clave es qué sectores de la población pagan. Cuando hablan de que la eliminación del impuesto de sucesiones se compensa con el aumento del consumo lo que quieren decir es que lo que se ahorra el sector más privilegiado de la sociedad lo compensa todo hijo de vecino con impuestos al consumo que no son nada progresivos.

Había otro elemento con el que PP y Cs hicieron pivotar su campaña: la transparencia, la corrupción y la eliminación de la administración paralela. ¿Ha cambiado algo en este sentido? Ninguno. No han presentado una sola medida contra la corrupción, no ha habido una nueva gestión de los nombramientos de altos cargos y por supuesto no ha habido ninguna reducción de los privilegios políticos que el PSOE manejó durante décadas.

Otro aspecto que formó parte de los análisis que hacíamos desde las izquierdas sobre el “cambio” en Andalucía era la cuestión de los servicios públicos. Hemos visto con temor la posibilidad de que se acelerara el proceso de privatización y externalización de servicios, con las nefastas consecuencias para los usuarios, los y las trabajadoras y la garantía de derechos.

¿Se ha abierto un proceso de privatizaciones? La famosa “colaboración público-privada” que tan presente está en todos los discursos de la derecha es un invento que en Andalucía implantaron los gobiernos del PSOE.

A las elecciones de 2018 llegamos con un sistema sanitario en el que más del 50% de pruebas diagnósticas estaban privatizadas, donde los servicios como mantenimiento, limpieza o cocina estaban subcontratados, con comarcas enteras donde no existe hospital público sino concertado. Eso por poner un ejemplo, en el ámbito sanitario.

En Educación ha habido eliminación paulatina de líneas de la pública y aumento de financiación a la concertada. Pero sigue la línea política marcada en la última década sin ningún cambio en ese sentido, a excepción de la apertura a los conciertos en Bachillerato que sí es un salto cualitativo. Pero no olvidemos que en el curso 2019-2020 Imbroda eliminó 411 aulas públicas, mientras que en el curso inmediatamente anterior el PSOE en el gobierno eliminó 487.

Esto no hace que podamos caracterizar al PP y Cs como menos malo, sino aumentar la tragedia de cómo unos y otros van eliminando aulas públicas haciendo que el descenso de la natalidad solo recaiga en la Escuela Pública y por tanto favoreciendo a la concertada.

La idea de que un servicio público que garantiza un derecho sea financiado por lo público, pero ejecutado por lo privado, beneficio económico multimillonario mediante, ya estaba presente y era hegemónica en todos los servicios públicos andaluces antes de la llegada de las derechas. Sucede de manera generalizada y sucedía en Educación, Sanidad o Servicios Sociales.

Hay un dato esencial a los que deben responder aquellos que hablan de que el PP y Cs suponen un cambio radical en las políticas de la Junta. En estos dos años el Gobierno no ha aprobado prácticamente ninguna ley de calado político, aparte de los presupuestos. Ni una. Ni una sola Ley con una transformación de calado. ¿Por qué? Pues porque la estructura institucional de servicios públicos y de la administración creada por el PSOE permite hacer una políticas profundamente neoliberales sin frenos ni cortapisas.

Hay otro gran ámbito que ha marcado la actualidad política y mediática de estos dos años en Andalucía. Toda la verborrea de la batalla cultural de Vox. Los neofascistas han lanzado todo tipo de mensajes contra las mujeres, migrantes, LGTBI y movimientos sociales. Su objetivo aparentemente era marcar desde fuera las políticas del Gobierno. Pero la realidad es que, a excepción del brutal ataque a Canal Sur, prácticamente el gobierno no ha cumplido ninguno de los acuerdos relevantes que tenía con los fascistas.

Entre las derechas ha habido un reparto de roles. Unos gobiernan con mano de hierro neoliberal y con una pose moderada, mientras desde fuera la extrema derecha va lanzando debates, generando polémicas, cambiando poco a poco el sentido común, cambiando el lenguaje, creando hegemonía y haciendo más profunda la derechización de fondo de la sociedad. Es ese el papel de Vox en el bloque de las derechas, por ahora. Su acción ha estado destinada al plano de lo simbólico, poniendo en la mirilla especialmente en el movimiento feminista y al tejido asociativo de mujeres, que han tenido impacto en algunas medidas concretas, pero que sobre todo están destinadas a la batalla cultural del neomachismo.

Decir, como en estos días escuché a algún dirigente, que “en Andalucía gobierna Abascal” no solo es mentira, sino que lo más preocupante es que toda la sociedad sabe que es mentira. No porque Abascal no hiciera una política económica parecida, sino porque el papel de Vox no ha sido hasta ahora implementar sus medidas neofascistas, sino generar el campo de cultivo cultural y social sobre el que sus medidas a medio plazo puedan implantarse. Decir que gobierna la extrema derecha muestra un grave error de análisis sobre lo que supone el Gobierno y, lo más preocupante, una banalización del fascismo que puede costarnos muy cara.

En enero de 2019 hubo cambio. Pero ¿qué cambio?. Echar a las derechas del gobierno andaluz es imprescindible y urgente. Pero es tan imprescindible como no hacer que vuelva el partido que nos gobernó durante décadas con tan nefasto resultado y con políticas muy parecidas a las de los que están ahora. Hace falta un cambio, de una vez por todas.