ÁNGEL LUNA

Portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes valencianas

Cada vez resulta más difícil comprender a Camps. Cuando habla, pero más aún cómo actúa ante la Justicia.

En Estrategia judicial en los procesos políticos, el célebre abogado Jacques Vergès distingue entre dos tipos de procesos judiciales: de connivencia y de ruptura. En los procesos de connivencia, las partes aceptan los valores y principios desde los que se enjuicia el caso, cuestionando tan sólo la certeza de las pruebas aportadas. Por contra, en los procesos de ruptura, la defensa impugna las bases que sustentan la acusación. Sus normas y los principios que las inspiran son cuestionados y, por tanto, no se acepta el sometimiento a las mismas, aun cuando sean ciertos los hechos aportados como pruebas.

En el proceso en que se encuentra inmerso, Camps transita desde la connivencia hasta un intento de ruptura. Aparenta respetar el orden establecido, cuando en realidad lo pervierte. Hace del proceso judicial un espectáculo. Da por hecho un veredicto que sólo corresponde a los tribunales emitir. Tacha de inquisidores a quienes sí respetan las reglas del juego político. Trata de convertir el proceso en una procesión donde los cargos de su partido llevan en andas un falso santo que se presenta como víctima de quienes, simplemente, buscan hacer efectivas virtudes democráticas como la transparencia, la justicia, la igualdad y la austeridad.

Camps proclama su inocencia, niega los hechos. Utiliza el sistema judicial como un confesionario, a la espera la absolución que siempre obtiene de su confesor en la Iglesia. La Iglesia o, mejor dicho, un cierto modelo de Iglesia, es al fin y al cabo su modelo de Gobierno. Grandes fastos, jerarquías, sermones, adoctrinamiento y, cómo no, doble moral. La que predica no se corresponde con la que practica, acogiendo en su seno político a los peores ejemplos de vicios públicos y privados. La conducta de Camps es política y socialmente rechazable. Lo peor, al fin y al cabo, no es saber que ha aceptado regalos y ha facilitado contratos, sino ignorar qué otras corruptelas habrá cometido o tolerado, qué más da, al abrigo de su presunta infalibilidad.

La ruptura de Camps consiste en negar la legitimidad de la acusación. Detesta que quieran juzgar su figura mítica como si de un simple ciudadano se tratara y, por ello, no acepta sus reglas. El PP ataca un orden del que forma parte por naturaleza. Ataca al sistema si es Garzón quien acusa. Si es un juez o tribunal al que asignan la calidad de próximo ideológicamente, sin embargo, le concede legitimidad. En realidad no lucha contra el orden establecido, tan sólo traiciona sus principios, como el de que todos somos iguales ante la ley. Consideraría al sistema una garantía si la acusación fuera falsa; como sabe que no lo es, lo percibe como una amenaza.

La llamada desesperada a la opinión pública pretende sustituir a las facturas como prueba de descargo. Antígona fue condenada a muerte porque no había medios de comunicación, ni opinión pública a su favor. Hoy siempre hay alguien dispuesto a apoyar una causa. Como en la mayoría de procesos de ruptura, el acusado cambia su condición de individuo por la de militante que defiende sus posiciones apoyado por camaradas que promueven un movimiento de solidaridad para pedir su absolución. Pero ni Camps es Dimitrov, ni sus posiciones son ética y moralmente defendibles.

El sistema mediático actual en la Comunitat Valenciana, particularmente el audiovisual y muy especialmente Canal 9, resulta el campo de juego ideal para los escuderos de un Camps que, incapaz ya de defenderse, sólo asume la posición de víctima, dejando a sus protectores (Barberá, Blasco, etc.) la indigna tarea de proclamar una inocencia que ni ellos mismos se creen y, lo que es todavía peor, de negar a la ciudadanía la información veraz y completa imprescindible para poder tomar decisiones conscientes, meditadas y responsables. El actual panorama mediático en la Comunitat no da esa opción.

Pero la ampliación del campo de juego a los medios nacionales ha variado la realidad en función de la cual deberán decidir los jueces. Camps está desconcertado ante el cambio de escenario mediático. Desacostumbrado al pluralismo informativo y con su control fuera de alcance, se precipita hacia un proceso de ruptura. El fin puede explicar los medios, pero nunca los justifica.

Vergès no acepta que cualquier proceso pueda ser convertido en un proceso de ruptura. Si las instituciones jurídicas y políticas son democráticamente legítimas, los procesos sólo pueden ser de

connivencia. Este es el caso de la Comunitat Valenciana, por mucho que 14 años de gobiernos del PP hayan erosionado esa legitimidad democrática. Los socialistas creemos en el sistema judicial y respetamos sus reglas, aunque también confiamos en el juicio de la ciudadanía, del que Camps no saldrá airoso. Quizás pueda eludir la condena judicial, pero jamás podrá lavar la vergüenza de la mentira y las complicidades delictivas.