Todo el mundo parece tener una opinión sobre si la producción, venta y consumo de cannabis hay que regularla o prohibirla. Además, mucha gente parece vincular esa opinión a experiencias individuales o de gente cercana, ya sea directamente relacionadas con el consumo o por haber trabajado con personas que han tenido problemas derivados de ello. Esas experiencias no se han vivido en un marco neutro, sino en uno de prohibición del uso del cannabis. Podemos pensar si unas regulaciones funcionan mejor que otras, pero parece bastante claro que el marco actual de prohibición tiene una capacidad muy limitada para lograr lo que deberíamos pretender: proteger a los colectivos más vulnerables (jóvenes, especialmente).

El debate no es si el consumo de cannabis está ligado a problemas de salud mental, si es una droga más o menos dañina que el alcohol o si su prohibición ha de llevar implícita la defensa de la prohibición del tabaco. Los vínculos del consumo de cannabis con diversos problemas de salud son un hecho, como parece serlo su papel en el ámbito medicinal en determinadas indicaciones, cosa que no es objeto de este artículo. El debate es, de manera compleja y llanamente, si regular la producción, distribución, venta y consumo de cannabis puede ser mejor que prohibir todo ello, teniendo como objetivo la mejora de la salud de la población. Es decir, ¿puede la regulación protegernos más que la prohibición?

El debate también puede llevarse por otros caminos: el de la libertad individual, el de la creación de puestos de trabajo o el de la industrialización verde. Aunque todo esté, además, ligado a la salud, yo me voy a centrar en una perspectiva salubrista, de salud pública, que creo que los incluye y centra sin ponerlos a competir.

Un editorial del American Journal of Public Health enmarcaba muy bien la situación actual diciendo: "De este modo, la oposición a la legalización de la marihuana no parece ser una estrategia prometedora para doblegar, y finalmente bajar, los niveles de consumo en adolescentes", en consonancia con otro de BMJ Open que afirma que "las reformas en la legalidad no se asociaron a cambios en las frecuencias de uso".

Una de las preguntas clave parece radicar en la capacidad de los y las jóvenes (como colectivo especialmente vulnerable al consumo, especialmente los varones, como señala con acierto el especialista en salud pública Mario Fontán en un reciente artículo) de acceder al cannabis en un modelo de regulación frente a un modelo de prohibición. A este respecto hay que mirar dos aspectos: I) la situación de partida y II) la evidencia disponible en otros lugares.

En relación con lo primero, la última versión del informe EDADES, del Ministerio de Sanidad, afirma que tan solo el 1,2% de las personas entre 15 y 64 años que no han probado previamente el cannabis lo probaría en el caso de que fuera legal, cifra que es la mitad que en la encuesta de 2017. Este dato se complementa con otro dado en el mismo informe que señala que el 59,4% de las personas encuestadas consideraban que les sería fácil o muy fácil conseguir cannabis, cifra muy elevada, aunque inferior al 63,3% de 2017. En lo que respecta al segundo aspecto, y a pesar de que existe algún estudio con más dudas, la mayoría de los mismos -y los aparentemente más sólidos metodológicamente- señalan que la legalización no supuso un incremento en el consumo por parte de la población joven e incluso pudo suponer una disminución en la disponibilidad derivada de la exigencia de verificación de edad e identidad para su compra.

¿Quiere decir esto que si regulamos la producción, venta y consumo de cannabis disminuirá el consumo por parte de los jóvenes? No tiene porqué, pero sí quiere decir que hay que abandonar el atajo mental que nos lleva de la "regulación" a pensar en "una mayor disponibilidad para los jóvenes" o "un mayor consumo".

Más allá de esto, no se trata solo de buscar que no haya incrementos del consumo, sino, sobre todo, buscar que el consumo se distribuya de una manera menos regresiva. Este ha sido un fracaso histórico de cualquier política de salud pública, dado que en un contexto de centralidad del mercado los perdedores del mercado son también los perdedores en términos de salud de todos los hábitos de vida nocivos para esta. Probablemente, el aspecto crucial para abordar esta problemática radique en la capacidad de oponer regulación y mafias; es decir, la coexistencia perfecta de ambas es probable que tenga mayor capacidad de vender diferentes calidades y segmentar precios, cosa probablemente regresiva. Para ello hay estrategias centradas en control de precios que podrían ser efectivas.

Si I) los grupos más vulnerables no aumentan su consumo, II) se logra sacar a la regulación estatal un producto al margen de la misma, III) se logra impactar sobre el funcionamiento de las mafias y IV) se hace que afloren ingresos públicos antes no recaudados que poder utilizar de manera finalista en prestaciones sanitarias o incluso en prevención de consumo de drogas, parece que existe un marco razonable en el que explorar la regulación del cannabis.

Por último, pero no menos relevante, hay que pensar qué estrategia es más responsable en términos globales y más factible en términos locales. Continuar alimentando el marco de control por parte de las mafias supone reforzar las cadenas internacionales de narcotráfico y los impactos de estos en países en los que la-lucha-contra-las-drogas se lleva anualmente cientos de vidas. Pensar que las decisiones en el marco del estado tienen solo repercusiones en dicho marco es irreal, tanto en aspectos económicos como en aspectos relacionados con la salud global. Regular es, también, empujar hacia la regulación.

Un reciente informe del Centro Europeo de Seguimiento de las Drogas y la Drogadicción plantea que el auge de medidas e iniciativas reguladoras en el marco de los países europeos es una oportunidad para reforzar las medidas de control y concienciación sobre los riesgos derivados del consumo de cannabis. Ese es el reto: políticas sólidas, regulaciones estrictas, énfasis en la protección de grupos vulnerables, libertad en el consumo con capacidad para que este no tenga una distribución regresiva de clase (como tienen todos los hábitos de vida y consumos de tóxicos no saludables). Todo ello sabiendo que todos los casos individuales dantescos y las estadísticas poblacionales abominables surgen de un marco prohibicionista en el que nos movemos ahora.