JORDI GUILLOT

La enmienda que presenté en el Senado, en nombre de ICV, contra el canon digital indiscriminado ha generado un debate que hace insoslayable que los programas de gobierno de los partidos para las próximas elecciones del 9 de marzo deban posicionarse sobre la cuestión del canon digital. Así como será imparable que en la próxima legislatura se debatan y modifiquen diferentes cuestiones que afectan a los derechos de autor y por extensión al canon digital. El debate surgido es la expresión clara del amplio rechazo que provoca la figura del canon digital indiscriminado, justificado por ley como compensación equitativa por copia privada, y el que esté gestionado por entidades privadas como la SGAE.

Creo que lo primero que habrá que revisar es el principio legal con el que se justifica el canon. La ley establece que los fabricantes, importadores y distribuidores de equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para reproducir obras protegidas deben pagar a los autores y demás titulares de derechos de propiedad, aunque no sean utilizados para reproducir obras sujetas a derechos de propiedad intelectual. Un canon que se repercute en el precio de venta y pagan los consumidores. Éste es, a mi parecer, el primer error de la ley; gravar indiscriminadamente en vez de imputar el canon a lo que realmente se copia, que es la obra original. Es más razonable y justo que si voy a una tienda a comprar un CD de mi cantante preferido pague un recargo por derecho a copia que le irá destinado directamente a él y me parece del todo injusto tener que pagar un canon por comprar un CD virgen, que voy a utilizar para mi trabajo y que encima va a recaudar y redistribuir una sociedad privada de gestión de derechos de autor.

Un segundo aspecto duramente cuestionado es que un canon regulado por ley, o dicho de otra manera, un impuesto indirecto, lo recaude y repartan entidades privadas de gestión de los derechos de autor. Una delegación incomprensible por parte de los poderes públicos que no se produce en otros ámbitos. Como incomprensible es que por ley se delegue a un acuerdo entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y las asociaciones de fabricantes de soportes digitales la cuantía del canon (acuerdo imposible que luego deben establecer o pactar los ministerios de Cultura y de Industria, como si fueran las instancias administrativas de los intereses de ambos sectores; es surrealista).

Un tercer aspecto es la evidencia de que el actual canon ni evita la piratería ni los males que afectan a nuestra creatividad e industria cultural. Respecto a la piratería, creo que de no existir este canon compensatorio habría más interés en perseguirla. Los instrumentos legales para realizarlo existen, sólo falta la voluntad. Algunos parece que estén más preocupados en utilizar la piratería como justificante del canon que no como realidad que hay que denunciar y perseguir. Tampoco el canon es la solución a los problemas de la cultura. El apoyo a la creatividad y a la industria exige políticas públicas más decididas y con mayores recursos que sólo pueden provenir de los presupuestos de las administraciones.

Y un cuarto y último aspecto es que el futuro inmediato del negocio de la música y audiovisual pasará cada vez más por soportes tecnológicos cada vez más inaprensibles en los que la figura del canon les servirá de poco para proteger los derechos de autor. El futuro apunta más a los creative commons y al copyleft que a los actuales patrones.

El canon genera un amplio rechazo social, sólo hay que ver la cantidad de firmas recogidas por la plataforma Todos contra el canon. Su crítica proviene de amplios y distintos sectores, que no creo que participen en ninguna conspiración anticultural. Con el mismo sentido común con que se defiende el derecho de autor, se afirma que el actual canon no puede ser la solución, y para ello proponía en la enmienda darnos un año para discutir y consensuar nuevas soluciones. La enmienda no fue aprobada, pero el debate se ha producido y seguirá imparable, y la revisión de la figura de un canon indiscriminado recaudado y distribuido por las sociedades privadas de gestión de derechos de propiedad intelectual se realizará más pronto que tarde, en la próxima legislatura. Las nuevas soluciones que se planteen para la remuneración de los incuestionables derechos de autor deberán contar con una aceptación social que el canon indiscriminado no tiene, y una gestión transparente que hoy no tiene.

ICV, por su trayectoria coherente en la defensa de los derechos de autor pero de oposición al actual canon digital, tiene legitimidad para pedir el voto de los internautas. No creo que el PP tenga esta legitimidad, puesto que tarde y mal se suma a una enmienda que no era suya, después de haber votado a favor del canon en la tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en 2006.

Jordi Guillot es secretario general de ICV

Ilustración de Enric Jardí