Luis Moreno

Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC) y autor de ‘Trienio de mudanzas’

Todo apunta a que será una negociación áspera y desabrida. Con los ingleses al otro lado de la mesa no cabe esperar otro escenario. Su proverbial reputación para optimizar situaciones de intercambio se pondrá una vez más a prueba cuando se inicien las conversaciones para concretizar el Brexit. Ello no debería suceder antes del próximo mes de marzo de 2017, cuando la Premier Theresa May invoque la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa para el abandono del Reino Unido de la Unión Europea. Se habrá aprobado con antelación en el Parlamento británico la derogación de la Ley de las Comunidades Europeas (1972), así como de otra legislación afín de desconexión. Recuérdese que el artículo 50 establece un período de dos años para finalizar los detalles políticos e institucionales de la salida británica, salvo que pudiera eventualmente acordarse una prórroga por ambas partes negociadoras. Según el curso formal establecido, asistiríamos al adiós del UK en la primavera del año 2019. En el ínterin serían no pocos los eventos que pudieran trastocar la linealidad del proceso.

De una parte debe ponderarse la posible intensificación electoral de los populistas en la Europa continental durante el año 2017. El próximo año se celebraran elecciones parlamentarias o presidenciales en países europeos que representan aproximadamente el 40% de la economía europea y, muy especialmente, las relativas a Francia y Alemania, auténticos motores de la eurozona. Los asuntos financieros y la percepción que de ellos se tenga —especialmente respecto a la fortaleza del euro como moneda ‘refugio’ mundial— serán cruciales en la aceleración o parsimonia de las negociaciones. El asunto de los movimientos de capitales en un contexto global cada vez más ‘financializado’, cabe ser considerado como constitutivo de la auténtica variable interviniente e independiente en el desenlace del Brexit. El ex ministro de economía británico (Chancellor of Exchequer), John Osborne ya lo expuso gráficamente durante la conferencia del Partido Conservador, hace ahora un par de años. Insistía entonces en la necesidad de atraer capitales con alta rentabilidad e impuestos bajos:

“En la economía moderna global, donde se pueden cambiar de lugar las inversiones apretando un botón, y donde las empresas pueden trasladar empleos de un país a otro de la noche a la mañana, la economía de los impuestos altos son cosa del pasado”.

Financieros influyentes tales como Nigel Lawson, Chancellor de Exchequer en los gobiernos de Margaret Thatcher (1983-89) y enérgico defensor del ‘no’ a la UE, ha subrayado siempre en sus alegatos que el Reino Unido debía recuperar su plena independencia para impedir que las decisiones económicas de la Eurozona no afectasen al liderazgo financiero mundial de la City londinense y, de consecuencia, a su moneda: la libra esterlina. Tales ideas se asientan en una implícita convicción de que el Reino Unido es en sí mismo un ‘superpoder’. No es ajena a tal percepción su reciente historia imperial. El simbolismo de mantener su propia moneda se correlaciona, en dicha cosmovisión, a su condición de potencia mundial dotada de armas nucleares de disuasión. Es por ello que en el imaginario popular, alimentado por nacionalistas y xenófobos principalmente ingleses, la conservación de la libra y la implementación de políticas económicas no coordinadas con el resto del Continente se convirtieron en un argumento triunfante en el referéndum sobre el Brexit.

Desencadenada la ‘crisis interminable’ tras el crack de 2007, los gobiernos británicos han podido gestionar holgadamente los problemas de financiación de sus altos niveles de deuda pública y privada, análogos a los de otros países europeos. A ello ha contribuido decisivamente el flujo constante de capitales ‘invisibles’ gestionados por la City y procedentes con frecuencia de países de la Commonwealth y de las antiguas colonias del Imperio Británico. No cabe la menor duda que la City londinense y la industria británica de servicios financieros, poseen un enorme peso específico en las transacciones internacionales de los mercados de capitales. Pero sucede que las dudas y turbulencias producidas por el resultado del referéndum han hecho mella en las disponibilidades financiares ejercidas por las autoridades gubernamentales británicas para financiar su deuda y sus necesidades de capitalización. El actual Chancellor of Exchequer, Philip Hammond ha reconocido que el déficit público sigue siendo muy alto y que el gobierno conservador necesitará tiempo para cuadrar las cuentas (quizá más allá de 2020). Además de poner en vigor otras políticas económicas que estimulen al sector productivo, el Reino Unido necesita el ‘rescate’ de los capitales peregrinos al mismo nivel de lo sucedido hasta ahora. Esa es la vía para despejar dudas fiscales y permitir mayor nivel de gasto público a corto plazo. Algo no tan fácil de aventurar.

En las propias filas del partido conservador se especula con la adopción de una opción de ‘Brexit blando” que pudiera preservar la las ventajas de seguir perteneciendo al mercado único, aún a costa de ceder soberanía en otras áreas sensibles de la negociación, como la relativa a la inmigración. A un lado y a otro de la mesa negociadora podría evidenciarse que las actuaciones particularizadas de los Estados europeos son demasiado pequeñas como para imponerse. Para evitar las carencias individuales británicas, los representantes del eurozona deben actuar en comandita, y no sólo confiar en la fatigosa conjunción persuasiva del eje franco-alemán. Otros países grandes de la UE como Italia y España, así como el grupo de países Visegrád (Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia) deben sentirse participes plenos en las negociaciones del Brexit.

La transformación de los otrora prepotentes Estados westfalianos en politeyas minoradas y condicionadas por los capitales especulativos ha evidenciado la creciente influencia de las corporaciones multinacionales y los conglomerados financieros mundiales. Es por ello que las palabras hace unos días en Berlín del presidente del Banco Central europeo, Mario Draghi, se ajustan a la articulación de una solución común si se quiere preservar el modelo social europeo. Un modelo cada vez más asediado por las alternativas ‘neoesclavistas’ de las potencias asiáticas emergentes y del rampante neoliberalismo de corte anglo-norteamericano. Esta última visión se impuso en el referéndum del Brexit, cabe no olvidarlo.