JESÚS CALDERA

Si pensábamos definitivamente establecidos los principios sentados por Locke en 1689 en su Carta sobre la tolerancia en defensa de la libertad individual, la tolerancia y la oposición a la coacción que pudiera ser ejercida sobre el individuo por razones morales, religiosas o de otra índole, por otros individuos o el Estado, parece que estábamos equivocados.

Ello a propósito del derecho que asiste a la joven Najwa Malha, de 16 años, española de origen marroquí, a vestir sobre su cabeza la prenda llamada hiyab, que no es sino un pañuelo que la cubre, dejando al descubierto sus facciones. No se trata, por tanto, del chador, que obliga a ocultar todo el cuerpo, o del tristemente conocido burka, que tapa completamente la cara, el cuerpo, los cabellos y la piel, dejando sólo una rejilla a la altura de los ojos, y que aísla a la mujer en sí misma y oculta su identidad, confinándola a un papel de espectro en la sociedad.

Conservo en mi memoria vivas imágenes de mi niñez y adolescencia, en las que aparecen mujeres cubriendo sus cabezas con negros pañuelos, monjas pertenecientes a congregaciones católicas con sus tocas y hábitos e incluso una extraordinaria fotografía en la que, de niño, aparezco con mi madre tocada con un pañuelo similar (eso sí, de colores más alegres).

Imágenes entonces frecuentes, hoy menos, dado que las modas, los usos y las costumbres culturales suelen reflejar cambios con el paso del tiempo. Supongamos por un momento que me desagradan dichas vestimentas: ¿debería por ello solicitar su prohibición? ¿Ejercer lo que considero una coacción intolerable sobre la libertad ajena?

Este, y no otro, es el dilema sujeto a debate en el caso de la joven Najwa. En mi opinión, este pañuelo o hiyab no representa una prenda que someta a la mujer, siempre y cuando sea portado con total libertad, sin imposición del entorno familiar y/o social (lo que en nuestra abierta, tolerante y democrática sociedad es imposible), como evidentemente es el caso. Es más un aparejo de vestir que confiere personalidad a quien lo lleva, que reafirma sus orígenes y puede mostrar, con plena libertad, sus creencias. Si se prohíbe, ¿por qué no prohibir también que los alumnos lleven colgados collares y abalorios con la cruz católica o con la estrella de David, o que religiosas con toca y hábito puedan no sólo asistir sino impartir clases en centros financiados con fondos públicos?

Atraída por la formidable exposición mediática del caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como tantos otros ultraconservadores, no perdió ripio para entrar al corte: “Creemos que el velo (no es un velo, es un pañuelo) es un elemento de diferenciación y discriminación que es malo fomentar”; eso sí, cuando se trata de una joven con distintas raíces culturales, y presumiblemente religiosas, a las suyas.

La Constitución Española garantiza libertad de culto en el marco de un Estado aconfesional, y los ciudadanos tienen, por tanto, derecho a manifestar sus orígenes, rasgos culturales y, en su caso, vocación religiosa también con la vestimenta, siempre y cuando no atente a las normas de convivencia ciudadana, respeto mutuo y mínimo decoro, y acorde también al tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de manera pública.

Y el caso de Najwa Malha es claro. Según ella misma ha manifestado, decidió ponerse el pañuelo por propia voluntad, su vestimenta no supone una agresión al resto de confesiones religiosas y acepta quitárselo en las clases que requieren actividad físico-deportiva. Entonces, no nos engañemos. No se trata de discutir sobre la separación entre Iglesia y Estado. Esta es innegociable, está perfectamente definida y acotada en la Constitución e implica la no exhibición de símbolos religiosos presidiendo las aulas. De lo que se trata aquí es de garantizar o no la libertad de expresión individual de Najwa a llevar el hiyab, de igual manera que, por poner un ejemplo y según ha corroborado la dirección académica, una joven monja estudiante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid acude diariamente a clase con hábito, sin que hasta el momento se haya suscitado ningún conflicto docente.

En fin, no permitamos que se impongan los criterios de Esperanza Aguirre y de los estandartes del catolicismo ultramontano (que no comparte la Conferencia Episcopal Española) tan bien representado en el PP, porque no están defendiendo los derechos de la mujer ni liberando a esta joven de ninguna pretendida discriminación. No, están buscando otra cosa: provocar enfrentamientos entre diversas comunidades y crear el caldo de cultivo que genere conflictos sociales. Es decir, no buscan aflorar lo mejor del ser humano (la tolerancia y el entendimiento), sino lo peor (el rechazo y el enfrentamiento).

Jesús Caldera es vicepresidente de la Fundación Ideas para el Progreso

Ilustración de Iker Ayestaran