El Catalangate, a pesar de que algunos lo nieguen, es el caso de ciberespionaje más importante detectado nunca en Europa. El hackeo de los teléfonos móviles mediante el programa Pegasus a 65 políticos, abogados, periodistas y líderes de la sociedad civil independentistas supone una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales reconocidos tanto en el ámbito español como a nivel internacional y un ataque sin precedentes a las instituciones de la Generalitat de Catalunya.

El espionaje perpetrado supone una vulneración del derecho a la intimidad personal y de la garantía al secreto de las comunicaciones de todas las personas espiadas –y también de sus familiares, amigos y personas con las que hayan mantenido contacto mediante el teléfono móvil–. Desde el momento en el que se espían personas que concurren a las elecciones, el espionaje supone también una vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Los procesos electorales deben discurrir con pleno respeto por la igualdad de armas y el juego limpio. Asimismo, espiar abogados supone una vulneración del derecho a defensa: una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin que pueda haber indefensión. Por último, espiar a cuatro presidentes de la Generalitat y otros representantes institucionales del Govern y el Parlament supone un ataque sin precedentes a las instituciones representativas de Catalunya.

El Estado de Derecho supone en esencia un límite a las formas arbitrarias y abusivas del ejercicio del poder. La ciudadanía debe tener la certeza de que los mecanismos de seguridad, como puede ser el CNI, están ahí para garantizar sus derechos y no para menoscabarlos. De otro modo, la confianza de la ciudadanía con el Estado y sus instituciones mengua o desaparece al constatar que no estamos ante un verdadero Estado de Derecho.

Y es que espiar a adversarios políticos, espiar a quien no piensa como tú, espiar a aquellas personas que quieren cambiar las cosas, espiar abogados, espiar periodistas, espiar sindicalistas, espiar líderes de movimientos sociales… Espiar de forma generalizada a personas por sus ideas políticas o su posicionamiento ideológico, con o sin autorización judicial, en un Estado democrático y de Derecho no es ni legal, ni legítimo y en ningún caso puede ser objeto de justificación. Y cuando esto ocurre en las democracias consolidadas de nuestro entorno se esclarecen los hechos y se asumen responsabilidades políticas con la dimisión de todas las personas responsables por acción u omisión.

Por ello, ante el Catalangate, el Gobierno español tiene la obligación de esclarecer los hechos, asumir responsabilidades por lo sucedido y establecer los mecanismos necesarios para evitar que algo parecido pueda volver a ocurrir. Las actuaciones dirigidas a eludir responsabilidades y/o justificar de forma más o menos explícita lo sucedido no hacen más que contribuir a carcomer un poco más los ya precarios fundamentos de la democracia española y la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus instituciones. Asimismo, la no asunción de responsabilidades por parte del Gobierno español supone dinamitar la más mínima confianza necesaria para abordar la necesaria solución acordada del conflicto político existente entre Catalunya y España y amenaza con hacer saltar por los aires la XIV legislatura española. Y si esto ocurre, la responsabilidad será del Gobierno español.