Iván H. Ayala y Giusepe Quaressima

Secretaría de Economía de Podemos

La actual situación de impasse entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat está generando una situación de incertidumbre que se puede trasladar a las principales variables económicas. Los análisis hasta ahora se centran en los efectos de la Independencia para Cataluña pero en realidad las consecuencias económicas afectan a toda España y una Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación del art. 155 solo podrían alimentarlas. El problema no es tanto lo que pasará una vez que la Generalitat se lance al abismo de una Independencia -no reconocida por nadie-sino cómo la falta de un horizonte de acuerdo puede afectar a la economía española y catalana.

El ministro de Guindos comentaba que la independencia de Cataluña podría suponer la caída del PIB catalán entre un 25% y un 30%. No obstante, no mostró los informes que así lo afirmaban, probablemente porque dichos informes también afirmarían, de ser serios y verdaderos, que si lo anterior sucediera, la economía española -y no solo la catalana- también se vería afectada de sobremanera. Cataluña representa en torno al 20% del PIB Español por lo que la parálisis actual supone una verdadera amenaza para el conjunto del país, en un momento donde los vientos de cola de los que ha disfrutado la economía española pueden empezar a ralentizarse. Rajoy acusa a la Generalitat de generar inestabilidad y avocarnos al apocalipsis, pero la realidad es que la imagen internacional y la percepción de los mercados dependen en exclusiva de la gestión que el gobierno de España haga de este conflicto. Los mercados buscan crecimiento (lo que les asegura una rentabilidad de las inversiones) y estabilidad (lo que les asegura poder cobrar dichas inversiones). Con el uso de la fuerza y la no negociación –especialmente después de la internacionalización del conflicto catalán gracias al terrible error político de la intervención policial del 1-O-, España está trasladando una imagen a los mercados de inestabilidad política e incertidumbre económica. Teniendo en cuenta que nuestro país es el cuarto de la eurozona en términos de PIB y población, podemos entender la apelación al diálogo por parte de la UE.

La estrategia del PP de transmitir tranquilidad a través de la fuerza y el inmovilismo constitucional choca con la debilidad que a nivel parlamentario trasmite, lo que se ha manifestado claramente al menos en dos circunstancias. La primera fue cuando C’s presentó una PNL para azuzar al gobierno en su estrategia, lo que hizo que el PSOE retirara su apoyo. La segunda, mucho más grave, es la imposibilidad del gobierno de poder aprobar unos PGE, al haber perdido el apoyo del PNV por culpa de la estrategia de choques de trenes. Parece curioso que sea precisamente la política para la que el gobierno pide a la oposición un apoyo ciego la que precisamente rompa sus acuerdos presupuestarios.

En 2017 estuvieron prorrogados durante seis meses los PGE de 2016 y en 2017 se volverán a prorrogar los del ejercicio en curso para 2018. En dos años el Gobierno se ha visto obligado a prorrogar dos veces los presupuestos lo que sin duda es un síntoma de parálisis gubernamental que los mercados están empezando a percibir como peligrosa. Esto ha implicado la paralización de las inversiones públicas durante los seis primeros meses del año debido a que no se convocaban nuevos proyectos de inversión al estar los PGE de 2016 prorrogados, algo que volverá a ocurrir a partir de enero 2018. Esta parálisis en la inversión pública tiene una incidencia fuerte en el crecimiento territorial, y por ende, acabará reflejándose en el crecimiento económico del país. Igualmente al estar consignados en los PGE las transferencias a las CCAA, por segundo año consecutivo, las CCAA tendrán que realizar sus presupuestos autonómicos bajo la incertidumbre de tener que realizar a posteriori ajustes que una vez más, generan una incertidumbre que emana de la debilidad del gobierno para tejer acuerdos parlamentarios.

La clave para comprender los costes económicos de la crisis catalana es el tiempo que dure la falta de proyecto de solución. El escenario apocalíptico es solo una de las posibilidades en el caso de que no exista ningún tipo de acuerdo, pero existe todo un abanico de posibilidades con diferentes resultados en función del grado de confrontación institucional. Cuanto más dure la situación de parálisis económica, más incertidumbre y más percepción de deterioro de los fundamentales lo que se puede trasladar principalmente a través de la prima de riesgo. Esto encarecería el coste de financiación de la deuda (recordemos, al 100% del PIB) lo que pone en riesgo ya no sólo a España, sino al conjunto de la eurozona. Si bien las últimas caídas de la moneda europea tienen más que ver con las estrategias de política monetaria de los bancos centrales (FED y BCE), un estancamiento del problema catalán implicaría un incremento de la prima de riesgo para España lo que afectaría su estabilidad financiera y por ende, la del euro. Esto es un elemento de presión en mayor medida para el gobierno de Rajoy que para Cataluña. El escenario de DUI y 155, obviamente, solo aumenta esta incertidumbre.

En este sentido la voluntad del gobierno de facilitar mediante Real Decreto la salida de Cataluña de Bancos y empresas, si bien es un elemento más de presión en la lógica de choque de trenes, en realidad incrementa la sensación de incertidumbre –la de un posible corralito en caso de independencia- lo que puede transmitir la percepción que el escenario que el gobierno traslada como imposible –la Independencia- en realidad puede ser posible. Atacar intereses catalanes para debilitar al gobierno de la Generalitat -además de ser incomprensible en una estrategia que quiera que Cataluña siga formando parte de España- significa atacar intereses españoles, e incrementar la vulnerabilidad. Las empresas no se van a trasladar solo a otras partes de España, sino a otras partes del mundo perdiendo capacidad productiva gracias a la incapacidad negociadora del gobierno, y a su estrategia de acoso y derribo a Cataluña. Esta estrategia tiene costes en términos de imagen, económicos y políticos.

Lo peor de todo esto es que al final del proceso no hay un precipicio, hay una mesa sobre la que inevitablemente se sentarán gobierno catalán y español a negociar un nuevo encaje constitucional. Por eso a Puigdemont le interesaba mantener hasta el último minuto el pulso sobre el 1-O, al igual que a Rajoy, pues lo que estamos presenciando es una guerra de posiciones con el fin de llegar a la mesa de negociación en una situación de fuerza frente al contrario. Esa es la razón de que emerja la paradoja de que por un lado sepamos que forzosamente el proceso acabará en una negociación, pero por otro se nos antoja tremendamente difícil imaginar sobre qué podrá versar la misma. Pero también precisamente por ese motivo, por la dificultad de imaginarse los contornos de la negociación, es por el que se hace si cabe más necesario un enfoque que nos permita visualizarla.

La defensa acérrima del estatus quo constitucional va a derivar necesariamente en una reforma de la Carta Magna cuya posibilidad ha hecho inevitable la actuación del gobierno en Cataluña. Pero una vez abierto el debate –tantas veces aplazado- ya no se puede circunscribir únicamente a Cataluña, pues un nuevo encaje de la misma necesita igualmente un reajuste del resto de territorios. El miedo de las demás CCAA es que un cambio del modelo territorial gestado por la presión unilateral de Cataluña, determinaría un empeoramiento de la financiación para el resto. La realidad es que el marco territorial fruto de la Constitución del 78, ha permitido que la brecha entre algunos territorios -como Andalucía- y el conjunto del país siga intacta desde los últimos 40 años. El autogobierno territorial se ha agotado, mostrando claros problemas estructurales, siendo el más significativo la asimetría entre recursos y competencias denunciado por prácticamente todos los gobiernos territoriales.

Rajoy y Cataluña han conseguido abrir el candado del 78 más allá de una dicotomía forzada España/Cataluña que implicará a todos los actores institucionales existentes, asumiendo la pluralidad y las diversidades nacionales. Si este debate se abre camino también en otras comunidades será más fácil distinguir el debate entre Gobiernos al debate entre estado y autonomías. A nivel práctico se trata de abarcar dos proceso de dialogo y de negociación paralelas, uno donde el eje sea el conflicto institucional abierto en Cataluña, para solucionar cuanto antes esta situación de impasse y de incertidumbre, y otro donde el marco constitucional y territorial sea al centro del debate. Independientemente del modelo político que salga de dicho reajuste, el nuevo marco constitucional y territorial tendrá que dibujar un sistema de financiación coherente que garantice una financiación adecuada de los Servicios Públicos Fundamentales, un modelo territorial donde todos los territorios se sientan incluidos, un modelo político que responda a la realidad actual, y unos políticos a la altura del momento.