Luis Argüello, el que fuera portavoz de la Conferencia Episcopal Española y actual arzobispo de Valladolid, ha lanzado, en medio de la polémica del aborto en Castilla y León, una perorata en favor de los protocolos denominados provida que el gobierno de Castilla y León quería imponer a las mujeres que deciden abortar y que no es más que una coacción a la libertad personal por razones morales.

En realidad, la Iglesia católica en España ha estado, durante décadas, obstaculizando la legislación sobre el aborto libre y chantajeando a los gobiernos de tal o cual color político para que se imponga la moral católica en la legislación y lo mismo ocurrió con la legislación del divorcio, el matrimonio igualitario o la eutanasia. Que una entidad privada publicite su moral en tal o cual asunto es muy lícito, pero no lo es que, desde un privilegio institucional, utilice el chantaje al sistema político e incluso pretenda imponer, en las normas civiles, una moral privada en contra de las convecciones internacionales de derechos humanos suscritas por el Estado español. Lo paradójico es que todavía, en nuestro país, por ejemplo, el matrimonio católico y su nulidad tengan una eficacia directa sobre nuestro ordenamiento civil. Para las iglesias, en los países en que ya se han conquistado derechos civiles que favorecen la libertad sexual, es cada día más difícil justificar su doctrina homófoba y contraria la igualdad de las mujeres ya que la igualdad o la libertad sexual son consideradas, por la mayoría de la población, derechos fundamentales, incluso para la mayoría de los católicos; frente a ello las iglesias utilizan estratagemas para limitar los avances civiles en nombre de la libertad individual o incluso la libertad religiosa frente a lo que denominan la “ideología de género”, queriendo confundir lo que son derechos fundamentales de las personas con una “ideología” secularista perniciosa. En estos países, como el nuestro, altamente secularizados, las iglesias y no solo la católica, se alían con grupos políticos de extrema derecha y con una base de apoyo juvenil, adoctrinada en los colegios católicos, donde configuran una especie de bloque político electoral católico que reclama una superioridad moral frente al secularismo, utilizando para ello el aborto y la eutanasia ya que frente a la "cultura de la muerte", los católicos se presentan a sí mismos como una especie de mártires de la sociedad secularista, reclamando la “cultura de la vida” y de la familia y fanatizando a miles de jóvenes en, esta sí, ideología reaccionaria.

¿Pero cómo es posible que mediante nuestros impuestos tengamos que pagar el salario de los obispos y arzobispos como Argüello y también del resto del clero y se siga dando dinero a manos llenas para la red de colegios católicos los cuales adoctrinan moralmente, en contra de las leyes y convenciones internacionales, en nombre de una moral religiosa? ¿Por qué ningún partido o grupo parlamentario se ha atrevido a plantear enmiendas a los presupuestos generales del Estado para acabar con este privilegio de financiación del clero católico? Durante los mítines electorales todos los partidos políticos se dicen laicista e incluso los de la derecha se dicen no confesionales, pero, a la hora de la verdad, todos prodigan las relaciones con este clero católico; incluso las nuevas opciones que se pretenden regeneradoras en política buscan legitimarse en las sotanas como han demostrado los patéticos viajes de Yolanda Díaz o Bolaños al Papa de Roma, intentando ganar credibilidad y respetabilidad. Pero lo mismo pasó en Ciudadanos que, pese a ser un partido político que decía que iba a regenerar la vida política y que se decía laicista, en vez de fomentar las éticas seculares siguen empeñados en mezclarse con las éticas religiosas y parece que su cultura laica solo la aplican para Cataluña apelando, no a un discurso de inclusión, sí a uno de exclusión como es el discurso del nacionalismo españolista. Y todos los partidos, casi sin excepción, fomentan el asistencialismo caritativo y religioso y promueven figuras como la del Padre Ángel, como ejemplos para la sociedad; los cuales, por recibir dinero público a raudales, deberían estar sometidos más bien a un fuerte escrutinio de la agencia tributaria y de las fiscalías y no a esta promoción pública de sus muchos negocios. ¿Cómo es posible que en vez de exigir modernas reformas fiscales se siga potenciado y alabando la caridad católica? España debe ser de los pocos países del mundo donde la caridad católica se hace con dinero público.

Es curioso que este gobierno, pese a la promulgación de la ley de eutanasia, la ley de libertad sexual o la ley trans y la inclusión del aborto en la sanidad pública, haya sido el menos atacado por la jerarquía católica en todo el tiempo de la democracia ya que, incluso el PP, sufrió presiones fuertes para girar tal o cual ley a los deseos de la moral católica ¿A qué se debe esto? Se debe, sin duda, a un pacto establecido de no modificar para nada las relaciones Estado Iglesia en cuanto a su poder corporativo y los privilegios que tiene la Iglesia; ello también es así porque los tentáculos de las organizaciones religiosas son muy potentes y también penetran al interior de los partidos políticos. Para la Iglesia, y máxime en sociedades muy secularizadas, lo importante es tener un poder corporativo fuerte apoyado en privilegios y para ello no le importa sacrificar su moral ya que siempre tendrá hordas como Vox y miles de jóvenes fanatizados para llevar su discurso moral. Lo importante es mantener la red de colegios católicos, las universidades católicas, los negocios de la Iglesia en la asistencia social y en el mercado de la caridad o en los hospitales privados y en miles de inversiones que mantienen en todo tipo de empresas, incluidas las del IBEX y en el sector bancario de nuestro país, además de seguir constituyendo la moral principal de los que mandan en España y de los poderes fácticos del Estado y de la economía.

La sociedad política debe estar separada radicalmente de la Iglesia católica algo que, desgraciadamente, no ha quedó reflejado en la Constitución de 1978. Esa Constitución hay que cambiarla y adaptarla a los principios secularistas y laicistas ya establecidos en el siglo XIX. Exigir una reforma constitucional que separe la religión de la política y de la esfera pública es urgente en nuestro país y no puede ser que, a estas alturas, se diga en el artículo 16 que “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Toda una declaración confesional del Estado ya que, por el contrario, el Estado laico, es aquel que no tiene en cuenta, para legislar o para actuar, las morales privadas y debe ser neutral e indiferente a ellas y mucho menos obligar a sus poderes públicos a cooperar obligatoriamente con las iglesias. El Papa Francisco, refiriéndose al aborto, ha dicho en varias ocasiones que hay que considérarlo un homicidio mediante la contratación de un sicario. ¿Acaso los poderes públicos deberán tener en cuenta estas creencias para para legislar? ¿Acaso se deben seguir financiando las decenas de chiringuitos católicos provida que financian las comunidades autonómas?