VICENÇ NAVARRO

Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

Detrás de la crisis de la deuda pública de los países periféricos de la eurozona (Grecia, Portugal, España e Irlanda) está un hecho político: todos estos países fueron gobernados por dictaduras y/o gobiernos autoritarios de ultraderecha en la mayoría del periodo que va desde los años cuarenta hasta los años ochenta del siglo pasado. Ello determinó que, a pesar de los avances ocurridos desde entonces, tales países tengan todavía hoy estados pobres, con escasos recursos (como lo atestigua que los ingresos al Estado como porcentaje de su PIB estén muy por debajo del promedio de la Europa de los Quince, UE-15). En 2009, tal porcentaje fue del 34% para España, del 34% para Irlanda, del 37% para Grecia y del 34% para Portugal, porcentajes más bajos que el promedio de la UE-15 –el 44%– y mucho más bajos que Suecia (el país donde las izquierdas gobernaron por más tiempo durante el periodo citado), con un 54%.

Pero, además de pobres, estos estados eran altamente represivos, con una escasa sensibilidad social y muy poco redistributivos. Son los países que tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la UE-15 y el menor porcentaje de población adulta trabajando en su Estado del bienestar. En España, sólo un adulto de cada diez trabaja en sanidad, educación, servicios de ayuda domiciliaria a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales y otros servicios públicos del escasamente financiado Estado del bienestar. En Suecia, un adulto de cada cuatro trabaja en tales servicios. El gasto público social por habitante es en España el más bajo de la UE-15.

Es cierto que el enorme déficit de gasto público, incluido el social, que el Estado español heredó de la dictadura, se corrigió en parte durante los años ochenta y principios de los noventa hasta que llegó 1993, fecha en la que se tomaron las medidas encaminadas a integrar España en la eurozona. Entre ellas, la más importante fue la de reducir el déficit público del Estado (entonces un 6% del PIB), lo cual se consiguió mediante la reducción del gasto público (incluyendo el social), tal como está ocurriendo ahora.

En España, las reducciones del déficit del Estado siempre se han conseguido a base de disminuir el gasto público social en lugar de las subidas de impuestos. Y ello es consecuencia del enorme poder de lo que se llamaba antes burguesía, pequeña burguesía y rentas superiores de la clase media alta (que dominan la vida política y mediática del país). Su ideología, que se promueve en los medios de mayor difusión del país, es el neoliberalismo, que predica la bajada de impuestos y el aumento de la regresividad fiscal, así como la reducción del gasto público (incluido el social), como las medidas más eficaces para estimular el crecimiento económico. Estas políticas son responsables de la enorme polarización de las rentas con el consiguiente empobrecimiento y endeudamiento de las clases populares (las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas nacionales han ido descendiendo) y una obscena concentración de las rentas y de la riqueza que se invirtió en los sectores que producían mayores beneficios, que eran las actividades altamente especulativas del sector inmobiliario, liderado por la banca.

Esta situación fue incluso más acentuada con las bajadas de impuestos en los últimos 15 años que beneficiaron primordialmente a las rentas superiores, que depositaron sus nuevos ingresos en la banca, la cual prestó al Estado el dinero que necesitaba para cubrir el déficit resultado de la bajada de impuestos. Un círculo virtuoso para los

superricos y los ricos. Existe una alianza de las clases adineradas con la banca, la cual se beneficia del endeudamiento del Estado. Esta alianza está detrás de la crisis de la deuda pública. Los ricos en España, Grecia, Portugal e Irlanda no pagan los impuestos que pagan sus homólogos en la mayoría del centro y norte de la eurozona, forzando al Estado a endeudarse para el beneficio de la banca, tanto nacional como extranjera. El predecible estallido de la burbuja inmobiliaria creó una crisis de enormes proporciones. La excesiva dependencia de los ingresos del Estado español de las rentas del trabajo y del consumo, en lugar de las rentas del capital, explica que el déficit público del Estado se disparara, pasando de superávit a un 11% del PIB de déficit en tres años. Y, una vez más, la crisis y el déficit público se atribuyó (erróneamente) al excesivo gasto público (incluyendo el social), con los consecuentes recortes. Con ello se ha ido empeorando la situación económica, pues el estancamiento económico se debe a la escasa demanda, resultado del endeudamiento y la baja capacidad adquisitiva y no al excesivo gasto público. Con estas políticas de recortes, España está yendo hacia Grecia.

Lo que se requiere es una reforma fiscal que aumente los ingresos al Estado para crear empleo, puesto que el mayor problema que tiene España no es el déficit público, sino el elevado desempleo y el escaso crecimiento económico, consecuencia de la escasa demanda. Y el país tiene los recursos para ello. Lo que pasa es que el Estado no los recoge. Así, el PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, su gasto público social es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94%, el Estado tendría 66.000 millones de euros más para cubrir el déficit del Estado y el enorme déficit de gasto y empleo público social de España. Lo que ocurre es que el Estado en España (y en Grecia, Portugal e Irlanda) está excesivamente influenciado por la banca, la gran patronal y las rentas superiores, los mayores responsables, por cierto, del fraude fiscal, que en España alcanza la cifra de 88.000 millones de euros. El hecho de que el Estado prefiera recortar el Estado del bienestar en lugar de hacer la reforma fiscal que el país necesita se debe a lo que se llamaba antes “poder de clase” y ahora se llama (erróneamente) “poder de los mercados”.