Vamos a celebrar una subasta para regalar 550 millones

Iván Calvo y José Luis Velasco

Miembros del Observatorio Crítico de la Energía y colaboradores del Círculo Economía, Ecología, Energía de PODEMOS

@icalvo, @joseluisvelasc, @ocenergia

El título de este artículo hace referencia a la enésima reforma del sistema eléctrico llevada a cabo por el Gobierno. Y, por increíble que parezca, es un título fiel a la realidad. Lógicamente, el Gobierno expresa la reforma en términos diferentes a los nuestros.

Según lo publicado en la web de Red Eléctrica de España, lo que hace es poner en práctica “la Orden IET/2013/2013, que regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, introduce criterios técnicos relativos a la seguridad del sistema, y económicos, que logran un menor coste para el conjunto del sistema, y establece que el recurso interrumpible se asignará mediante un procedimiento de subastas gestionado por el Operador del Sistema”.

En general, los medios de comunicación han traducido a un lenguaje más accesible el entrecomillado y el contenido de la orden, y añadido algo de contexto. Sin embargo, la crudeza de la afirmación “vamos a celebrar una subasta para regalar 550 millones” se ha perdido por el camino. A continuación intentamos, precisamente, desnudar el asunto de detalles accesorios y exhibir la naturaleza del regalo.

¿Qué es el servicio de interrumpibilidad?

Si en un instante determinado la demanda de electricidad es superior a la potencia disponible en el país, puede producirse un apagón. El servicio de interrumpibilidad se idea para evitar estas situaciones. Se trata de que haya grandes consumidores (industria intensiva en electricidad) dispuestos a dejar de consumir momentáneamente si el gestor del sistema (en nuestro caso Red Eléctrica de España) lo requiere, y que cobren por ello. Así pues, el servicio de interrumpibilidad es, en principio, un mecanismo sensato en la gestión del sistema eléctrico.

El servicio de interrumpibilidad no se utiliza pero lo pagamos

En España hay una enorme sobrecapacidad de producción eléctrica como consecuencia de la burbuja de construcción de centrales de ciclo combinado en la década de los 2000. Con la llegada de la crisis y el descenso en el consumo de electricidad, esta sobrecapacidad no ha hecho más que acentuarse. No es nada sorprendente, por tanto, que el servicio de interrumpibilidad no se haya utilizado desde 2008.

Sería de esperar que hubiésemos pagado exactamente cero euros a la gran industria por el servicio de interrumpibilidad en ese periodo. Pero no es así: desde 2008 hemos pagado por este concepto algo más de 2.700 millones de euros. Una discusión de los posibles motivos de esta subvención encubierta a la gran industria puede encontrarse en este artículo que escribimos a principios de 2014.

Que nosotros sepamos, el Gobierno no se ha pronunciado acerca de lo curioso que resulta pagar cientos de millones al año a la gran industria por no hacer nada. Sin embargo, sí parece haber sentido preocupación por el aumento de un 50% en el coste del servicio entre 2012 y 2013 (¡recordemos que es un incremento del 50% en lo pagado por un servicio inexistente!) y, con esa excusa, ha decidido modificar el sistema de asignación del servicio. Nos anuncian que con el nuevo esquema en 2014 solo se pagarán 550 millones de euros frente a los 750 millones de euros de 2013. Quizá pretendan que veamos el lado positivo ya que, aunque es un pago a un puñado de empresas a cambio de nada, al menos esa nada nos va a costar 200 millones de euros menos que el año pasado.

La reforma del sistema de asignación

Hasta ahora, la cantidad que cada empresa recibía en concepto de interrumpibilidad la asignaba el Gobierno. A partir de ahora, las empresas deberán pujar a la baja por este servicio en subastas como las que se celebrarán entre el 17 y el 21 de noviembre. Se les preguntará, por ejemplo, "¿cuántos euros queréis recibir por estar dispuestos a parar, si es necesario, una máquina de una potencia de 5MW?". El que menor cantidad de euros pida, se llevará el dinero sin tener que parar dicha máquina. Así hasta repartir toda la potencia subastada. Basta con usar los datos y hacer un pequeño cálculo para comprobar que como máximo pueden repartirse 592,9 millones de euros; es decir, esta sería la cantidad que se llevarían en total las empresas participantes en la subasta si ninguna mejorase la oferta inicial [1].

Visto que el servicio de interrumpibilidad no se ha utilizado en años, el coste total en una subasta competitiva y a la baja debería ser mucho menor que aquella cantidad máxima. Que el Gobierno ya haya fijado un presupuesto de 550 millones de euros da una idea de lo que va a ocurrir. Se trata de un glorioso ejemplo de reforma lampedusiana: el objetivo antes y después de la reforma ha sido y es regalar cientos de millones de euros a un reducido número de empresas. La reforma ha modificado de arriba a abajo los mecanismos para hacer entrega del regalo, pero el regalo y sus receptores siempre han estado bien claros.

Lo que ocurre con el servicio de interrumpibilidad no es sino un ejemplo de libro de una forma de hacer política a la que, lamentablemente, ya estamos acostumbrados. Nuestros gobiernos han encontrado formas relativamente eficaces y sistemáticas de legislar a favor de intereses económicos privados (y perjudicar, por tanto, el interés público) por medio del recurso a la opacidad.

Y no nos referimos con ello, al menos no necesariamente, a la falta de publicidad u ocultamiento deliberado, sino a la complejidad técnica como estrategia: lo que en el fondo es una maniobra para desviar dinero público a unos pocos actores privados se envuelve con sofisticados argumentos económicos, dificultando su comprensión por la ciudadanía y haciendo el debate mucho más viscoso en los medios de comunicación. Es fundamental no dejarnos atrapar por tecnicismos espurios, rechazar la discusión en esos términos, denunciar que nos están expoliando, y hacer lo que esté en nuestras manos para cambiarlo.

[1] Se subastan 810 MW con un precio de salida de 0,26 M€/MW y 1.190 MW con un precio de salida de 0,35M€/MW. Esto da un coste máximo de 592,9 millones de euros.