Cerrando los CIEs: obstáculos y oportunidades

Júlia Trias Jurado y Andrés García Berrio

Miembros de Iridia-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) no solamente son cárceles racistas que violan sistemáticamente los derechos y la dignidad de las personas que son encerradas en ellas sino que además no tienen razón de ser. Desde su creación en 1985, los CIEs están destinados exclusivamente a procesar expulsiones del país a personas extranjeras en situación de irregularidad administrativa, es decir, que no tienen papeles. Se trata de privar de libertad a personas, almacenarlas, y esperar a ver si puede realizarse su deportación en base a criterios operativos. Sin embargo, según datos revelados recientemente por el Defensor del Pueblo, el Ministerio del Interior lleva años sin deportar a más de la mitad mitad de las personas que son encerradas en los CIEs. En el 2015 solo deportaron al 42% del total de personas que pasaron por los CIES y las deportaciones desde CIE representan el 27% del total de deportaciones. Estos datos nos lleva a una pregunta esencial: ¿para qué sirven realmente los CIEs entonces? Los CIEs son un mecanismo de represión hacia las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad socio-económica que opera no sólo contra aquellas que son internadas sino contra un número mucho mayor de personas, aquellas que potencialmente podrían ser encerradas. Se han producido muertes dentro de los CIEs y se han interpuesto numerosas denuncias por malos tratos, incomunicación e indefensión legal de los internos. Una de sus armas más poderosas ha sido la opacidad ante la ciudadanía y las organizaciones sociales. Sin embargo, en las últimas semanas dicha opacidad se ha vuelto a romper y los CIEs han entrado en el debate público con una fuerza inusitada.

El Ministerio de Interior volvía a abrir el CIE de Barcelona, tras llevar 8 meses cerrado por obras, el mismo día que el Ayuntamiento de Barcelona emitía una orden de cese de actividades debido a una falta de licencia e incumplimiento de la normativa de seguridad. Este hecho ha abierto un fuerte conflicto entre el Gobierno central y el Ayuntamiento barcelonés, ya latente desde el año pasado, durante el cual tanto el Parlament catalán como el Ayuntamiento reclamaron el cierre del centro, sólo con los votos en contra del PP y de Ciudadanos. Después de la apertura del CIE de Barcelona con un solo interno en él, el Ayuntamiento anunció su intención de precintar el recinto en el caso de comprobar que la actividad ha sido reanudada y evacuar a los internos que pudieran haber. Desde entonces, el primer intento por parte del Ayuntamiento de Barcelona de inspeccionar el centro ha sido impedido por la Policía Nacional y el segundo por el juzgado de guardia alegando “serias dudas sobre la competencia del ayuntamiento para ordenar el cierre del CIE”.

Desde diferentes organizaciones sociales el cierre temporal del CIE se vio como una oportunidad para perseverar en el proceso de sensibilización y movilización para llegar al objetivo final, el cierre definitivo de los CIEs en el Estado Español. A pesar de que pueda parecer que la oportunidad se ha perdido puesto que por el momento el CIE vuelve a estar abierto, esta coyuntura nos da aún más alas para seguir luchando. Con el trabajo colectivo de muchos años hemos conseguido que los CIEs estén en el centro de la agenda política y mediática. Más importante, el debate sobre los CIEs ha tenido un efecto contagio empoderador: Valencia, Madrid y Gran Canaria han vuelto a poner en cuestión los CIEs y la anomalía democrática que estos presentan. Cada vez somos más los que denunciamos la existencia de los CIEs como mecanismo represivo y opresor que debe ser eliminado de una vez por todas.

El segundo aspecto positivo que se abre fruto de la problematización de los CIEs es el cambio de discurso de las instituciones y de los partidos políticos. Dejando a parte la visualización del conflicto por parte de los medios, más centrado en el conflicto entre instituciones que en el tema central, la vulneración de los derechos humanos, los propios actores involucrados en el conflicto han experimentado un cambio profundo en su discurso. A pesar de que la situación del CIE de Madrid es distinta de la de Barcelona, desde Ayuntamiento de Madrid se denunciaba el internamiento como ‘un castigo’ y anunciaba que su objetivo era ‘acabar con la estigmatización’. Ribó, alcalde de Valencia ha manifestado la intención de acabar con ‘detenciones de carácter racial’. Asimismo, el Conseller de Justicia de Cataluña exigió en una cumbre sin precedentes organizada por el consistorio barcelonés que los CIES no tienen razón de ser y que deberían cerrarse inmediatamente. Es gratificante ver que el discurso de las organizaciones sociales ha sido asumido también por instituciones que hace poco tiempo se encontraban muy lejos de asumir dichas posiciones. Y lo que más mérito tiene es que se esté produciendo en un contexto de auge de la xenofobia en muchos lugares de Europa.

En tercer lugar, más allá del cierre del CIE, se abre una oportunidad para que este debate se convierta en la punta de lanza para poner bajo el foco la Ley de Extranjería. La Ley de Extranjería además de anacrónica es una legislación profundamente vulneradora de derechos. Esta ley se configura desde un paradigma de represión y de exclusión, diametralmente opuesto a una garantía de derechos para las personas que lleguen al Estado Español. En su configuración se pueden adivinar restos de potencia colonial, donde los derechos humanos sólo van de la mano con el concepto de ‘ciudadanía’; si no eres ciudadano, no tienes derechos. Es necesario que el debate de los CIEs y el movimiento de apoyo a las personas refugiadas nos lleve a abordar con fuerza una reforma de la ley de extranjería que nos permita comenzar un cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las migraciones. Es necesario explorar qué grietas se abren ante al actual configuración parlamentaria estatal para abordar al menos algunas emergencias a la que al cierre de los CIEs, se sumaría el restablecimiento de la legalidad en la frontera sur, y la flexibilización de los mecanismos para la regularización de las personas, poniendo especial enfásis en la situación de aquellas que llevan muchos años viviendo en el Estado. Permitir el acceso a la regularización con contrato a los pocos meses de vivir aquí y disgregar el acceso por arraigo social a la necesidad de tener un contrato de trabajo podrian suponer alguno de los primeros pasos. Todo ello, dicho sea de paso, lo decimos desde el análisis de las posibilidades que nos da la actual composición parlamentaria.

Las ciudades, en el ejercicio de una práctica tan buena como el “mandar obedeciendo”, se han probado como nuevos actores clave para ampliar la brecha ya abierta por el trabajo de muchos años de tantas organizaciones sociales luchando por los derechos humanos de la población migrante y migrada. El trabajo ahora es pensar como seguir acumulando fuerzas en la misma dirección y lograr que los CIEs sean vistos como una mancha negra de nuestra historia pasada.

Nuestra estrategia va a seguir siendo la misma: saber que se puede, unir fuerzas y sumar esfuerzos entre todas, pues todas somos necesarias. El impulso creado con el trabajo de tantos años está dando sus frutos y el cierre del CIE parece más cerca que nunca.