José Luis Velasco e Iván Calvo

Miembros del Observatorio Crítico de la Energía y colaboradores en el Círculo Economía, Ecología, Energía de Podemos

Anunciamos hace un par de meses que íbamos a celebrar una subasta para regalar 550 millones de euros, y el pronóstico se ha cumplido con notable precisión: el servicio de interrumpibilidad va a costar 505 millones de euros a los consumidores de electricidad, en lugar de prácticamente cero, que es lo que vale. Nos gustaría poder dedicar este artículo a felicitarnos por nuestra capacidad de predecir el futuro, pero no lo haremos, por dos motivos.

Primero, porque cualquier persona mínimamente informada sobre el sistema eléctrico español podía haber hecho esta predicción; eso ya es de por sí escandalosamente significativo y bastante enfurecedor. Y segundo, porque los detalles definitivos de esta historia, que incluye chantajes a trabajadores de la industria e informes secretos elaborados por organismos públicos, superan incluso el nivel de escándalo al que estamos desgraciadamente acostumbrados. Veamos pues en este artículo qué ha ocurrido desde que escribimos el anterior y qué podemos y debemos hacer para evitar que vuelva a pasar.

En breve, el servicio de interrumpibilidad es un mecanismo sensato para evitar apagones. En caso de que la demanda de potencia eléctrica vaya a ser superior a la potencia disponible, el gestor de la red (Red Eléctrica de España) puede solicitar a algunas grandes industrias que dejen de consumir temporalmente y se les compensa económicamente por ello (primero por declararse de antemano dispuestas y, si se da el caso, por dejar de consumir). En nuestro mencionado artículo explicamos cómo, a pesar de ser razonable en su origen (aunque no debiera ser inimaginable que este servicio fuera algo que el Estado exigiera sin contraprestación), el servicio de interrumpibilidad se usa actualmente como subvención encubierta a la gran industria que opera en España. Esta afirmación no contiene ni un ápice de exageración: hace años que el servicio de interrumpibilidad no se utiliza en la península, debido al sobredimensionamiento de nuestro sistema de generación eléctrica; sin embargo, pagamos por él cientos de millones de euros anualmente.

También explicamos que a partir de 2015 el Gobierno iba a modificar el modo de otorgar tal subvención. La adjudicación de la interrumpibilidad se hará mediante una subasta a la baja. Los actores que pujan son empresas intensivas en el uso de electricidad y aquellas que ofrezcan el precio más bajo por el servicio (un servicio que, recordemos, ¡no van a tener que prestar!) se llevan la adjudicación. La primera de las subastas para adjudicar la interrumpibilidad de 2015 se celebró en la segunda mitad de noviembre de 2014, y nuestro artículo se publicó unos días antes. En él vaticinábamos que el objetivo del Gobierno era dar una subvención de 550 millones de euros a la gran industria. El resultado de la subasta quedó claramente por debajo de esta cifra, y "solo" nos comprometimos a pagar 350 millones de euros a cambio de un servicio que no vale nada.

Sin embargo, el Gobierno no permitió que nuestra predicción fuese tan inexacta, y los acontecimientos no terminaron ahí. Una empresa, Alcoa, quedó muy descontenta con el resultado y exigió recibir más dinero. Para ello, amenazó al Gobierno con cierres si este no se plegaba a sus exigencias. Para escenificar su reto, inició rápidamente los trámites para despedir a unos 800 trabajadores en dos de sus plantas: “La falta de servicios de interrumpibilidad, junto a una tecnología menos eficiente y una menor capacidad productiva, hacen que las fábricas de Avilés y La Coruña no puedan producir aluminio a un precio competitivo”, dijo.

Si la historia hasta este momento ya era vergonzosa, a partir de entonces adquiere tintes verdaderamente bochornosos. El ministro de Industria anunció enseguida que habría una segunda subasta. Ni el ministro ni las noticias de la prensa de esos días se molestaron en ocultar que el objetivo era subvencionar a Alcoa hasta satisfacerla. Pero, a la vez, hacía falta justificar formalmente la subasta. Así, Red Eléctrica de España se prestó a hacer el papelón de "descubrir" que las necesidades de interrumpibilidad son más altas de lo inicialmente previsto, de modo que una segunda subasta era requerida por motivos "técnicos". Al menos, es lo que uno deduce de leer el BOE, ya que el informe de Red Eléctrica Española es secreto. El resultado de la segunda subasta fue tal que Alcoa consiguió un total de 142 millones de euros en interrumpibilidad para 2015. Que la segunda subasta fue un traje hecho a medida de esta empresa no lo puede dudar nadie.

Es posiblemente cierto que para Alcoa, que en España tiene una facturación del orden 1.000 millones de euros anuales, recibir o no 142 millones de euros en concepto de interrumpibilidad es decisivo para su competitividad. No obstante, también lo es que, según los números que hace el periódico Expansión, gracias a la subvención que se ha asegurado recibir, Alcoa pasará de pagar la electricidad a unos 60 €/MWh a pagarla a unos 33 €/MWh, más barata que la industria de países vecinos y unas cinco veces menos que el cliente doméstico.

La causa de que, en ausencia de subvenciones encubiertas, la electricidad para la gran industria resulte significativamente más cara que la media europea radica en una serie de políticas destinadas a socializar las pérdidas de las compañías eléctricas (las subvenciones a las centrales de gas sin apenas funcionamiento, por ejemplo) y garantizarles ingentes beneficios (el doble que las eléctricas europeas).

Ya escribimos hace un año que la reacción de la gran industria ante esta situación, en vez de consistir en alinearse con los ciudadanos para presionar por un cambio real en el sistema eléctrico, había sido la de perpetuarlo a la vez que se aseguraba electricidad barata a costa de los consumidores particulares. Hoy lo vemos con más crudeza que nunca. Y los trabajadores de Alcoa, cuya respuesta fue una intensa campaña de movilizaciones con hermosas muestras de solidaridad entre trabajadores, lo tuvieron claro: "Les hemos dicho claramente que si querían utilizarnos como moneda de cambio para pedir una buena subasta, lo único que han conseguido es que giremos y que nuestros enemigos sean ellos porque son quienes nos despiden”.

Nos alegramos enormemente de que los trabajadores de Alcoa hayan conseguido mantener sus puestos de trabajo. Pero, pasado lo urgente, hemos de ponernos a trabajar en lo esencial. No podemos permitirnos volver a estar, dentro de un año, en la misma situación. Si no hacemos nada, es fácil prever qué ocurrirá a finales de 2015: la gran industria tendrá de nuevo excusa para exigir cientos de millones de euros de subvención, y para amenazar con despidos si no se le conceden. Si no hacemos nada, el oligopolio eléctrico seguirá siendo un año más un lastre para el bienestar ciudadano y la actividad económica. Es necesario atacar la raíz del problema mediante una profunda reforma del sector eléctrico.