Este 2020 será brutal en Chile. La crisis de legitimidad de la clase política tiene al gobierno del presidente Sebastián Piñera con una aprobación del 6% y una desaprobación del 82%. Desde la existencia de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), una vez recuperada la democracia en 1990, no se presentaban números tan negativos para un gobierno. Se trata de una radiografía que da cuenta del peor momento en la confianza que la ciudadanía tiene en la élite emergida de las brasas de la dictadura de Pinochet.

Pero esta historia es mas vieja. La confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas viene en caída libre desde hace décadas. Apenas recuperada la democracia las encuestas mostraban un brusco descenso en la confianza que los chilenos tenían en todo lo que oliera a política. Preocupante situación si consideramos que la vida en sociedad está construida sobre la base de un Estado que si no cuenta con instituciones sólidas se ahueca y deja de tener sentido para la ciudadanía. La expoliación neoliberal de los años ochenta en Chile, de hecho, ahuecó el Estado convirtiéndolo en mero espectador del mercado. Ámbitos tan sensibles como la salud, la educación, las pensiones, el transporte público, etcétera, fueron entregados a privados que hicieron sus fortunas sobre la base de la explotación del pueblo chileno. En la aplicación de la violencia policial, sin embargo, el Estado se fortaleció. Una trágica paradoja; importa menos el bienestar que mantener la “paz social” que tanto invocan los poderosos.

Como señalan algunos intelectuales orgánicos, la función más elemental del Estado es garantizar el orden social mediante la coacción. Sin este orden, señalan ellos, la vida en sociedad se hace imposible. Es cierta a medias esta tesis. El monopolio de la fuerza es sólo garantía de estabilidad en contextos donde un mínimo de justicia social se encuentra garantizado. Al contrario, en situaciones donde la desigualdad ha pervertido la vida en sociedad, donde como señala Thomas Piketty, la riqueza de un grupo social deja de tener explicaciones mínimamente razonables, el “legítimo” monopolio de la fuerza por parte del Estado no es suficiente para conseguir estabilidad. En ese momento concurre la revolución social y el antiguo edificio comienza a desmoronarse.

No resulta sorprende, en la situación chilena, que la confianza esté tan deteriorada y que un escenario de total incertidumbre se haya apoderado del futuro inmediato. Ante este magro escenario se abre incluso la pregunta de si el presidente Sebastián Piñera debiera dimitir a su cargo. Si bien es necesario considerar las encuestas solo como un insumo para la gestión política, es cierto que este clamor se escucha de manera intensa en las calles. En las manifestaciones que se mantienen activas, en los conciertos masivos, en los estadios de fútbol y en la conversación cotidiana, la idea de que el presidente debe renunciar ha ido tomando una fuerza extremadamente peligrosa. Nunca se había tenido esta convicción y con dos años de mandato por delante, la gobernabilidad que la derecha ofrece al país es de una precariedad que augura tiempos difíciles. En los estadios, las barras bravas, enemigas irreconciliables, entonan juntas el grito: ¡Piñera, asesino igual que Pinochet! Esto nunca se había visto en Chile. El palacio de gobierno debiera poner atención a estos síntomas, sin embargo, prefiere concentrar sus esfuerzos en mantener su padrón de votos con miras a las elecciones futuras.

La derecha y centro derecha se han aglutinado sobre la necesidad de restauración del orden perdido. Junto con sus intelectuales están llevando adelante una agenda de seguridad que los “erotiza” y les infunde algo de optimismo. Estaban derrotados en octubre, pero hoy creen tener el control. Son solo pedos en medio de una tormenta. La realidad es que marzo y abril podrían ser una tormenta perfecta en la cual zozobremos por un largo tiempo.

La miopía de la derecha es tan grande, que aún con su palabra empeñada en apoyar una nueva Constitución, derogando de este modo la Constitución de Pinochet (demanda emergida de la crisis social), hoy se han “dado vuelta la chaqueta” y han anunciado que no apoyarán el cambio de carta magna. Una vergüenza que les costará caro pues no han caído en cuenta que la constitución ya murió.

Como puede verse, la clase política sigue sin estar a la altura de los desafíos que impone el contexto. Se esfuerzan en mantener sus garantías y privilegios. Si para la ciudadanía la clase política es el problema lo que necesitamos es que den un paso al costado y que sea la ciudadanía, elegida mediante mecanismos democráticos, la que construya desde cero una nueva Constitución. Sin eso, como mínimo, estamos caminando peligrosamente en el borde del filo de una navaja.