PABLO SAPAG M.

Chile celebra estos días el bicentenario del comienzo de su independencia de España. No lo hace, sin embargo, como lo había previsto la élite que lo gobierna desde hace dos siglos. Ese homogéneo y compacto grupo avistaba una fiesta de consumo interno con la que apuntalar una unidad nacional siempre precaria y amenazada por desigualdades económicas y sociales que se alimentan de otras aún más complejas y permanentes: las raciales y culturales. Lejos mucho tiempo del interés de una prensa internacional que lo ha convertido en alumno aventajado de un neoliberalismo sin anestesia que se sostiene en la espiral del silencio, el bicentenario sorprende a Chile, sin embargo, convertido en estrella mediática de América Latina. Una región en la que este año se suceden conmemoraciones similares.

La efeméride chilena, no obstante, disputa ya a un México en horas muy bajas el escaso interés histórico de la prensa internacional. La misma que tardó dos semanas en informar suficientemente de la tragedia de los 33 mineros sepultados a 700 metros de profundidad en una mina chilena. Sólo la noticia de que estaban vivos, difundida al mundo por un presidente Sebastián Piñera, que asumió el riesgo político de implicarse personalmente en su búsqueda, hizo que Chile y sus mineros dieran la vuelta al mundo. Momento de gloria para un Piñera tan poco conocido en el mundo como su propio país. El problema es que el rescate llevará semanas, si no meses, lo que lejos de desinflar el interés mediático lo alimenta, de ahí un despliegue informativo internacional que no tenía a Chile como protagonista desde los tiempos del dictador Pinochet. Así, lo que prometía ser una muy periodística y rápida historia humana con final feliz para todos, obliga a buscar otros enfoques noticiosos de mayor profundidad, pero también más incómodos.

Emergen entonces otras realidades de una sociedad en la que el 15% de población blanca y culturalmente europea gobierna a una mayoría compuesta por un 70% de mestizos y un 10% de indígenas. La tragedia de la mina ha puesto negro sobre blanco esos perfiles y roles. La inmensa mayoría de los atrapados son mestizos, lo delatan su aspecto físico y su nombre. Los que desde de arriba organizan su rescate después de hacer la vista gorda ante las precarias medidas de seguridad de la mina son, casi sin excepción, todos blancos y de apellidos tan centroeuropeos como los de los dueños del yacimiento. A partir de esos datos tan básicos, en Chile, uno de los países más de-

siguales del mundo según su índice Gini, es casi imposible equivocarse a la hora de caracterizar social y económicamente a la población. Por algo menos de 700 euros, en un país en el que casi todo cuesta igual o más que en España, los 33 mineros se la jugaban cada día en una mina insegura de la que sus dueños obtenían millonarias ganancias. Esa pobreza y desigualdad explican que un ex futbolista profesional que fue compañero de Iván Zamorano en un equipo de la primera división chilena haya bajado a la mina. Franklin Lobos lo hacía para pagar los estudios universitarios de sus dos hijos en un país que, en relación a los sueldos, está considerado entre los más caros del mundo en ese y en otros rubros. Entre otras cosas, porque un Estado mínimo –que es el resultado de un sistema tributario escasamente progresivo– apenas subsidia nada.

La prolongación del encierro en la mina también ha permitido a la prensa internacional descubrir que desde un mes antes del

derrumbe un número casi igual de presos mapuche mantenían una huelga de hambre. El traslado al hospital de varios de ellos ha terminado por desinflar la euforia tras el hallazgo con vida de los 33 mineros a los que se ha querido convertir en símbolo del bicentenario y del Chile recién admitido en la OCDE por sus “envidiables índices macroeconómicos”.

El llamado conflicto mapuche es tan largo como el propio Chile, histórica y geográficamente hablando. La “gente de la tierra” reclama precisamente eso, la devolución de una mínima parte de las tierras que les fueron expropiadas por un Estado de Chile que no se conformó con lo heredado de la Corona española. También reclaman el reconocimiento étnico a un Estado que se ha esforzado como pocos en América Latina por homogeneizar a la población desconociendo la realidad demográfica y cultural de un país donde se llama “pueblos originarios” a los mapuche y otros indígenas, paradójico reconocimiento semántico de que otros no lo son, aunque mandan y mucho.

La élite no oculta su preocupación. Varios de sus miembros, sean de Gobierno o de oposición, racial y culturalmente homogéneos, aseguran que la muerte de uno de esos mapuche procesados en su día por la Ley Antiterrorista en vigor desde la época de Pinochet daría al traste con los fastos del bicentenario. Peor aún, “dañaría la imagen internacional de Chile”. Es lo que realmente espanta a una clase dirigente que hasta que aparecieron con vida unos mineros que apenas habrían sido un breve en cualquier periódico “de clase mundial” contaba con un silencio cómplice justificado por intereses empresariales o por un sistema mediático que discursiva y económicamente busca al menos una historia de éxito por continente –Suráfrica, por ejemplo–. Esta vez la gran mayoría de chilenos mestizos e indígenas –muchos de ellos inconscientes de su condición– son los auténticos protagonistas, dejando al descubierto un modelo contradictorio y poniendo en entredicho la imagen proyectada al exterior de un Chile sólo a la medida de su excluyente y todopoderosa élite.

Pablo Sapag M. es Profesor de Historia de la Comunicación Social e investigador en la UCM

Ilustración de Federico Yankelevich