Un ciclo electoral inédito: ¿constituyente o contra-constituyente?

La concurrencia de Elecciones Generales, Europeas, Municipales y Autonómicas en trece Comunidades Autónomas y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla hace del presente ciclo electoral de Abril y Mayo un acontecimiento excepcional; que este proceso tenga lugar en un escenario de obsolescencia del bipartidismo y de marcada convulsión en la correlación de fuerzas progresistas y reaccionarias, con divergencias sustanciales en el doble ámbito social y territorial, le concede un carácter cuasi-constituyente para el futuro político del Estado español y, por tanto, de singular significación histórica.

Estas divergencias sustanciales, no resueltas en el marco constitucional del 78 y que subyacen al conjunto de programas y promesas electorales, se sitúan en dos planos culturales, difícilmente conciliables, por no decir incompatibles, que van más allá del tradicional eje metafórico “derecha-izquierda”, donde la virtud se ubica en un centro inexistente, salvo como bisagra absolutoria del statu quo, y el sesgo tendencioso en los extremos: por un lado, el plano de la cultura progresista, que entiende la dignidad humana y el bien común, incluyendo los derechos nacionales internos, como valores constituyentes del Estado y las políticas públicas y, por otro, el plano conservador, tanto en versión integrista como liberal, que atribuye al Estado la función contra-constituyente de protector jurídico-político del mercado, es decir, de los oligopolios que lo dominan y gestionan, y del unionismo territorial.

De este antagonismo deriva la pugna que define el trayecto que ha conducido a la situación política actual, entre el ímpetu constituyente, presente en el proceso de movimientos reivindicativos de la ciudadanía, abierto, en Mayo de 2011, por el movimiento 15M, y la reacción contra-constituyente tutelada por el establishment articulado en torno a los entramados de poder del Régimen del 78. En este contexto, la importancia de las próximas elecciones radica en el grado de representatividad política que puedan alcanzar ambas posiciones, con sus múltiples variables y matices, y en el rumbo político que pueda derivarse del mismo. Una cuestión de democracia, ni más ni menos.

El sustrato de esta situación política está en el proceso de involución/degradación democrática vivida en los últimos años, fruto de la usurpación de la soberanía popular por reconversión del Estado democrático en Estado neoliberal, garante del modelo económico de acumulación de capital por confiscación de bienes comunes y apropiación empresarial de las condiciones de trabajo, y por reafirmación del Estado unitario y recentralizador, armado con la potestad de intervenir, utlizando el “gobierno de los jueces”, las autonomías.

Dicha usurpación democrática por reconstrucción del Estado:

• Fue sancionada, “sin complejos”, en la etapa de gobierno del Partido Popular, con José María Aznar al frente, donde la cofradía financiera gozó de carta blanca para forrarse a costa de sobreendeudar con créditos hipotecarios a la población, dando lugar a la “burbuja inmobiliaria” cuyo desplome en 2008, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, generó la recesión económica.

• Se hizo visible en los planes de austeridad implementados en Mayo de 2011 por el Gobierno presidido por Zapatero, en su segunda legislatura, y en la modificación en Agosto del mismo año, por la puerta de atrás, del artículo 135 de la Constitución española, fruto del acuerdo Zapatero/Rajoy, que concedió prioridad al pago de la deuda pública, objeto de especulación en los mercados financieros privados, sobre la financiación de las necesidades sociales.

• Se evidenció de manera descarnada en el programa, descaradamente antisocial y recentralizador, impuesto, siguiendo el guión de la etapa de gobierno de Jose María Aznar, por el Gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, que, en el terreno económico, utilizó el pretexto de la crisis para reforzar las rentas y los privilegios del gran capital castigando a la ciudadanía, ya de por sí damnificada por la crisis, con privatizaciones, recortes sociales y precarización de las condiciones de vida y trabajo, y, en el ámbito territorial, convirtió el Tribunal Constitucional y una parte sustancial del poder judicial en una prolongación del poder ejecutivo, con el objetivo de descabezar el procés catalán y neutralizar en el resto del Estado toda veleidad soberanista.

Es esta usurpación democrática, por uso y abuso de las instituciones públicas en beneficio de poderes oligopólicos, ensamblados en el país en torno al Estado unitario y siempre en disposición a la ofensiva en defensa de sus intereses corporativos, la que está en la base de la incapacidad del modelo político descrito para afrontar los grandes desafíos de futuro: las desigualdades sociales y de género, el cambio climático, los desajustes territoriales, la subordinación del tejido productivo a los dictámenes de las altas finanzas y los propios déficits democráticos.

En este sustrato de degradación democrática se inscriben los distintos movimientos ciudadanos que han jalonado la historia social de la presente década, algunos de profundo calado socio-político, como el 15M, en defensa de una democracia real, el soberanista catalán, en demanda del derecho a decidir sobre la autodeterminación, y el feminista en favor de la igualdad de género, y otros, no por menos masivos menos relevantes, como los organizados en defensa de la sostenibilidad medioambiental, la sanidad, la educación y la dignidad de las pensiones públicas, la amnistía social, la laicidad del Estado, la recuperación de la memoria histórica, la dignidad de los colectivos vulnerables, la Renta Básica, los derechos de los animales o la República. Todos ellos, diversos en su origen y desarrollo, convergen en el denominador común de plantear una impugnación social del marco político nacido de la Transición española y proponer, de forma explícita o implícita, un nuevo consenso político construido en torno al Bien Común y el derecho a la democracia. Es el reto político constituyente de las fuerzas progresistas.

Frente a este conjunto de impulsos constituyentes, la reacción contra-constituyente del establishment se ha materializado en cuatro “frentes”, político, judicial, mediático y policial:

• En el frente político, mediante el “empujón”, a golpe de talonario, de Ciudadanos, a fin de neutralizar, el inicial éxito popular de Podemos y sus respectivas confluencias y el procès soberanista catalán; con el lanzamiento mediático de Vox, políticamente rentable en la medida en el espantajo del fascismo puede provocar la resurrección del “voto útil”, que tan buen resultado dio tras el pronunciamiento militar del 23F; y con la resultante conformación del consenso reaccionario en torno al “trifachito”, Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

• En el frente judicial, por medio del uso político de las prerrogativas judiciales para perseguir la “disidencia” enfrentada al peso muerto de los privilegios adquiridos en el estado actual de los derechos individuales y colectivos.

• En el frente mediático, con el recurso cavernario al bombardeo ideológico de la población, a base de tergiversaciones, manipulaciones y falsedades, con el fin de cercenar toda opción política de cambio progresista real desacreditando a sus dirigentes, todo ello en contra del derecho ciudadano a la información veraz, el necesario complemento enriquecedor de la libertad de prensa

• En el frente policial, recurriendo, de manera abiertamente ilegal, por encima de los propios principios constitucionales, a la mafia policial de las cloacas del Estado, para hundir a los adversarios políticos.

En conclusión:

El marco del presente ciclo electoral se caracteriza, más que por la confrontación entre los distintos partidos políticos, por la pulsión entre un ímpetu constituyente, presente en movimientos populares y fuerzas políticas progresistas, no armonizado, por plural y variado, en las oportunas confluencias, y el “reaccionarismo” contraconstituyente, que tiene en el “trifachito” a sus valedores políticos naturales. De esta pugna se derivan dos modos de entender el consenso político: el constituyente, articulado en torno al Bien Común, que por sí mismo contiene el desarrollo de una democracia avanzada, avalada en la propia Constitución española, y el contra-constituyente, políticamente agotado, donde la democracia se invoca en teoría, con argumentos como el “imperio de la ley” (la ley del fuerte) o la unidad de España (el Estado unitario) y se mancilla en la práctica. Es el trasfondo de una crisis de representatividad política que, a día de hoy, continúa sin ser resuelta y que aboca a una sucesión de convocatorias electorales que deje sin solución esta cuestión de fondo.

¿Por qué no eliminar el trecho que va del dicho al hecho? ¿Qué problema hay?

PD1:- La existencia de un espacio político en disputa, con sus reglas de juego y la concurrencia de distintas fuerzas, no significa la existencia de coordinaciones maléficas en torno a una mano negra. No confundir.

PD2.- Luego, a nivel personal, hay de todo, faltaría más. Ésto es un análisis político.

En última instancia, de la ciudadanía es el voto.