Jacopo Rosatelli

Doctor en Políticas por la Universidad de Turín y profesor de Estudios Italianos en la Autónoma de Madrid

El gobierno italiano de Mario Monti ha cumplido ya sus cien días, tiempo que tradicionalmente se concede a un ejecutivo antes de llevar a cabo un primer balance de su gestión. El actual gabinete “técnico” sustituyó a mediados de noviembre al de Silvio Berlusconi y no cabe duda de que desde entonces se aplica con esmero en hacer los deberes mandados por Merkozy y el BCE. A pesar del contenido neoliberal de sus medidas, hay que registrar que la labor de Monti goza del apoyo de amplios sectores de los medios de izquierdas – valga como prueba los editoriales del reputado diario la Repubblica. Buena parte de la Italia progresista se limita a ver en Monti la encarnación del fin del berlusconismo, una pesadilla que ha durado casi veinte años. La huella de la humillación sufrida es tan profunda que en cierto modo no es difícil entender que lo único importante pueda ser no estar gobernados por impresentables como Berlusconi.

La distinción entre izquierda y derecha parece ir perdiendo importancia, viéndose reemplazada por aquella entre lo honesto y lo deshonesto. Y entre capacidad “técnica” e incompetencia. Hay que dejar claro que, como es obvio, honradez y competencia son valores que habría que exigir a cualquier administrador público. El Gobierno de Monti cumple esos dos requisitos y respeta la separación de poderes y las libertades formales: como buenos liberales, los ministros “técnicos” están siendo impecables en el cuidar el estado de derecho. No es poca cosa, en el país que en su día parió el fascismo y que a cincuenta años de su caída volvió a generar un experimento semi-autoritario de tinte post-moderno. La importancia del respeto de las libertades fundamentales y de las “reglas del juego” no se puede infravalorar, como enseñó Norberto Bobbio: una democracia no liberal es una democracia aparente. El mismo Bobbio, sin embargo, nunca olvidaba subrayar la necesidad de que se vean reconocidos también los derechos sociales, que son justamente los perjudicados por las políticas de austeridad de los tecnócratas.

La broma (de humor más bien negro) de Monti a cerca de lo aburrido que resulta un puesto de trabajo fijo anuncia lo que está por venir en materia de reforma laboral. El ejecutivo tiene la intención declarada de acabar con el derecho a ser reintegrado en la empresa en el caso de despido improcedente, según lo previsto por las normas actuales. Poco importa la opinión de los sindicatos : la reforma se hará con o sin su consenso. Siguiendo el nuevo estilo español. Entre las medidas ya tomadas, destaca el brutal aumento de la edad de jubilación, que tiene como consecuencia que personas a punto de jubilarse tengan que trabajar hasta 4 años más. Y los que tienen la suerte de gozar ya de una pensión no podrán verla adecuarse a la inflación si cobran más de 1400 euros brutos.

Monti y sus ministros consideran todo ello como medidas llevadas a cabo en nombre de la equidad, del mismo modo que privatizan empresas públicas o liberalizan los horarios de los comercios en nombre del crecimiento económico. Crecimiento económico que, según ellos, se ve frenado por demasiadas trabas derivadas del poder sindical. La realidad, sin embargo, es otra. Desgraciadamente, el único verdadero poder es el patronal: el supermanager del grupo FIAT, Sergio Marchionne, está consiguiendo echar de la fábrica de Pomigliano a todos los obreros inscritos al principal sindicato del metal, la FIOM-CGIL. Un escándalo mayúsculo frente al cual el Gobierno no mueve un dedo. La misma pasividad que se registra a la hora de modificar las leyes de Berlusconi en materia de educación, que están degradando la escuela y la universidad pública.

Una porción considerable de la opinión pública anti-berlusconiana parece ignorar las consecuencias dañinas de este tipo de políticas, como si después de la “liberación” del pasado noviembre fuese el turno de la desmovilización y la merecida tranquilidad. La explicación de esta visión sesgada reside, en gran parte, en la falta de una alternativa progresista creíble a Monti. Y es que de la izquierda se podría decir lo que afirmaba Maquiavelo sobre la Italia de principios del siglo XVI: “más dividida que los atenienses, sin amo y sin orden”. El estado de confusión del Partito Democratico, principal fuerza del centro-izquierda, es impresionante: una parte apoya al Gobierno por convicción, mientas otra lo hace sólo “por sentido de la responsabilidad”, de manera que el partido vive en una continua riña entre quienes alaban cualquier gesto de Monti y los que conservan algo de sentido crítico. Además ambas corrientes no escatiman esfuerzos a la hora de escenifican a diario su desencuentro. El resultado es la inexistencia de un relato alternativo que ponga de manifiesto que los tecnócratas no gobiernan con la misión de defender el estado del bienestar y los derechos sociales. Todo lo contrario.

Pero no debemos equivocarnos: la ausencia de alternativa a Monti no depende de una carencia de potenciales seguidores en el seno de la ciudadanía. En los meses pasados han sido muchos los episodios esperanzadores, como el éxito de los referéndums contra la energía nuclear y la privatización del agua, o las victorias progresistas en las elecciones municipales. Lo que falta es una opción política clara que sume las energías, diseñando una perspectiva de cambio. Las izquierdas italianas deben intentar ofrecerla cuanto antes – tomando quizá como referencia lo que está ocurriendo en los partidos socialdemócratas y verdes de Francia y Alemania –, o el gobierno de los tecnócratas se perpetuará. Sin perder de vista que la frustración social podría aupar otra vez al poder a un populista que sigue sin rendirse, cuyo nombre es Silvio Berlusconi.