La historia de la Inglaterra del siglo XVII nos proporciona una ventana en el tiempo bastante interesante para saber lo que nos pasa hoy. Es la utilidad de la historia cuando se mira con atención y con perspectiva. Es un dato conocido que desde el siglo XVI los grandes terratenientes y nobles de la época se fueron progresivamente apropiando mediante cerramientos de las tierras hasta entonces comunales de las que hasta ese momento se había sustentado gran parte de la población. Esto originó un gran número de desheredados de la tierra, expulsados a la fuerza y sin poder acceder a los recursos que las libertades medievales les garantizaban hasta entonces.

Con el impulso a las colonias de ultramar y un aumento de las posibilidades de expansión al otro lado del Atlántico, que llevaban aparejadas las consiguientes oportunidades de enriquecimiento para los potentados, convenía desarrollar mecanismos de control social que permitieran que los pobres, tan disponibles ellos y ellas en número, fueran cosificados y disciplinados para servir en las nuevas colonias. Además había que hacer frente a los “niveladores”, aquellas corrientes que creían que no debían darse distinciones sociales, ya que Dios no las hacía. También a las gentes del mar, acostumbradas a tomar decisiones de forma asamblearia en los barcos y a reivindicar sus condiciones de vida. Todos y todas fueron clasificados como vagos y maleantes improductivos y enviados a ser útiles a sus amos lejos de los centros de poder.

De cómo surge la ideología racista para intentar separar a la basura blanca que servía en las colonias de los esclavos negros, cuya alianza podría suponer una amenaza, se podrían escribir muchas cosas. Este artículo sin embargo quiere centrarse en cómo la represión mediante el terror permitió la implantación de esos esquemas de poder que sin ese instrumento podrían haber sido de otra manera, ya que había alternativas claras y grupos sociales que abogaban por otras vías de organización comunitaria (que evidentemente no eran del agrado de quienes enfocaron el mundo como algo de lo que apropiarse).

Así, paralelamente a la construcción de un capitalismo globalizado, se fueron dictando ordenanzas que permitían a capitanes de barco, colonos y gobernadores imponer castigos corporales y sobre todo la pena de muerte por las más nimias infracciones. La ideología que subsistía tras esa dureza penal residía en que cualquier tolerancia podía hacer que esas sabandijas pusieran en peligro el orden social establecido. Piratas, cimarrones, mujeres, aguadores, campesinas sin tierra, irlandeses, esclavos…todos aquellos que fueron perdedores de una batalla cruenta con miles de personas muertas de las que apenas conocemos sus historias.

Caminemos hacia el presente. En cierta manera vivimos una nueva era de capitalismo global. Estamos construyendo un capitalismo sin fronteras donde quienes más tienen se mueven en un mundo desregulado que ha saltado limpiamente por encima de los poderes estatales, las democracias y la poca regulación internacional que podía hacerles frente. Ese nuevo salto de los poderosos vuelve a dejar huella en lo concreto. Nos revela paralelismos con lo sucedido en otra época y otro contexto. Desde hace décadas, el sistema penal viene acompañando esos procesos de conversión de la actividad económica en la única susceptible de ser protegida en lo material. En Estados Unidos surgió hace unas décadas la doctrina del cristal roto o de la tolerancia cero (qué fácil hemos adaptado estas expresiones al lenguaje cotidiano), según la cual cualquier nimia infracción es susceptible de ser perseguida y castigada del modo más duro posible. Según esta tesis, mirar para otro lado solo serviría para que nuestro entorno se fuera degradando cada vez más. Si hay un cristal roto en el barrio y no se persigue al autor, mañana se romperá otro, y otro más, de manera que al final tendremos un barrio sin cristales en las ventanas. Sin cristales, como todo el mundo sabe, el aire frío entra.

La clave de todo esto es que además hay que meter miedo a la población con una prensa que difunda constantemente crímenes horribles, para los cuales la única solución viene a ser un castigo cada vez mayor. Pena permanente revisable, cadena perpetua o pena de muerte se presentan como la solución al problema. Pero las estadísticas nos dicen otra cosa. Nos dicen que un sistema forzosamente limitado en recursos (como es el policial penal), los juicios rápidos y la tolerancia cero nos llevan a criminalizar y castigar los conocidos como delitos bagatela, cuyos responsables son las personas más pobres, frecuentemente también víctimas de los mismos.

El sistema policial y procesal penal se satura con estos pequeños delitos, impidiendo que se dediquen los recursos necesarios a otras infracciones criminales cometidas por personas que realmente pueden delinquir con una potencialidad mucho mayor y protegida por la ideología mercantilista: corrupción, grandes fraudes fiscales, estafas multitudinarias…

Por último, aumenta la percepción de inseguridad que se difunde en las estadísticas. Ante esto, la gestión neoliberal del delito no ofrece otra solución que la reproducción del sistema en términos cada vez más duros, el llamado populismo punitivo, obviando otras respuestas como la justicia restaurativa comunitaria, que se centra en la satisfacción de la víctima y la reparación del daño causado y no simplemente en el castigo.

La España del PP, ha sido una fiel seguidora de estas doctrinas en consonancia con su ideal neocon. Al establecimiento de la burbuja inmobiliaria con la Ley del Suelo, la Ley de Ordenación de la Edificación y el mantenimiento de la obsoleta Ley Hipotecaria, entre otras medidas, le acompañó en el año 2003 una auténtica reforma penal que endureció notablemente el Código e implantó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal los denominados Juicios Rápidos en el Juzgado de Guardia. Estos suponían en la práctica la consagración de la conformidad bajo coacción como paradigma del proceso eficaz, reduciendo garantías y obligando a dedicar los recursos de los Juzgados de Instrucción a enjuiciar y resolver delitos de poca monta que engrosaban las estadísticas.

Para que el sistema funcionara se llegó incluso a pagar a los abogados de guardia de turno de oficio cantidades desproporcionadas en relación con otros servicios de justicia gratuita que prestaban. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, la revolución vino de la mano de aquellas personas desposeídas, que al igual que los comunes de la Inglaterra del XVII se quedaron en la calle, engrosando un precariado sin salidas.

Sin embargo, el notable éxito político y social de movimientos como la PAH, que han llegado a amenazar el orden establecido con la ruptura de un plácido bipartidismo que hacía innecesaria cualquier respuesta, no ha dejado de tener reacción en el ámbito penal. A una primera reacción que ha tratado de desprestigiar a estas personas, su origen y su denuncia a un sistema de enriquecimiento injusto basado en la explotación de necesidades básicas como la vivienda, le ha seguido una auténtica ofensiva política que pasará seguidamente a ser sancionada administrativa y penalmente.

Ya se va generalizando el término okupa para referirnos a quienes que en puro derecho civil estén habitando una vivienda en precario, sin preguntar nada más sobre sus circunstancias, dado que los porqués son incómodos. Algunos partidos como Ciudadanos ya proponen endurecer la Ley Mordaza para dar patadas en la puerta sin complejos y así proteger a los propietarios. Por su parte, la burguesía tradicional del PdeCAT propone medidas civiles urgentes (léase con menos garantías) para proteger este derecho a la recuperación posesoria. Pero que nadie se preocupe, el delito de ocupación pacífica de bienes inmuebles, verdadera anomalía en el sistema penal que infringe claramente el principio de intervención mínima, ya estaba ahí hace mucho tiempo para proteger la recuperación posesoria de los propietarios mediante la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por tanto tenemos el problema, la desposesión de la vivienda, tenemos la campaña mediática que desprestigia a quienes las okupan, tenemos un Código Penal desproporcionado, tenemos unos Juzgados de Guardia preparados para este tipo de funciones, tenemos la justificación ideológica, tolerancia cero, y política (Ciudadanos y sus “narcopisos” a combatir, como si este fuera el problema real), tenemos un uso cada vez más indiscriminado de la prisión preventiva, que se aplica para crear alarma social y estigmatizar, y finalmente tenemos unos medios dispuestos a extender de forma acrítica el concepto de violencia a toda forma de resistencia social.

Y ahora, ¿alguien se acuerda de la gran estafa inmobiliaria, de las ‘subprime’, de los rescates al sector financiero, de los pensionistas que han tenido que acoger a sus familias, de las personas desahuciadas? Disfruten por televisión del espectáculo del derecho penal del siglo XXI como, sin duda, la ciudadanía inglesa disfrutó de los ahorcamientos en la plaza del mercado. Mientras tanto, algunos seguiremos siendo peligrosos “niveladores”. Objetivo político a batir. Igual que hace siglos.

Maribel Mora Grande es senadora de Unidos Podemos y activista en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Santos Itoiz es portavoz de Justicia de Unidos Podemos en el Congreso y secretario general en Navarra