Ésta semana hemos vuelto a ser testigos de cómo diversos hechos, estirados y tergiversados en aras de un futuro rédito electoral, acaban cayendo por su propio peso. Así, el pasado miércoles 16, el candidato a la Alcaldía de Barcelona –no se sabe muy bien aun por parte de qué partido o plataforma-, Manuel Valls, exponía en el Hotel Cotton House, invitado por Barcelona Oberta y la Fundació Barcelona Comerç, las líneas generales de su futuro programa electoral. El contexto en el que se celebraba el evento es el de una serie de jornadas que organizan ambos lobbies del comercio barcelonés con los futuros alcaldables de la ciudad.

En su presentación, Valls parecía querer volver a la Barcelona de otros tiempos: se manifestaba en contra de la extensión del tranvía por la Diagonal; planteaba la necesidad de repensar el sistema y la estructura actual de los carriles-bici y las super-manzanas; apostaba por vincular el futuro de Barcelona a la celebración de unos Juegos Olímpicos de Invierno; subrayaba la importancia de continuar impulsando la capital catalana como sede principal de grandes eventos, ferias y congresos, y, finalmente, volvía señalar el top-manta, y la supuesta permisividad del actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, como uno de los problemas fundamentales de la ciudad. En definitiva, un salto atrás de casi dos décadas.

Pues bien, dicho esto, no pasó más de un día en que algunos medios de comunicación se hicieron eco de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona donde se descarta enérgicamente que el fenómeno del top-manta suponga un grave perjuicio económico para marcas como el F.C. Barcelona o Louis Vouitton y Michael Kors. La argumentación esgrimida por la sentencia es de una lógica aplastante: el consumidor-tipo de estos productos no es –“ni remotamente” señala la sentencia- el mismo que podría adquirir las copias de los originales que se ofrecen en las calles de la ciudad. La sentencia no omite la comisión de infracciones, pero las rebaja a la imposición de multas de entre 120 y 240 euros. Por último, la Audiencia señala que no existe ninguna prueba, ninguna, que permita demostrar la existencia de mafias o estructuras delictivas estables en torno al top-manta.

De este modo, si las investigaciones judiciales y los hechos no hacen más que negar la supuesta peligrosidad que generan los manteros en Barcelona, ¿por qué no dejan éstos de aparecer como uno de los principales problemas, tanto para los políticos y políticas, como para algunos medios de comunicación y asociaciones empresariales, algo que ha acabado por calar en la opinión pública local? Este es un artículo de opinión y no un texto resultado de ningún tipo de investigación al respecto. Sin embargo, creo que es posible señalar algunos aspectos que podrían estar detrás de este tipo de iniciativas. Por un lado tendríamos, como ya he señalado en alguna ocasión, el intento de sacar ventaja electoral mediante el continuo espantajo de la supuesta situación de inseguridad e incivismo que vive Barcelona, variable ésta que podría tener el efecto de avivar fuerzas reaccionarias como VOX, que hacen de esta lógica su principal elemento discursivo. Pero, por otro lado, está el hecho de la marcada posición elitista y xenofóbica que esta postura manifiesta, aspecto íntimamente ligado al protagonista de estas declaraciones y a algunas de sus actuaciones. Cabe, además, recordar que la idílica Barcelona de los 90 fue una ciudad construida sobre las espaldas de sus clases populares y en virtud de una idea de ciudad elaborada por su burguesía ilustrada. Los resultados de ese experimento son evidentes: desahucios, precarización y desigualdad.

En definitiva, se coge antes a un mentiroso que a un mantero. Conviene mantener los ojos abiertos y los oídos atentos porque se avecinan unos meses donde este tipo de contradicciones se presentaran de forma frecuente.