Se está presentado ‘el pacto de rentas’ como uno de los más importantes instrumentos para enfrentar el rápido aumento de precios que está experimentando la economía española. Sin más precisiones sobre el mismo, por lo menos para la opinión pública, de que este supondrá el control de los aumentos de salarios y que ‘los márgenes empresariales no aumenten’. Nos señalan, claro, que se trata de evitar que las reivindicaciones salariales y el traslado de las mismas a los precios de los productos conviertan el aumento de precios en una espiral precios-salarios-mayores precios.

¿Qué supone una política de rentas? Que los salarios no crezcan o crezcan considerablemente por debajo del aumento de precios, y, según lo manifestado por la Sra. Calviño, que ‘los márgenes de las empresas no aumenten’; es decir, que las empresas aceptan mantener sus márgenes, lo que les permitirá no alterar los precios de sus productos, y frenar su aumento, lo que posiblemente incidiría a la baja en sus beneficios empresariales.

Esta política afecta seriamente la distribución del producto social por lo que se pretende el acuerdo y la aceptación de los agentes sociales -patronal y sindicatos- y se justifica con el argumento que todos tenemos que contribuir a resolver el problema de la inflación y que el coste de la inflación tiene que ser compartido por toda la población de manera justa y equilibrada. No obstante hay algunos elementos que pueden hacer pensar que casi siempre esta política, y desde luego por lo que se sabe su planteamiento actual, sufre de algunos elementos que afectan seriamente esta justicia y equilibrio y que una mayoría de la población -los trabajadores - se ve obligada a soportar desproporcionadamente los costes de la inflación, mientras que los beneficios empresariales pueden eludir con mucha mayor facilidad dicho coste.

Veamos algunos de estos elementos en un contexto en que es sabido que los salarios llevan un largo periodo de congelación o disminución y que la inflación y una política de rentas conlleva la pérdida de su capacidad adquisitiva. Por otra parte, aunque hay grandes diferencias en los beneficios empresariales, no parece que las empresas están experimentando grandes pérdidas, y muchas de ellas, en particular las más grandes y de algunos sectores concretos, están siendo favorecidas por la evolución de la economía en el periodo reciente.

Una política de rentas conlleva siempre un desequilibrio importante en dos aspectos: uno, ¿quién ejecuta y controla los acuerdos suscritos? Y dos, ¿qué pasa con las rentas que han sido controladas?

Uno, no hay problema con el control de salarios: son bien conocidos pues son declarados en las nóminas y las empresas lo ejecutan, dado que tienen interés en mantener bajos los salarios, pero ¿quién controla los márgenes empresariales? Su fijación puede seguir vías muy variadas y difíciles de controlar y, además, por definición el resultado empresarial es un resultado aleatorio a posteriori de la actividad empresarial. Difícil de controlar, también por definición Además, si los márgenes empresariales se mantienen, no disminuyen, no conducirán a una disminución de precios. ¿Cómo se proponen controlar todo esto, quien lo comprobará? ¿Se tiene la suficiente confianza en las declaraciones de las propias empresas o se propone algún sistema eficiente de control?

Dos: los trabajadores que pierden su capacidad adquisitiva la pierden, no la recuperan. Es un hecho. Y la empresa puede incluso convertirse en mas eficiente debido a ello. Es el objetivo de la política de rentas. Sin embargo, probablemente el control de márgenes suponga un mantenimiento o incluso, un aumento de beneficios que, aunque no sean distribuidos mejora la situación económica de la empresa y posiblemente su patrimonio empresarial. Y este sigue siendo propiedad de la empresa y los accionistas. Es decir, los trabajadores pierden lo que no reciben, los accionistas acumulan. Esta diferencia habría de tenerse en cuenta si se pretende cualquier política de rentas justa y proveer de algún mecanismo que equilibrase tan importante diferencia. No basta con no aumentar los márgenes sino que se habría de tener en cuenta la distribución de lo que se ahorra con la política de rentas y proveer mecanismos de devolución de lo ahorrado a los trabajadores. ¿Existe alguna provisión por este concepto en la propuesta? De lo que conozco, nunca he visto que se incluya ninguna anticipación de este carácter en ninguna política de rentas, pero eso no quiere decir que no deba existir para que el desequilibrio en los resultados de dicha política no sean muy injustos.

La política de rentas es mucho más costosa para los trabajadores en términos de salarios perdidos que para las empresas en términos de potenciales beneficios dañados.

Otro elemento importante a tener en cuenta es que España presenta cifras en línea con la subida de precios internacional, pero algo más altos que muchos países europeos. ¿Cuáles son los factores diferenciales que causan esta divergencia? No es el coste laboral, por tanto, ¿no habría de centrarse la atención en analizar cuáles son los aspectos que disminuyen la eficiencia del sistema productivo? Sería interesante profundizar en por qué el aumento de precios internacionales resulta en un alza superior en España.

También hay que preguntarse si este desigual pacto es necesario o un buen instrumento para resolver la inflación que nos atenaza.

Suponemos que la lógica de esta propuesta, estrictamente dirigida al ámbito estatal, se orienta más a paliar las consecuencias del aumento de precios que a incidir en sus causas, en un contexto en que es ampliamente reconocido el carácter internacional de las causas principales del aumento de precios: cuellos de botella de la oferta de productos muy fundamentales, precio y dificultades de los transportes internacionales, aumento del precio del petróleo (hasta estos días en que este ha girado a la baja), el gas y algunas materias primas básicas, más la incidencia en todos estos elementos de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. Es una inflación que afecta por lo menos a Estados Unidos y toda Europa. ¿Hasta dónde un control de rentas estatal puede ser significativamente eficiente en este contexto global? Pero ello no es óbice para recurrir a una medida muy onerosa para los trabajadores, con muy pocas garantías que la misma consiga incidir en las causas que llevan a la inflación.

Parece contradictorio que en una inflación en que, con bastante claridad, son los elementos de oferta los que están en la base de la misma, las dos principales medidas que se proponen para resolverla sean el aumento de los tipos de interés a nivel internacional, y el pacto de rentas en el ámbito estatal. Dos medidas dirigidas a controlar la demanda y que se acepta que pueden causar una disminución de la actividad económica y del ritmo productivo y de crecimiento, con un grave peligro de causar una importante recesión. ¿Y si se vuelve a deteriorar de nuevo la situación del empleo de la que tanto está costando salir? Los asesores que recomiendan estas medidas, ¿cómo establecen la secuencia que conduce a una solución? Las medidas que se quieren tomar para controlar la inflación estén más dirigidas a paliar sus consecuencias -aspecto también totalmente necesario- que a atacar las causas de la misma. Es necesario y parece lógico que se traten de paliar las consecuencias de la inflación para la población, pero no parece que es bueno un camino que afecta desproporcionadamente a los trabajadores y les hace correr un peligro de verse envueltos en un problema todavía mayor, como el del empleo y los niveles salariales que para muchos trabajadores están llegando a niveles muy bajos. Además de más y mejores medidas de apoyo a los más débiles, imprescindibles porque no se consigue frenar la inflación, habrían de aplicarse medidas más eficientes dirigidas a facilitar el control y aun la disminución de precios aunque sea en el interior. ¿No sería más útil intentar mejorar la eficacia del sistema productivo, de las empresas, para producir a menor coste, sin que sea el laboral el único coste que parece importar? Es curioso que se le conceda tanta importancia a esta medida, cuando es obvio que en esta ocasión, como se hace con frecuencia, no se puede acusar a los salarios de ser los causantes del aumento de precios y que su valor para controlar la inflación es dudoso. Es difícil dejar de preguntarse si no habrá otros objetivos menos publicitados que constituyan el propósito final de esta política.

Todas las medidas que se están tomando para controlar la inflación están mostrando pobres resultados. Esta inflación parece que está demostrando que en una economía capitalista, tan globalizada como la actual y tan descentralizada respecto a los mercados y con serias limitaciones respecto a las decisiones que se pueden tomar de carácter económico-político en los países, es muy difícil encontrar remedios factibles a nivel estatal. La evolución económica depende de variables inaccesibles para cualquier unidad independiente -país-, que se encuentra sometida a los avatares resultantes de las disposiciones de unidades de decisión enormemente potentes, muy alejadas de los objetivos de una situación satisfactoria para las poblaciones y los trabajadores de los distintos países. Pretender manejar esas situaciones para el bienestar de la población parece un objetivo cada vez más complicado y quimérico. A los que no nos queda más remedio que aguantar todas las dificultades que los grandes poderes ocasionen a las poblaciones de a pie parece que sólo nos queda intentar aguantar hasta que la próxima evolución de la economía global nos permita beneficiarnos de los cada vez más cortos periodos de progreso que se intercalan entre las crisis. Es probablemente en la consciencia de las poblaciones que perciben esta realidad donde se puede encontrar la fuente de la desafección de las poblaciones por la política. Pero esto lo dejamos para otro día.