Vaya por delante que un gran número de catalanes hemos desconectado emocionalmente de España de forma que ya creo irreversible.

El 1 de octubre supuso un punto de inflexión. Cuando solo queríamos realizar un ejercicio pacífico y cívico para demostrar nuestro anhelo de ser, el Estado reaccionó con una brutalidad policial impropia de una democracia del siglo XXI. Después del daño físico, vino el agravio moral. El portavoz del Gobierno negó la brutalidad (“uso proporcionado de la fuerza”, dijeron) y el jefe del Estado salió por televisión emulando el Virrey conocido como Conde Duque de Olivares cuando dijo: “licencia les he dado yo; muchas más se pueden tomar”.

Desde entonces, la represión no ha cesado, si bien ahora vestida con toga y puñetas. Recordamos que miles de personas se encuentran encausadas solo por haber participado en manifestaciones de carácter pacífico.

El Estado ha reaccionado pues de la peor forma posible frente al “problema catalán” que, en palabras de Ortega y Gasset, “sólo se puede conllevar”. Si hace una década el porcentaje de independentistas era claramente minoritario, hoy somos ya una importante parte de la población catalana. Poco importa si superamos, o no, el icónico 50%. Estoy convencido de que, en una votación binaria, no condicionada por concretas opciones partidistas, el sí a la independencia superaría con creces este 50% (algunos estudios demoscópicos hablan de entre un 55% y un 60%). Pero en todo caso, somos muchos, demasiados, los catalanes, que, como antes decía, hemos desconectado de España, de forma ya definitiva. Definitiva y probablemente irreversible para una mayoría. Si, hace pocos años, alguna solución de tipo federal o confederal (la famosa “tercera vía”) podía contar con cierto predicamento, hoy no parece que resulte asumible para la centralidad del independentismo. El tratamiento represivo que el Estado español ha dado al “problema catalán”, es hoy parte sustancial del propio problema.

La tensión territorial ha hecho que afloren al mismo tiempo otros graves problemas latentes de la joven democracia española. Así, en los últimos tiempos se ha puesto en evidencia que la sobrevalorada transición no limpió los restos del antiguo régimen dictatorial. Varios estamentos del aparato del Estado (ejército, policía, judicatura, fiscalía, alto funcionariado, ....) conservan todavía un inaceptable sector de “nostálgicos”, eufemismo con el que desde el poder político se denomina a aquellos que son claramente partidarios del autoritarismo franquista. Todo bajo el silencio cómplice del jefe del Estado, con el concurso de los principales partidos, medios de comunicación, poderes económicos y la todavía omnipresente cúpula eclesial. Por no hablar del anterior jefe de Estado, que ha pasado de emérito a demérito en un visto y no visto.

España padece además una grave crisis económica, agravada por la pandemia, y vive instalada en un clima de máxima tensión política.

Si España fuera una democracia consolidada permitiría a los catalanes votar, como lo permitieron Canadá o el Reino Unido con sus minorías nacionales. Pero una democracia tan débil, de pladur en muchos aspectos (pues a pesar de las retóricas proclamas de la Constitución y las leyes, en la práctica no se respetan los derechos fundamentales), reacciona con más intransigencia y ruido de sables golpistas. Afirmar que habría que fusilar a 26 millones de hijos de puta, no es una broma de cuatro nostálgicos. En cualquier democracia consolidada, las consecuencias habrían sido fulminantes, pero en España, nunca pasa nada.

Y en este contexto, falsos cantos de sirena de indultos y amnistías que, prometidos en época de negociación presupuestaria, caerán rápidamente en el olvido en manos del presidente de las mil caras, mientras jueces y fiscales hacen el trabajo sucio (“que se coman los turrones en la cárcel”), y la extrema derecha se utiliza como espantajo para pedir adhesiones inquebrantables, que después se agradecen cínicamente felicitando a los “valientes patriotas españoles” que las apoyaron.

¿De verdad queda alguien todavía que no entienda porque los catalanes nos queremos ir? Cuanto más se endurezca la rama represiva y autoritaria, más cerca estará de romperse. Si los catalanes queremos ser independientes, no habrá fuerza que pueda impedirlo.

Y además, añado, es también lo más conveniente para España. Una mayoría de ciudadanos y ciudadanas demócratas han de tener también derecho a liberarse del yugo de este estado autoritario y demofóbico.