JOSÉ A. GONZÁLEZ CASANOVA

Catedrático de Derecho Constitucional y escritor

En España se ha tenido siempre una idea confusa acerca de la Catalunya política. La mayoría niega que sea una nación, ya que para serlo hay que tener un Estado. Y si ya existe el Estado español, ¿para qué quiere Catalunya ser nación? Será porque aspira a tener un Estado propio. Y de ahí deducen que un nacionalista catalán ha de ser forzosamente separatista. Pero resulta que Antoni Duran i Lleida no le haría ascos a un ministerio socialista, ni Artur Mas dejaría de ser un ferviente aliado de Zapatero (como lo fue de Aznar) si lograse de él que José Montilla abandonara la Generalitat. Por tanto, para una mentalidad hispánica, el nacionalismo de la derecha catalana debiera ser pura retórica chantajista para lograr apoyos del PSOE contra la izquierda gobernante en Catalunya. El nacionalismo de Carod-Rovira y Puigcercós parece, en cambio, consecuente con el tópico español sobre una Catalunya nación, pues proclama su deseo de independencia. Pero se da la circunstancia de que ERC niega ser nacionalista.

Según ERC, los ciudadanos catalanes (incluidos los inmigrantes) ganarían en bienestar si no dependieran del Estado español, discriminador en financiación, servicios y estructuras. Para ellos, el Estatuto no soluciona los problemas de Catalunya y encima espera una sentencia del Tribunal Constitucional que reduzca aún más la eficacia del Estatuto.

Esa postura exenta de retórica nacional se olvida, sin embargo, de ofrecer una estrategia viable para llegar a la independencia. De hecho, no se ha concretado jamás. Se han anunciado fechas. Se ha dicho que depende de una mayor conciencia colectiva o de que los grandes partidos (CiU y PSC) lo avalen, pero hasta ahora nadie sabe qué ruta seguir para conseguir un Estado propio. Tampoco se han explicado, para que el ciudadano sepa a qué atenerse, los factores negativos, conflictivos y de riesgo de la operación. De ellos ni se habla. Algunos se animan por la festiva experiencia de unos plebiscitos locales pro-independencia de carácter privado, que habrían ejercido ya el derecho a decidir. Pero se trata sólo de un simulacro, porque no se decide, sino que se opina, y la opinión se integra en el 19% favorable al proyecto independentista en toda Catalunya. Las plataformas secesionistas dan la impresión de ser trampolines para el protagonismo de personajes que han visto en el guirigay armado con motivo de la sentencia sobre el Estatuto una buena ocasión de darse a conocer como políticos. El caso más notorio es el de Joan Laporta, que cree haber demostrado que puede conducirnos a la independencia tras las seis copas ganadas por Guardiola y sus gladiadores.

Los catalanes tenemos fama de sublimar con ironía nuestros fracasos y frustraciones. Nuestra fiesta nacional conmemora una derrota. Los plebiscitos municipales podrían ser una parodia festiva del referéndum imposible que proponen ERC y los grupúsculos que giran a su alrededor.

Una vez más en la historia de Catalunya, sobre sentimientos sinceros de identidad nacional y de autogobierno democrático, unos políticos confusos han provocado malentendidos con la España más cerril y falsas ilusiones en sus compatriotas. La palabra escogida para confundir a unos y a otros, así como para justificar cualquier proyecto nacional ante un electorado crédulo, es soberanismo. La utilizan CiU, ERC y otros grupos menores como posible caladero de votantes indecisos. Soberanía, según ellos, quiere decir de todo. Desde derecho a decidir hasta Estado libre, pasando por un tipo de confederación entre España y Catalunya llamada soberanía compartida. Este planteamiento busca un apoyo teórico, pero este ya no existe, pues desde la constitución abortada de la I República (1873) y la de la II República asesinada (1931), la palabra soberanía no tiene ningún significado democrático. Ni en el derecho internacional es una muralla insalvable para castigar crímenes contra los derechos humanos, ni en el derecho constitucional es el máximo poder del Estado, ya que los únicos sujetos de la soberanía son los ciudadanos (art.23,1 CE). Cuando en la Constitución se dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” incurre en la antigua estratagema del liberalismo burgués para evitar la democracia: residenciar una abstracción en otra. Ni las naciones son soberanas, ni existe el llamado “pueblo”, más que como ente de ficción. Es la suma mayoritaria de votos que apoyen una determinada decisión política la que hace de esta una decisión soberana.

Los soberanistas catalanes sostienen que los ciudadanos de Catalunya gozan de autonomía, pero no son soberanos y tienen derecho a reivindicar la soberanía de su país. Su error democrático consiste en no ver que cada ciudadano tiene plena soberanía para decidir políticamente: en solitario o en coincidencia con otros. Los parlamentarios catalanes que aprobaron el proyecto de Estatuto fueron soberanos en su Parlament y soberanos también, junto con otros ciudadanos españoles, en la aprobación definitiva por las Cortes de una ley orgánica del Estado que es, al mismo tiempo, ley fundamental para los ciudadanos de Catalunya. Esta comunidad autónoma es parte alícuota del Estado común: es Estado. Catalunya tiene, por tanto, un Estado que le es propio, porque se apropia de él, voluntaria y participativamente, mientras la mayoría de sus ciudadanos lo consideren apropiado.