FRANCISCO DELGADO

Ayer se cumplieron tres décadas desde que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Estado español diera su respaldo a una Constitución, la de 1978, producto de un consenso difícil y no tan ejemplar como algunos tratan de mantener. Si tomamos como base ideológica y política el conjunto del texto constitucional, a pesar de las contradicciones, muchos de los que vivimos aquel hecho esperábamos caminar hacia la separación de la Iglesia del Estado. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta: más que caminar hacia un Estado laico, los poderes públicos han mantenido el Estado confesional (últimamente con una cierta pluralidad religiosa), con dos soportes principales: Ley de Libertad Religiosa de 1980 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979.

La Ley de Libertad Religiosa de 1980 hace desaparecer la libertad ideológica: las creencias y convicciones de carácter no religioso son privadas del reconocimiento de cualquier contenido moral o ético, aludiendo a las mismas como “ausencia de convicciones”, lo que supone que, desde el punto de vista político y jurídico, no puede haber un mayor y más brutal atentado al pensamiento humanista y a la libertad de conciencia. Es urgente derogar esta ley para, en su caso, crear una ley de Libertad de Conciencia.

La otra gran coartada son los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979 que mantiene vigente el ideario del Concordato que Franco firmó en 1953. Dichos acuerdos configuran un cuerpo jurídico y político opuesto a los artículos 10.2, 14 y 16 de la Constitución y vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama “la libertad de pensamiento de conciencia y de religión (...) sin que ningún credo o convicción pueda prevalecer o imponerse al conjunto de ciudadanas y ciudadanos”.

Que vivimos en un Estado neo-confesional se evidencia porque, incluso, se ha aumentado la financiación estatal del culto religioso (ampliamente católico); continúa la donación de bienes y patrimonio público a la Iglesia católica y, ahora, muy tímidamente a otras confesiones; se permite a la Iglesia católica que, con dinero público, financie proselitismo religioso a gran escala; se les exonera de impuestos tan importantes para los ayuntamientos como el IBI; y además se le financia la enseñanza del catecismo en la escuela pública en horario lectivo, así como toda la enseñanza en los centros educativos de “ideario católico” que han crecido, cuantitativamente, en los años de democracia.

Además, se siguen organizando actos religiosos de Estado que deberían de tener una finalidad exclusivamente civil, como funerales, apertura de años judiciales y otros eventos. Se mantienen capellanes-funcionarios católicos en el Ejército, cárceles y hospitales, así como simbología y actos religiosos en estos y en algunos lugares públicos, como centros educativos. Los ministros y otros cargos representativos siguen prometiendo o jurando su lealtad al Estado delante de simbología católica. En el código civil y penal existen conceptos del dogma católico y confiere al matrimonio canónico católico efectos civiles (ahora también a otras confesiones en virtud de acuerdos suscritos con el Estado). Los poderes públicos permiten (y protegen) la objeción a profesionales de la sanidad, la judicatura o la educación por cuestiones religiosas, sin tener alternativas que garantice la libertad de conciencia individual de cada persona. Se le permite a la Iglesia católica un supuesto estatus jurídico autónomo para denegar el derecho a cancelación de datos a los ciudadanos que deciden apostatar y en otras materias.

Curiosamente, y a pesar de ello, la jerarquía católica y sus fundamentalistas grupos aliados lanzan, con frecuencia, soflamas y acciones incendiarias sin razón alguna, con el fin no sólo de defender su histórico estatus, sino de aumentarlo (consiguiéndolo en algún ámbito, como es el de la enseñanza). Y todo ello con la pasividad de los poderes públicos.

La democracia ha de defender de forma clara y precisa el concepto de ciudadanía y la libertad de conciencia, con el fin de evitar que los derechos ideológicos y de pensamiento de cada persona sean ocupados o transgredidos por unos supuestos derechos y fines de una comunidad o grupo que los impone al conjunto (históricamente a la fuerza). Sin la recuperación de la libertad y de la igualdad, sin la recuperación de la conciencia libre como condición irrenunciable del ser humano no podemos hablar de verdadera democracia y, por ello, de haber terminado la denominada “transición política”.

La sociedad española, en cuanto a convicciones y costumbres, ha evolucionado muchísimo en estas tres décadas. El seguimiento práctico a la doctrina que marca la jerarquía católica es cada vez más débil. Crecen otras religiones muy diversas y, sobre todo, aumenta el interés por el humanismo ateo, agnóstico y por otras identidades y convicciones éticas y morales, ajenas a lo religioso. Ello nos hace soñar que, a pesar de la cerrazón integrista e interesada de la jerarquía católica, a medio plazo, podremos ir construyendo un Estado verdaderamente laico, ajeno a dogmatismos y fundamentalismos de cualquier signo, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de nuestras convicciones, creencias o no creencias, nos sintamos cómodos y seamos tratados por igual. Y eso es lo que nos proponemos desde Europa Laica y otras organizaciones sociales y laicistas: seguir trabajando por la verdadera emancipación laica, dentro de los cauces democráticos y con la razón como aliada.

Francisco Delgado es Presidente de Europa Laica. Diputado en la legislatura de 1977

Ilustración de Iván Solbes