LIDIA FALCÓN

La celebración del Día de la Mujer es una buena ocasión para reflexionar sobre el papel que ha jugado la Constitución

–que recientemente cumplió 30 años–, en la vida de las mujeres españolas. Este olvido resulta más culpable si se tiene en cuenta que no sólo las mujeres constituyen el 52% de la población, sino que, si la Carta Magna ha producido algún efecto perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos, ese es fundamentalmente el que ha causado en la de las mujeres. Ellas fueron las grandes perdedoras de la Guerra Civil que yuguló sangrientamente los avances y las esperanzas de progreso que albergó la II República. El dictador y sus secuaces, con el inestimable apoyo de la Iglesia católica, se cebaron con especial sadismo en torturar a las españolas. Privadas de derechos civiles y laborales, de la patria potestad de sus hijos, condenadas por ley a la marginación de la vida pública y a la miseria económica, perseguidas penalmente por adulterio, prácticas anticonceptivas, aborto o abandono del hogar, se hundieron en la condición más penosa de toda la historia de España.

Solamente la firmeza que mostramos durante la transición en la exigencia de nuestros derechos nos situó en el escenario social del que también los organizadores de esta democracia querían apartarnos. Es bueno recordar fechas y actuaciones para que a los dirigentes políticos se les sitúe en el lugar que les corresponde. A dos meses de promulgarse la Constitución, en octubre de 1978, después de tres años de celebrar el Año Internacional de la Mujer y de los interminables casi dos años que los padres de la patria estuvieron pactando el texto –recuérdese que ninguna mujer participó en la redacción de la Carta Magna– el único avance que conseguimos fue que los diputados, incluyendo a socialistas y comunistas, eliminaran del Código Penal el delito de adulterio, que sólo cometían las mujeres, y el de prácticas anticonceptivas.

En los programas electorales del PSOE y del PCE de 1977 y de 1979 no constaban ni el divorcio ni el aborto. Nos costó cinco años de luchas heroicas –asambleas, manifestaciones, encierros, cierre de revistas, procesamientos y una buena paliza que recibí yo en la calle en la última manifestación en Barcelona– conseguir el divorcio. Un divorcio condicionado a la separación –han tenido que transcurrir 25 años para permitirnos divorciarnos de primeras, como en cualquier país civilizado–. Aún hubimos de sufrir cuatro años más de penalidades para lograr el permiso de abortar por grave peligro para la salud de la mujer, violación y malformación del feto, que no se ha vuelto a modificar. Mientras se discute la estúpida norma, implantada por los tan progresistas diputados, que impuso la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, en un país que, para derogar la Ley Sálica, libró tres guerras y para proclamar dos Repúblicas, otras dos, ninguno ha planteado la derogación del precepto que obliga a preservar la vida de “todos”.

La Constitución es la jaula de hierro que nos encarcela en las tiranías de nuestra fisiología y nos impide alcanzar el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo, con esa disposición del artículo 15, estableciendo que “todos” tienen derecho a la vida, que los franquistas y cristianos metieron complacidamente, ante la indiferencia de socialistas y comunistas. Así, el Tribunal Constitucional, ante el que la Alianza Popular de la época, comandada por el franquista Fraga Iribarne, presentó recurso de constitucionalidad contra la Ley del Aborto, con una interpretación torticera ante un término tan vago como el de “todos”, pudo pronunciarse exigiendo más limitaciones en la práctica. Y esto ha permitido una feroz ofensiva de la derecha, que ha llevado al cierre de varias clínicas de abortos y al encarcelamiento de siete médicos en Barcelona. El Gobierno ha nombrado una comisión de estudio –estupendo sistema inventado por esta democracia para enterrar cualquier proyecto–, en la que han entrado asociaciones del Opus, con las que asegura la vicepresidenta que hay que ponerse de acuerdo, mientras las mujeres siguen teniendo que pagar los 600 euros que cuesta un aborto en una clínica privada, porque sólo el 3% de los abortos se practica en la Sanidad pública. La limitación de derechos a las mujeres de nuestra Constitución ha sido hábilmente ignorada por los partidos políticos y sus líderes, que tanto se están alabando hoy de las componendas con que llegaron a redactarla.

Las mujeres no conseguimos los avances que la Constitución de la II República nos reconocía 50 años antes, porque naturalmente esta tampoco es una Constitución republicana y la monarquía –tan arteramente introducida sin consulta popular, con ayuda de la Iglesia Católica y la derecha, y protegida por el Ejército– impone esas limitaciones. Lo que también se oculta es que, si el movimiento feminista, enfurecidas al fin las mujeres después de casi medio siglo de esclavitudes y vejaciones, no hubiese exigido sin componendas ni rebajas las reivindicaciones que planteábamos, los ilustres constitucionalistas no hubieran introducido el carismático artículo 14, que impone la no discriminación por razón de sexo y que, en teoría, permite a las mujeres exigir igualdad de salario, de oportunidades y de trato con los hombres.

Derechos que no se cumplen, y a esto las mujeres unen la enorme carga de ser las que deben seguir trayendo los hijos al mundo, sin que el pomposo derecho constitucional a la vida exija a los gobiernos a facilitarles la obligación de darle realidad. Ni tampoco la democrática Constitución las protege contra la violencia machista, pero eso es motivo de

otro artículo.

Lidia Falcón es Abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España.

Ilustración de Jordi Duró