Pilar Garrido

Secretaria de Políticas Sociales de Podemos

Durante estos días la Constitución española cumple su 39 aniversario.

Tiempo suficiente no sólo para conocer las virtudes y los defectos más obvios de esta Carta Magna, sino para realizar una valoración más lúcida que nos desvele el escenario real y los nuevos equilibrios de poder, que condicionan, hoy y ahora, nuestro modo y calidad de vida.

Soy de las que piensa que cuando se quitan cortinas de humo, cuando todo es más diáfano, cuando nos miramos y nos vemos, surge la conciencia colectiva y ésta permite emprender procesos de cambio.

Para este cometido, conviene no andarse por las ramas y empezar por declarar que el Estado Social que recoge el artículo 1.1 de la CE está finiquitado, no en crisis, sino muerto y enterrado. Esta afirmación tiene algunos efectos: sin el paraguas del Estado social, de sus condiciones materiales, el estado del bienestar deviene, como estamos comprobando, en estado asistencial. No confundir.

Esta afirmación que puede parecer en principio teórica, no lo es. Por desgracia, hay una parte importante de la ciudadanía española que puede dar fe de ello. La situación de precarización de nuestras vidas es un hecho, el nivel de incertidumbre con el que conviven las familias españolas es inaceptable.

Según recoge un análisis socioeconómico realizado por la Comisión Europea, España es el tercer país, después de Rumanía y Bulgaria, que sufre una mayor desigualdad, además de ocupar una posición muy preocupante en relación a otros indicadores sociales, como la tasa de pobreza o la renta disponible.

En el ámbito laboral, seguimos con la reducción del salario, contratos temporales cada vez más cortos, aumento de la rotación laboral con periodos de desempleo, esto para lo más agraciados, y para los que no lo son (mujeres, jóvenes, personas paradas de larga duración) simplemente paro y cero ingresos.

¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La clave está en la relación entre mercado y democracia que ha instaurado el capitalismo financiarizado. La economía ya no está sujeta al vínculo social que permitía un cierto nivel de redistribución de la riqueza. Ahora las condiciones de reproducción social las impone el mercado y se asientan sobre la precariedad, sobre la desposesión y sobre la expoliación, de las personas y de los territorios.

La constitución del 78 se ha convertido en retórica constitucional, en papel mojado en lo referente a la cuestión social, a los derechos de los ciudadanos. En este momento, el texto constitucional sirve fundamentalmente para amparar las actuaciones y los discursos de las fuerzas del régimen y no para proteger a la ciudadanía. Volvemos a tener una constitución de parte; circunstancia muy habitual en el constitucionalismo histórico español.

¡Afrontémoslo!, nos han robado la Constitución. Los de siempre, las élites económicas en connivencia con las políticas han diseñado una estrategia de vaciamiento de los derechos constitucionales, dejando abonado el terreno para que los poderes económicos campen a sus anchas.

Un ejemplo claro lo tenemos en lo sucedido en relación con el derecho constitucional a una vivienda digna. Este derecho ha sido un derecho inexistente en España, ya lo sabemos. Los poderes públicos no garantizaban el acceso a este bien; pero lo que sucede después de la crisis inmobiliaria y financiera es muy significativo. Se pasa de la falta de garantías de este derecho a su vulneración. Los poderes públicos no protegen a las familias españolas frente a las entidades financieras, las abandonan a su suerte, dejando que las expulsen de sus casas, que las desahucien.

No importa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya tenido que suspender cautelarmente desahucios con menores sin alternativa habitacional en nuestro país. O que hace apenas 6 meses, en el Dictamen del 20 de junio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declarara la violación por el Estado español del derecho a la vivienda recogido en el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). O que la Comisión Europea pida una multa de 105.991 euros diarios a España por no haber adaptado todavía una normativa hipotecaria carente de garantías. Nuestros gobernantes hacen oídos sordos.

La vulnerabilidad de los ciudadanos, su desprotección, resulta evidente. Ya no existen certezas, ni las más básicas: trabajo, techo, comida. Ante este panorama parece sensato que el objetivo prioritario sea la lucha contra la precarización de nuestra vida. ¡Frente a la precarización, sostenibilidad de la vida! Sería el lema de este conflicto.

En definitiva, debemos ser capaces de desmontar el andamiaje de este modelo basado en la dominación, en la explotación, y de transitar hacia otro modelo que sitúe a las personas, sus vidas, sus anhelos, en el centro del sistema social y político.

Pensemos de manera colectiva para qué, quién y cómo queremos producir, organizar y distribuir las condiciones de posibilidad de vidas buenas.

Sin duda, un reto nada fácil. Se prevé un camino largo, así que cuanto antes echemos a andar, antes llegaremos a ese lugar mejor.