Jazmín Beirak, portavoz de cultura de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Manuela Bergerot, experta en políticas de Memoria.

Alicia Torija, vocal del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

El pasado 11 de septiembre se presentaba de manera oficial el Plan Regional de Fortificaciones de la Guerra Civil (1936-1939), elaborado por la Dirección General de Patrimonio Cultural cuyo objetivo principal, según reza la información oficial, es la puesta en valor de este patrimonio singular existente en la región.

El entonces director y hoy consejero de la Oficina de Cultura y Turismo, Jaime de los Santos, declaró en dicha presentación que el Plan nacía como una herramienta de gestión supramunicipal con el objetivo de documentar, proteger y conservar la arquitectura defensiva edificada durante la Guerra Civil Española. El Gobierno regional pretende, con el desarrollo de este Plan, “continuar con la musealización de las fortificaciones más sobresalientes y con la creación de centros de interpretación para su visita pública y, así, dar a conocer a madrileños y visitantes este período histórico desde una mirada científica”.

Una iniciativa como esta es realmente interesante pues supone visibilizar una parte de nuestro pasado que resulta ampliamente desconocida para los habitantes de la región. Se trata sin duda de una necesidad manifiesta, máxime con la confusión creada por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y “protección” a estos bienes. Sobre el uso del término “sobresaliente” en la patrimonialización conviene no olvidar la Sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de la ley regional y sobre lo de “continuar la musealización”, resulta cuando menos curioso que ninguno de los restos de este periodo, en los que los gobiernos del Partido Popular ha invertido en los últimos años una cuantía nada despreciable, haya resultado declarado y por tanto no hayan conseguido protección desde un punto de vista jurídico (ni BIC, ni BIP). Con estos mimbres, el Plan tal y como lo plantea el Gobierno de Cristina Cifuentes nace además con importantes problemas tanto en su proceso de elaboración, como en su marco conceptual y cronológico.

El proceso de elaboración, desde sus inicios, ha estado marcado por la falta de transparencia y por la ausencia de un marco de participación abierto y plural. El Gobierno de Cifuentes dice haber elaborado el Plan en colaboración con varios ayuntamientos “competentes”, para valorar dicha competencia existen múltiples criterios empezando por, sin ir más lejos, el número de restos patrimoniales relacionados con el Plan. Sin embargo, al contrario, han quedado fuera precisamente los dos municipios que cuentan con más bienes conocidos hasta la fecha y que en alguno de los casos manifestaron su interés por participar: Madrid y Rivas Vaciamadrid. Un Plan de este tipo, que no cuente con todos los municipios interesados y afectados es, en la menor de sus consecuencias, una importante oportunidad desaprovechada. A esto se añade que el Plan tampoco articula ningún tipo de participación ciudadana o alude a la sostenibilidad del proyecto.

En cuanto a los marcos conceptual y cronológico, el Plan parte de un enfoque erróneo: incorpora elementos relevantes únicamente desde la dimensión que les da su arquitectura, aislados, sin contexto, primando su carácter de monumenta y lo hace en un marco cronológico que termina en 1939.

En el actual Plan Regional, la concepción de los restos de la guerra se hace únicamente en torno a las fortificaciones -un concepto que necesariamente se deberá redefinir para que elementos como las trincheras puedan considerarse incluidos-. Sin embargo, a la hora de construir una Memoria y proteger un Patrimonio Cultural hay que incorporar todos su elementos. Por ello cuando hablamos del patrimonio de la guerra y de la posguerra no se puede hablar solo de fortificaciones, sino que hay que incorporar todo aquello que construye la memoria de lo sucedido: los campos de batalla, los objetos, la arquitectura civil, o los destacamentos penales. Lo más adecuado y riguroso es que todos estos elementos no sean interpretados de manera atomizada, sino que se lean como paisajes. Esto requiere tener en cuenta cuál fue el contexto, cómo es su entorno y apostar por reflejar una realidad mucho más integradora. En los paisajes hay una pervivencia de las memorias, materiales e inmateriales, una perspectiva necesaria e integradora que construye desde la historia y se construye desde la sociedad de un modo dinámico. Para ello es necesario recuperar esos paisajes apoyándonos no sólo en el trabajo arqueológico, sino también en la reconstrucción de historias de vida, tanto de la vida cotidiana de los vecinos de la zona, como de las vivencias de las víctimas y sus familiares. La conservación del espacio como forma de recuperar la memoria implica que el sitio se abre hacia la comunidad potenciando la interacción entre lo humano y el territorio.

Por otro lado, la recuperación y conservación de una memoria dejando fuera la posguerra y la dictadura, incide en una memoria parcial que banaliza el relato de la dictadura. Conviene recordar que el marco cronológico del Plan Regional no tiene en consideración lo que establece la conocida como Ley de Memoria Histórica que en el artículo 15.3 recoge dentro de los vestigios a inventariar los de la Guerra Civil pero también los de la Dictadura. Existen numerosas líneas historiográficas que nos hablan de una guerra que se prolonga en muchos modos más allá del 39 repensando el marco referencial hasta 1945, incluso hasta el 1954 o 1975, es decir, durante estos años también se construyen recintos que han de estar inventariados, catalogados y protegidos. Por ejemplo, el destacamento penal de Bustarviejo que construyen presos franquistas dentro de unas obras encaminadas a realizar, con trabajos forzados, el ferrocarril que unía Madrid con Burgos.

El Plan de Fortificaciones del Gobierno de Cristina Cifuentes es un plan que pretende separar el patrimonio cultural de la memoria histórica y eso no es posible. Hablar de Patrimonio y Memoria es un pleonasmo, y decir que los restos arquitectónicos no tienen ideología y que resultan equidistantes es obviar el significado que las distintas convenciones y recomendaciones internacionales otorgan al Patrimonio o el que las ciencias sociales dan al estudio del pasado. Un Plan del siglo XXI debe ser mucho más que un Libro Blanco y algunas excavaciones arqueológicas.

Las políticas de Memoria implican al patrimonio, por ello es necesario una conservación de los bienes culturales a los que incorporar técnicas pedagógicas que tengan en cuenta su contexto histórico, para que el pueblo madrileño conozca su propia historia. De lo contrario, la única Memoria Histórica oficial vigente en la Comunidad de Madrid seguirá siendo la de los monumentos conmemorativos de exaltación de la dictadura franquista, o la de unos relatos que, como el caso de los libros de texto de secundaria, explican a los estudiantes madrileños que Machado se marchó con su familia a Francia o que Lorca falleció cerca de su pueblo. Una memoria parcial que profundiza el trauma de las víctimas y familiares. Una memoria que impide la construcción de una sociedad en paz y convivencia.

Los objetivos de un Plan Regional, son menos ambiciosos que construir una sociedad con tales valores pero, al menos, sí deberían contribuir a ello.