El contrato único o el reparto de la precariedad

Adoración Guamán (@AdoracionGuaman), Sebastián Martín (@sebas__martin) y Rafael Escudero (@RafaEscudero1). Profesores de Derecho en las universidades de Valencia, Sevilla y Carlos III de Madrid

Diríase que, para algunos, los males que padece el país tienen un fácil remedio. Acabar con esta espiral odiosa de recesión, desempleo y desajuste crónico entre ingresos fiscales y deuda pública dependería, tan solo, de adoptar una solución mágica.

Se preguntará usted de qué se trata. Se llama “contrato único” y llega para salvar nuestras vidas directamente desde la factoría de la fundación Fedea. Para conocer el invento basta con abrir cualquier diario liberal, centrista o derechista, aunque también circula en periódicos locales, entrevistas televisivas, blogs, redes sociales y hasta en medios de izquierdas. Todo vale, con tal de que la ciudadanía al completo pueda apreciar las virtudes de una propuesta que se presentó en sociedad hace algunos años en el solemne -y muy criticado- "manifiesto de los cien".

¿En qué consiste la figura? Dicen sus promotores -economistas en su mayoría- que es el medio para acabar con la dualidad del mercado laboral español, supuestamente escindido entre un personal privilegiado que disfruta de contratos indefinidos y trabajadores precarios condenados a la temporalidad. Partiendo de esta discutible premisa, el objetivo del contrato único sería que todos los trabajadores pasaran a ser “indefinidos”. Y para ello bastaría con que, en los primeros años de vida laboral, el contrato incluyese bajas cotizaciones e indemnizaciones por despido asequibles; unos costes que irían creciendo a medida que el trabajador fuese adquiriendo experiencia y resultando más productivo.

Cabe preguntarse dónde radica en esta propuesta el valor añadido de seguridad y de estabilidad en el trabajo que lógicamente debe caracterizar a un trabajador indefinido. Porque, ¿qué diferencia sustantiva existe entre un contrato temporalmente fijado y otro indefinido con despido gratuito, salvo que en el segundo el trabajador se encuentra más subordinado a la voluntad discrecional del empleador?

Lejos de plantear esta cuestión fundamental, sus defensores se limitan a afirmar que se basan en criterios exclusivamente técnicos. Sin embargo, hay evidencias que apuntan en sentido contrario. Que sus principales avalistas trabajen bajo el patrocinio de Abertis, Abengoa, Iberdrola, Banco Santander o BBVA no debe de ser mera coincidencia. Como tampoco lo es que quienes dirigen estas empresas sueñen desde hace tiempo con la rebaja de cotizaciones y con el despido gratuito.

Pretenden ocultar su ostensible condición de lobistas con apelaciones a la neutralidad de la ciencia económica y con el intento estéril de presentarse como baluartes del interés general ajenos a toda disputa ideológica. Pero su manera de proceder los delata. Para defender los intereses de las corporaciones a las que sirven, intentan desde hace tiempo colonizar los círculos decisorios de los principales partidos, incluido el PSOE. Para que luego se diga que son vulgares neoliberales. Si hasta han rebautizado su propuesta con el nombre de “contrato de igualdad de oportunidades”, recogiendo con ello un concepto propio de la tradición socialdemócrata.

Creyéndose poseedores de la verdad científica, los “académicos” del “contrato único” piensan que las objeciones a su iniciativa solo pueden proceder de autores cegados por el sectarismo y la ideología. A quién se le ocurre, si no, denunciar que este tipo de contrato supondría otro abaratamiento del despido y, por consiguiente, una todavía mayor desprotección del trabajo. Salvo algún jurista trasnochado, quién puede llegar a plantear que la idea subyacente al contrato único -es decir, el abaratamiento de los costes laborales para ganar competitividad- goza ya de plena aplicación tras las últimas reformas laborales, con los deficientes resultados ya conocidos y con la paradójica consecuencia de haber finiquitado en la práctica la dualidad por la vía de la precariedad para todos.

Y es que la expansión del contrato de fomento de la contratación indefinida en la reforma laboral de 2010, y la posterior creación, en la última reforma de 2012, del contrato “indefinido” de apoyo a los emprendedores son ya claros ejemplos de la voluntad de generalizar formas de contratación precarias con despidos baratos o incluso gratuitos. A la vista está que estas reformas solo han logrado más precarización y más paro. Si la fórmula del contrato único carece de precedentes empíricos para contrastar, y si los principios en que se basa cuentan ya con una aplicación de nefastas consecuencias, lo que estos economistas vienen a exigir no es más que un acto de fe.

A esta fe irracional en la presunta objetividad de la ciencia económica cabe oponer una preferencia racional por la cultura de la legalidad. De hecho, motivos de este orden pueden esgrimirse contra el contrato único. Su implantación equivaldría a la gratuidad del despido sin causa en la primera -y acaso única- etapa laboral, y esto supone una palmaria vulneración del principio de estabilidad en el empleo consagrado no solo en los convenios de la OIT suscritos por España, sino también en la interpretación jurisprudencial del art. 35 de la Constitución.

Por otro lado, nadie asegura que el contrato único no acabe convirtiéndose, más que en una fórmula estable, en un contrato indefinidamente temporal. ¿Qué podría impedir, si no, el recambio masivo de los trabajadores de mediana edad con experiencia, justo cuando sus costes laborales comenzaran a incrementarse, por trabajadores jóvenes low cost? Contra este peligro real solo cabe exigir otro acto de fe: la confianza en que nuestro empresariado no perseguirá ante todo la maximización del beneficio en el corto plazo.

Sería además deseable que los defensores del contrato único mantuvieran cierta coherencia entre lo que postulan y lo que practican. Por ejemplo, en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid -lugar en el que se han gestado buena parte de las tesis de Fedea-, existen casi 100 profesores asociados, es decir, trabajadores a tiempo parcial, contratados por cuatrimestres, con sueldos ridículos y con las mismas funciones docentes que un profesor con contrato laboral indefinido o funcionario. No parece que esto sea una buena forma de predicar con el ejemplo, manteniendo en la inestabilidad a tan elevado número de trabajadores.

La adopción del contrato único no implicaría más que la igualación a la baja de los derechos de los trabajadores y una generalización de la precariedad. Quienes cuestionan la propuesta llevan tiempo planteando que la solución a los problemas derivados de la crisis no radica en una reforma permanente de las normas laborales. La salida no está en refundar el modelo laboral patriarcal, basado en el miedo al desempleo y en la coacción al trabajador para que acepte unas condiciones cada vez más miserables. Todo lo contrario. La solución pasa por reconocer el fracaso del modelo económico como causa fundamental de nuestra crisis. Con este adelanto, se apreciaría la urgente necesidad, entre otras muchas, de fomentar en el empresariado la lógica de la previsión, para lo cual resulta indispensable una protección rigurosa del trabajo, que impida su sacrificio al primer contratiempo.