MABEL GONZÁLEZ BUSTELO

La Ley de Comercio de Armas que aprobó el Parlamento español el 19 de diciembre es un avance importante para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas. El comercio de armas sin control causa una muerte cada minuto. Se calcula que en el mundo hay un arsenal de 640 millones de armas y que cada año se fabrican ocho millones más. Esta proliferación hace más fácil que terminen en manos de Gobiernos irresponsables o represores, señores de la guerra, mafias y organizaciones terroristas o grupos armados que las utilizan para violar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La falta de controles y el largo ciclo de vida de las armas son una mezcla explosiva. Se cree que, de todas las que están ilegalmente en circulación, un 80% salió al mercado como consecuencia de una transferencia autorizada y aprobada por un Estado, para luego acabar en el mercado negro. Las armas no son la causa de la violencia que afecta a muchas sociedades, pero contribuyen al estallido de conflictos latentes, hacen más graves sus efectos y ayudan a perpetuarlos, afectando a la vida diaria de millones de personas. La violencia causa 500.000 muertos todos los años. Además, en países que salen de un conflicto, hace más difíciles –en ocasiones, imposibles– los esfuerzos por reconstruir el Estado, reanudar el desarrollo y consolidar la paz.

No hay regulaciones internacionales estrictas para controlar el comercio de armas. Sería muy importante lograrlas pero, al mismo tiempo, cada Gobierno tiene que asumir su responsabilidad. La Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que el día 19 fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, es un paso en esta dirección. La ley, por ejemplo, obligará al Gobierno a aplicar los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea, que no permiten transferencias de armas a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, entre otras limitaciones.

Esto es un paso importante si tenemos en cuenta que España se convirtió en el año 2006 en el octavo exportador del mundo de armamento y material de doble uso, con 845 millones de euros (el doble que el año anterior). Además, hasta ahora hemos tenido escasa información sobre qué se vende exactamente y a quién, y en la poca información pública aparecían destinos preocupantes como Colombia, Pakistán, Guatemala o Marruecos. Nuestro país es también el primer exportador de munición a África subsahariana. En 2006, vendió munición a Ghana por valor de 3,2 millones de euros, a pesar de su posible impacto negativo y del riesgo de tráfico ilícito a países vecinos, algunos de ellos en situaciones de conflicto o posconflicto.

La nueva ley debería forzar cambios en esta situación. Por ejemplo, a partir de ahora las armas y municiones de caza y tiro deportivo se considerarán material sujeto a controles, algo que hasta ahora no sucedía. Además, cualquier operador que pida una licencia de exportación deberá incluir documentos de control, como cláusulas de no reexportación, e información sobre los métodos de transporte de las cargas y los países de tránsito. Se podrán denegar operaciones a países donde haya evidencia de desvíos de armas. Y, para autorizar o denegar una transferencia, también se tendrán en cuenta los informes sobre derechos humanos de organismos de Naciones Unidas y otros centros, y organizaciones que trabajan en paz, desarme o derechos humanos. Por otro lado, la ley incluye un compromiso de avanzar hacia la prohibición nacional e internacional de las bombas de racimo, armas de efecto indiscriminado cuyas víctimas son en un 98% civiles y que se fabrican en numerosos países, entre ellos España.

El texto aprobado también amplía el control parlamentario. A partir de ahora, el Parlamento no sólo recibirá la información sino que podrá emitir un dictamen con recomendaciones de cara al año siguiente. En materia de transparencia, se elimina la referencia a la Ley de Función Estadística Pública, que era hasta ahora el principal argumento esgrimido para no dar más información sobre el tipo de producto exportado. Esto abre la puerta a una mayor transparencia, que debería permitir que la sociedad pueda tener más información sobre qué productos exporta España y a dónde.

La sociedad civil española lleva más de 10 años presionando para lograr más control y transparencia del comercio de armas. Hace poco más de una década, la información relativa al comercio exterior de material de defensa era secreta y las transferencias de armas no estaban sujetas al control político ni de la opinión pública. La toma de conciencia de los ciudadanos y el trabajo de diferentes organizaciones y de distintas fuerzas políticas parlamentarias han permitido combatir el secretismo y avanzar hacia una mayor transparencia y control. Desde el lanzamiento de campaña, cientos de miles de personas y decenas de instituciones han apoyado estas peticiones.

A lo largo del último año la presión ha ido dirigida a mejorar el proyecto de ley que presentó el Gobierno. Activistas, voluntarios y ciudadanos han apoyado con sus firmas y sus acciones esa necesidad de control, y la ley finalmente aprobada, aunque lejos de ser perfecta, abre la puerta a mejoras sustanciales.

Ahora la tarea será vigilar que se cumple de forma estricta en el espíritu y la letra. Una señal positiva sería que el Gobierno enviase pronto al Parlamento la información sobre las ventas en el primer semestre de 2007.

Mabel González Bustelo es responsable de Desarme de Greenpeace

Ilustración de Mikel Jaso