Estos días asistimos a una situación inédita e inaudita en la cooperación española de la que nadie sabe cómo se saldrá.

Después de meses de talleres y sesiones organizadas para alimentar el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, el documento estratégico que debe marcar los objetivos, prioridades y recursos de la cooperación española para los próximos cuatro años presentado por el Gobierno recaba el rechazo de todos los actores.

Si bien es cierto que el Gobierno no necesita el beneplácito de los agentes y actores del sistema para aprobar el V Plan Director, hacerlo sin otro apoyo que el suyo propio supondría un duro varapalo para una política que se ha jactado tradicionalmente de ser resultado del consenso.

Aprobar el V Plan Director en solitario supondrá un serio revés para un Ministerio que no se encuentra precisamente en sus horas más altas tras la apuesta del Presidente del Gobierno por dotarlo de un perfil excesivamente técnico, sin políticos de rango en la cadena de mando.

El Gobierno no ha entendido que, tras seis años de deterioro y abandono de la política de cooperación internacional para el desarrollo, es necesario algo más que buenas palabras.

La voluntad política y el compromiso de un gobierno con las políticas públicas tienen una prueba del nueve y es el marco presupuestario y el peso institucional del que se las dota. Y estas dos variables no se recogen en el V Plan Director de la Cooperación Española.

Decir que se incrementará el presupuesto cuando se pueda es no decir nada o decirlo todo.

La cooperación internacional para el desarrollo es seguramente la política pública más damnificada por los Gobiernos del Partido Popular, situándola en niveles de la década de los años 80 del siglo pasado, con un recorte del 70% que en el caso de la acción humanitaria asciende al 90%.

Hace siglos que España dejó de ser una potencia militar o comercial. Sin embargo, en la actualidad se puede ser una referencia internacional en otros ámbitos y la cooperación internacional y las acciones enmarcadas en la misma son uno de los más relevantes.

El compromiso con una globalización justa, con la igualdad, con los derechos humanos, con el desarrollo sostenible nos situó durante los gobiernos socialistas a la vanguardia del multilateralismo, de los espacios de debate de la política global con un claro papel de liderazgo.

Dilapidada la herencia recibida, el gobierno tiene la responsabilidad de recuperar la política pública que sentó a España en el G-20 o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La excusa de la crisis se ha agotado. Pero volvamos a la cruda realidad.

Con los recursos disponibles ni siquiera es viable el plan propuesto por el Gobierno, como no lo ha sido el IV Plan Director. Por tanto, la propuesta del Gobierno no es creíble.

El Gobierno debe comprometerse con una hoja de ruta que nos conduzca al 0,4% al final de la legislatura con hitos anuales.

Esta es una conditio sine qua non para proceder a debatir el contenido de una propuesta a todas luces inviable con la actual dotación presupuestaria de la cooperación española.

Del mismo modo, la estructura aprobada en julio de 2017 relegando la institucionalidad de la cooperación a una Dirección General dentro de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC) es la imagen de la ausencia del compromiso del Gobierno con esta política pública.

Además de recuperar el peso institucional, como mínimo el estado anterior a la última reforma, es necesario acometer reformas en el sistema como la política de recursos humanos, los instrumentos de financiación y justificación, las alianzas con los actores del sistema por mencionar las más urgentes.

Estas dos cuestiones son imprescindibles para implementar una nueva estrategia de cooperación que se articule en torno a la agenda de desarrollo 2030 priorizando aquellos objetivos y metas sobre los que la Cooperación Española en su conjunto ha demostrado su experiencia, valor añadido y profesionalidad en sus más de 30 años de historia. Valores que parecen desconocerse.

En definitiva, estamos ante una oportunidad perdida para la cooperación española que tras seis años de deterioro debería afrontar una recuperación acorde a la recuperación económica del país y a los retos que ha asumido España como actor de la comunidad internacional.

Cuatro años más en la tónica de estos últimos consolidarán a la cooperación internacional para el desarrollo como una política meramente testimonial.

La cooperación para el desarrollo no es una política de solidaridad, o no solo, es una política pública determinada por el papel que un país quiere desempeñar en el mundo.

Seguramente ahí radica la respuesta.