La ONU está preocupada desde hace décadas por el cambio climático. A pesar de informes de contrarios a la acción contra las emisiones de CO₂, que dicen que sus impactos son pequeños, estos son ya notables. Y serán muy amenazantes a lo largo de los próximos años del siglo XXI.

Las COP (Conferencias de las Partes), es decir, de los países interesados por el tema, tratan de impulsar decisiones prácticas para la reducción de las emisiones de los gases que frenan la salida de calor desde la Tierra hacia el espacio exterior. También para la adaptación a los cambios climáticos ya generados.

Son reuniones complejas y los debates se extienden horas y horas. La intención es llegar a un comunicado final en el que se plasmen compromisos sobre dichos temas.

Reducir las emisiones implica reducir el consumo de combustibles fósiles. La adaptación implica medidas para el ahorro y almacenamiento de agua y plantar especies vegetales para disminuir la deforestación, entre otras.

La riqueza no es más que otro nombre para la disponibilidad de energía. Las empresas más ricas del mundo son las petroleras y gasistas en su conjunto, aunque cada una de ellas tenga ingresos individuales menores de los de Amazon y Google.

Estas empresas que extraen y venden combustibles fósiles no van a dejar de intentar hacerlo. Lo contrario sería como pedir a una persona que vive de vender trigo que deje de plantarlo.

No, no hay incentivos posibles para que esas empresas cierren los pozos de petróleo y gas.

¿Cuál es la solución?

Parece evidente: es la sociedad la que tiene que generar otro tipo de energía que haga invendible el petróleo y el gas. La sociedad se estructura en estados, de manera que son estos los que deben incrementar la disponibilidad de energía renovable, que consigan que las energías emisoras de CO₂ se conviertan en irrelevantes.

No tienen sentido alguno las propuestas de capturar CO₂: es como decir que vamos a ponernos una venda después de rajarnos el brazo con una cuchilla. Es estúpido hacer daño sin conseguir nada a cambio.

Parece mucho más razonable tratar de conseguir toda la energía posible del sol. Ya sea de forma directa o indirecta, a través de los vientos que el astro genera al calentar los océanos.

Los edificios españoles de nueva construcción deben, desde hace unos años y por ley, disponer de sistemas de agua caliente solar. Sería muy fácil hacer que otra normativa obligue a que todos los edificios que se construyan a partir de ahora tengan el máximo de electricidad fotovoltaica que permitan sus tejados.

¿Costoso? No, pues el ahorro en la electricidad de las redes eléctricas compensa con creces el posible aumento del precio. Y digo posible porque una demanda enorme de celdas fotovoltaica hace bajar su precio de manera radical. Recordemos cuánto costaban los teléfonos móviles en 1995, y los coches en 1900.

La promoción intensa de los vehículos eléctricos compartidos haría disminuir radicalmente el número de vehículos de combustión de compuestos de carbono. Esto no generaría problema en las fábricas de coches, que fabricarían coches eléctricos en vez de con motores de combustión.

La construcción de túneles al vacío (o casi vacío) entre los grandes centros distribuidores de mercancías eliminaría el enorme tráfico actual de camiones que se mueven con gasóleo. La rapidez del transporte de mercancías generaría una enorme demanda de trabajadores que las distribuyesen a tiempo en esos centros logísticos. Todo consistiría en sustituir un tipo de trabajo por otro.

¿De dónde saldría el dinero, la riqueza necesaria para hacer esto? Siempre que se desarrollan esquemas que permiten ganancias se encuentran inversores que aportan esa riqueza. Aún más si se hace con la garantía del estado, si tenemos en cuenta que el aumento de energía capturada y la disminución de riqueza disipada en los esquemas actuales de transporte compensan en menos de siete años cualquier inversión y generan grandes beneficios tras ese plazo.

En la COP 25 de Madrid se establecerán compromisos. Se firmarán acuerdos.

Recordemos que el vicepresidente de los EE. UU., Al Gore, firmó en Tokio un acuerdo que el Congreso estadounidense anuló en pocos días.

España debería avanzar, y rápido, por el camino del freno a las emisiones de CO₂. Por compromiso, por los impactos que el cambio climático tiene sobre nuestro país.

Pero sobre todo porque nos traería una enorme riqueza a los españoles en muy poco tiempo.

Si somos listos, avanzaremos por esa senda.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation