El 16 de octubre de 1973, como respuesta a la guerra de Yom Kipur, la OPEP detuvo la producción de crudo y estableció un embargo a Occidente. La medida también debía afectar a España, pero Franco aprovechó la íntima amistad de su entonces heredero Juan Carlos con el príncipe saudí Fahd para esquivar la famosa Crisis del Petróleo, “Decid a mi hermano el príncipe Don Juan Carlos que le enviaremos todo el petróleo que España necesite” contestó. No fue gratis, a cambio de asegurarse el suministro, el dictador le permitió a su delfín empezar a cobrar un porcentaje por cada barril de crudo importado, práctica que fue prolongada por el Gobierno de Adolfo Suarez y continúa hasta la actualidad, según Roberto Centeno, exconsejero delegado de Campsa.

El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco y tras jurar los oportunos Principios del Movimiento Nacional, Juan Carlos fue proclamado Rey de España. Según José García Abad, investigador y escritor dedicado al asunto, llegó al trono con una mano delante y otra detrás, pero “obsesionado por hacerse con una gran fortuna personal”. Un año después, y tras pedir dinero por todo oriente (la misiva fue publicada en el libro de memorias del que fuera jefe de la Casa del Sha de Persia), consiguió hacerse con un suculento préstamo de 100 millones de dólares para “el fortalecimiento de la democracia española”, concedido por el propio príncipe Fahd bin Abdulazid. No se tiene constancia de su devolución, y le siguieron otros regalos como joyas, caballos, coches de lujo… y en 1979 el famoso yate Fortuna. Todo de procedencia saudí.

Así, el recién coronado monarca comenzó una oscura carrera de corrupción, sobornos, chantajes, regalos, comisiones y cuentas en paraísos fiscales. Las cosas no le fueron del todo mal: 3 millones de dólares de Ruiz Mateos en 1981, 4 millones de dólares en 1982 de comisión por la compra de 84 cazas F-18, 1.100 millones de pesetas de herencia opaca a Hacienda en 1993, 100 millones de dólares de Javier de la Rosa en 1995, 50 millones de euros de comisión por la venta del Banco Zaragozano en 2003, 100 millones de euros del Rey de Arabia Saudí en 2008 de origen desconocido... la punta del iceberg. En 2012, año en que se rompía la cadera en una cacería de elefantes pagada por Mohamed Kayali, representante de la familia real saudí, The New York Times publicó un trabajo de investigación que le atribuía una fortuna personal de 2.300 millones de dólares, es decir, unos 1.800 millones de euros.

La Constitución Española de 1978 establece en su Artículo 56.3 que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Esto lo sabe todo el mundo, lo que no sabe tanta gente es que inmediatamente después dice “Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64”, es decir, que el rey es inviolable, sí, pero exclusivamente respecto de los actos refrendados por el Presidente del Gobierno, esto es, sus actos realizados como Jefe del Estado. En la práctica, esto se ha extendido a cualquier acto Real, incluida su vida privada. Es decir, el rey podría ir si lo quisiera por la calle disparando a quien le plazca, o puede si lo desea robar, comerciar con armas, defraudar a hacienda, amenazar a sus amantes… o todo esto a la vez.

El 14 de enero de 2017, el rey Felipe VI fue a Arabia Saudí a visitar a su “primo” el príncipe Mohamed bin Salman, MBS para los amigos, decapitador para los disidentes, lapidador para las mujeres, genocida para el pueblo yemení y descuartizador de periodistas para el resto del mundo. Aprovechó la estrecha amistad que les une (según la propia casa real) para firmar varios suculentos contratos que ya habían sido negociados anteriormente por su padre Juan Carlos, entre ellos la venta por 2.000 millones de las 5 corbetas que Arabia Saudí necesita para reforzar el bloqueo naval que ha causado ya 250.000 muertos en Yemen, aproximadamente la mitad niños y niñas menores de 5 años. Pero también el AVE a La Meca y muchos otros contratos más, nada se mueve en Arabia Saudí sin que la Casa Real española pase el cepillo.

El pasado 4 de marzo, el periódico suizo Tribune de Genève publicó que fruto de aquella negociación el emérito se embolsó al menos otros 100 millones de dólares en comisiones, pero nos estamos adelantando.

El 9 de agosto de 2018, un autobús escolar partía dirección a una escuela de verano en el norte de Saada, Yemen. Significaba un pequeño respiro para unos niños asfixiados por la guerra, es fácil encontrar en internet un vídeo grabado al iniciar el viaje, lo difícil es olvidar después esas sonrisas de pura e inocente felicidad. A su paso por el mercado de Dahiyan, un piloto saudí fijó su sistema de armas en el autobús escolar y disparó una bomba MK82 Pavaway de 227 kg guiada por láser, la misma usada anteriormente para asesinar 155 personas en un funeral, 97 en un mercado… Esta vez fueron 40 pequeños ataúdes verdes los que se lloraron en la plaza de aquel pueblo, y 40 las mochilas azules de Unicef que quedaron tiradas por el suelo manchadas de sangre. La ONU lo calificó como Crimen de Guerra.

El 4 de septiembre de 2018, había pasado menos de un mes, el Gobierno anunció la anulación de la venta por parte del Ejercito del Aire español a Arabia Saudí de 400 bombas MK82 Pavaway de 227 kg guiadas por láser, y la devolución de los 9,2 millones de euros abonados por ellas. Una cifra pequeña comparada con los 270 millones de euros exportados el año anterior, hasta 12.000 toneladas de bombas según algunas fuentes, pero que enfureció a MBS, poco acostumbrado a que le lleven la contraria. Inmediatamente amenazó con cancelar el contrato de las 5 corbetas.

El 10 de septiembre Margarita Robles anunció que la venta de las bombas no estaba anulada, sino “en proceso de revisión”. El 12 de septiembre se confirmó que las bombas finalmente se mandarían, ya que “son bombas inteligentes que no matan yemeníes”. A día de hoy, las personas que pronunciaron esas abyectas palabras, Isabel Celaá y Josep Borrell, no solo siguen su carrera política sin consecuencias, sino que Borrell incluso ha sido nombrado Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cargo incompatible con el absoluto desprecio mostrado hacia la vida de las decenas de miles de yemeníes asesinados por esas bombas “inteligentes”.

¿Qué hizo a todo un Gobierno europeo cambiar de opinión y enviar a Arabia Saudí un material que sabía a ciencia cierta que se iba a usar para cometer Crímenes de Guerra? Según la versión oficial, fueron las protestas de varios cientos de trabajadores a las puertas de los astilleros de Navantia, quemando unos cuántos neumáticos. Es curiosa esta versión, porque un mes después se produjeron nuevas protestas, esta vez de miles de trabajadores, a las puertas del astillero de La Naval de Sestao, que pasaron totalmente desapercibidas. No pedían mandar bombas para masacrar a la población civil, sino financiación para poder acabar una draga. ¿Unos cientos hicieron arrodillarse a un Gobierno “progresista” y renunciar a la más básica defensa de los Derechos Humanos, y miles después no consiguieron una triste financiación para terminar un encargo civil que tenían a medias? No tiene mucho sentido, en un país que no se destaca precisamente por escuchar a los colectivos laborales en lucha.

Curioso también que en abril de ese mismo año Navantia hubiera renunciado “por exceso de carga de trabajo” al conocido como programa Tamandaré de la Armada Brasileña, que contemplaba la construcción -¡Oh, sorpresa!- de 5 corbetas similares a las saudíes. ¿Por qué 5 corbetas para Brasil en abril no y 5 corbetas para Arabia Saudí en septiembre sí? ¿Qué hacía diferentes a las corbetas saudíes de las brasileñas? ¿Quién tenía interés en que se vendieran unas y no otras? ¿Quién es capaz de hacer rectificar a un Gobierno mediante una llamada de teléfono? Todo parece indicar que el nuevo rey ha decidido hacerse cargo del negocio familiar.

Y qué más le da, si es inviolable…

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