El PP ha reconocido su beneficio ilícito en el asunto de la trama de corrupción Gürtel. En consecuencia ha depositado 245.492,8 euros que el tribunal ha juzgado que debía restituir por recibir fondos públicos financiados por el grupo de empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama. Bienvenida sea la decisión judicial que no deja de ser un pequeño apunte en la buena dirección de evitar la corrupción sin restitución. Es esta una práctica que genera desconfianza en la ciudadanía y que extiende un oscuro escepticismo sobre la capacidad de justicia social en nuestras democracias.

Ya en su momento el Tribunal Supremo avaló la existencia de una ‘Caja B’ en el Partido Popular. El propio Francisco Correa confesó que cobró comisiones de empresarios y que el dinero se lo repartía con el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Así el PP habría obtenido dinero extra para la financiación de sus actividades o, incluso, para repartirlo entre algunos de sus dirigentes. De acuerdo a las propias palabras del cabecilla de la ‘Gürtel’: "Yo estaba más tiempo en Génova [sede del Partido Popular] que en mi propio despacho. Era mi casa, vamos".

Después de celebradas en 1979 las primeras elecciones municipales tras el franquismo se desataron las peleas internas en los partidos por ocupar las concejalías de urbanismo, aquellas más propicias a los enjuagues de las recalificaciones urbanísticas y a las generosas mordidas de promotores y comisionistas. ¿Cómo fue posible que algunos concejales que habían dejado sus modestos empleos como torneros u oficinistas, pongamos por caso, paseasen con sus haigas las calles de sus municipios al término de sus mandatos como responsables políticos del urbanismo? Algunos han llegado a justificar sus conductas en la recaudación de dineros para sus partidos, aunque parte de sus mordidas acabasen en sus cuentas bancarias.

Los últimos avatares relativos a los casos de corrupción prosiguen las prácticas de pillería institucional hechas públicas entre 1988 y 1990, cuando el PSOE, por mediación de las empresas tapaderas Filesa, Malesa y Time-Export, obtuvo considerables cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas, los cuales nunca llegaron a materializarse. Fue ése el primer el primer caso documentado de financiación ilegal de un partido político, por una cantidad equivalente a unos 18 millones de euros actuales. El caso AVE fue otra corruptela de la época relacionada con el anterior, por el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de las obras del AVE Madrid-Sevilla. Una de las condenadas fue Aída Álvarez, responsable de finanzas del PSOE. Mi colega Carles Ramió de la Universitat Pompeu Fabra ha dedicado años de investigación y reflexión respecto a esto temas en lo que afecta a la renovación de la función pública en España.

Más allá de la actuación, a menudo lenta y tibia de la justicia, se hace necesario para la higiene democrática de un país que, en el supuesto caso de robo de dinero público, los culpables devuelvan lo hurtado. Hace unos años se produjo en Italia un caso de corrupción que implicó a un dirigente de un partido menor que había recibido ingentes cantidades de dinero público, y que él había camuflado en beneficio propio. Con tales ganancias el implicado incrementó su patrimonio personal con la compra de un lujoso apartamento, no lejos de donde estuvo enterrado durante decenios Alfonso XIII en la Iglesia de los Españoles en la via Monserrato de Roma. En un arranque de ‘arrepentimiento’, Luigi Lusi, ex militante del Partido Comunista Italiano y administrador del partido La Margherita integrado en la coalición electoral de L’Ulivo, se mostró ‘dispuesto’ a negociar una rebaja de su peculio personal, aunque manteniendo su apartamento con vistas en el centro de la Ciudad Eterna.

El pícaro tesorero de la formación liderada por Francesco Rutelli, ex alcalde de Roma, había ingeniado un sistema por el que llegó a esconder desde 2002 un cantidad de hasta 25 millones de euros procedentes de los fondos que ponen a disposición de los partidos políticos los contribuyentes italianos, según su implantación electoral. Los dineros de ‘ida y vuelta’ transferidos a sociedades interpuestas en Canadá engrosaron un sustancial patrimonio familiar en el que participó activamente su esposa. Lusi fue condenado a 7 años de reclusión y, aunque han sido confiscadas por las autoridades italianas unas propiedades por valor de 9 millones de euros, se ha perdido hasta ahora el rastro del ‘tesorito’ restante de 16 millones.

La Corte de Casación italiana confirmó en diciembre de 2017 la condena de 7 años de reclusión de Lusi, en la apelación a una sentencia de un Tribunal de Roma de 2014. No transcurrieron dos años para que el ex tesorero abandonase la cárcel en septiembre de 2019, siendo encomendada su custodia a la Cáritas de Roma para realizar labores sociales con un estipendio mensual de 1.600 euros (sic). ¿Encontrarán nuestros lectores algún semejanza con los casos destapados por la Gürtel y alguno de sus más mediáticos protagonistas? El tiempo dirá, aunque la percepción pública, como sucede en Italia, se habrá disipado en un mar de impunidad.

¿Conocen ustedes el caso de algún representante político español que siquiera haya propuesto una quita en la reparación dineraria de sus fechorías después de ser condenado? Además de la devolución del dinero robado a los contribuyentes por los corruptos confesos, los media bien harían en generalizar su indispensable labor de información mostrando los casos de enriquecimiento visible y escabroso de algunos políticos. No son pocos los casos de asalariados que, tras su paso por las instituciones como representantes ciudadanos, se han convertido en millonarios haciendo ostentación de signos externos de riqueza y provocando la creencia de ‘todo vale en la política’, o ‘yo me hecho político para forrarme’. Los efectos de tales comportamientos son tóxicos y, por tanto, necesitan exponerse a la luz pública.

Afortunadamente existen periodistas que no cejan en hacer desenmascarar a los farsantes. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en su acrónimo en inglés) es un colectivo de periodistas que en más de 70 países buscan desenterrar delitos internacionales, corrupción y abusos de poder. Apoyemos su labor de higiene informativa difundiendo su hallazgos y labores de investigación como ya sucedió con los Papeles de Panamá. La alternativa a la corrupción sin restitución es un mensaje a las generaciones jóvenes de que robar dinero público es parte del juego político. Y es que los crápulas hasta se pavonean de haberse ido de ‘rositas’.

Libro homenaje a Luis Moreno: Las transformaciones territoriales y sociales del Estado en la edad digital. Francisco Javier Moreno Fuentes y Eloísa del Pino (Eds.) (2020). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

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