FRANCISCO DE LA TORRE DÍAZ

A medida que la crisis económica avanza en el tiempo, nos olvidamos de sus comienzos y de sus causas mientras intentamos buscar salidas que cada vez se ven más lejanas. Al comienzo de la crisis, algunos gobiernos se plantearon la posibilidad de corregir los problemas e injusticias más evidentes de nuestro sistema económico. El caso más paradigmático es el de los paraísos fiscales, que llegaron a ser señalados como los causantes de la crisis financiera. Ahora es como si, de repente, nada de esto existiese.

Esta cuestión parece haber quedado en el olvido ante las dos prioridades de casi todos los gobiernos: reducir el déficit público y reestructurar el sistema financiero. Es obvio que los estados no pueden gastar por encima de lo que ingresan de forma indefinida y que los sistemas financieros son imprescindibles para el funcionamiento adecuado de la economía. No obstante, estos objetivos necesarios no son incompatibles con la lucha contra los abusos de los paraísos fiscales.

Empecemos por señalar lo obvio: los paraísos fiscales tienen muy pocos impuestos y compiten por captar capitales del exterior. El uso de paraísos fiscales y de otros territorios de fiscalidad privilegiada perjudica a las haciendas públicas y obliga a aumentar los impuestos de los que no tenemos acceso a estos territorios. En estos momentos, no sólo es un problema de justicia, de que algunos privilegiados e insolidarios de gran poder económico no paguen por los servicios públicos que utilizan, sino también es un problema grave de suficiencia recaudatoria.

Aun así, el problema fundamental de los paraísos fiscales es que son creadores de sombras: su sistema financiero funciona con una opacidad casi absoluta, resultado de la combinación de un secreto bancario blindado y una

cooperación con otros estados prácticamente nula. Como no se le escapa al lector, esta oscuridad facilita el fraude fiscal, agravando el problema de la competencia fiscal desleal que los paraísos realizan con sus bajos impuestos.

La oscuridad no sólo es evitar al fisco, también ha sido y es impunidad. Muchos delitos, la inmensa mayoría, se cometen por dinero. La forma más efectiva de perseguirlos es seguir el rastro del dinero. De hecho, el avance más importante en la lucha contra los delitos económicos es el establecimiento del delito de blanqueo de capitales, que consiste en utilizar el sistema financiero para reintroducir fondos que proceden del delito, haciéndolos pasar por dinero obtenido legalmente. Todo este esquema se viene abajo en cuanto aparece un paraíso fiscal y no se puede seguir el rastro de ese dinero, que no siempre tiene una procedencia lícita. La cuestión es importante, ya que la ONU y el Banco Mundial estiman que el intercambio transfronterizo de fondos ligados a la corrupción, el crimen organizado y el fraude fiscal asciende a una cifra entre 1 y 1,6 billones de dólares. La mayor parte se realiza a través de paraísos fiscales.

No es ninguna casualidad que los dictadores del Tercer Mundo, los mafiosos de toda condición, los traficantes de armas y también los grandes beneficiarios de los casos de corrupción más importantes tengan su dinero a buen recaudo en paraísos fiscales. En consecuencia, la lucha contra los paraísos fiscales no sólo es la lucha contra el fraude fiscal y la injusticia más radical en el reparto de las cargas públicas, sino fundamentalmente es la lucha contra todo tipo de delitos económicos, para evitar así que sus autores se lucren con el beneficio de sus delitos.

Que la lucha contra la utilización de los paraísos fiscales es un elemento clave en la lucha contra el fraude fiscal y, por tanto, ayuda a la recaudación fiscal y a la lucha contra el déficit, no necesita mayor explicación. Otra cuestión que quizás no sea tan evidente es que para reformar el sistema financiero es necesario que una parte de él no funcione sin reglas y en la opacidad más absoluta. En consecuencia, para la salida de la crisis resulta muy conveniente limitar el papel que han jugado los creadores de sombras en el sistema financiero y fiscal internacional.

Como el problema de los paraísos fiscales es común a toda la comunidad internacional, la mejor respuesta siempre es la coordinación internacional. Sin embargo, tras unos inicios prometedores, la respuesta internacional sólo está obligando a estos territorios a firmar acuerdos de intercambio de información, muy a menudo con otros paraísos fiscales. De momento, y por decirlo de forma suave, no se ven resultados claros.

Uno de los problemas es la falta de impulso político. El liderazgo de esta iniciativa debía corresponder a Estados Unidos. Si la primera potencia presionara a estos territorios, sería mucho más fácil para los demás estados seguir su estela. Curiosamente, el actual presidente, Barack Obama era uno de los tres promotores de la propuesta legislativa más ambiciosa contra los paraísos fiscales: Levin-Coleman-Obama Stop Tax Haven Abuse Act (Ley de Alto al Abuso de los Paraísos Fiscales). Aun así, esta propuesta sigue languideciendo en el Congreso de Estados Unidos. No parece probable que el Tea Party vaya a tomar el relevo… Paradójicamente, a día de hoy, a los banqueros de estos territorios les preocupan más los jueces y sobre todo la fuga de información y Wikileaks que la presión política.

Aun así, desde España se podría hacer algo más: establecer tasas a las operaciones con paraísos fiscales, negar personalidad jurídica a las sociedades radicadas en los mismos u obligar a nuestros bancos a no operar desde paraísos fiscales; o al menos dar la misma información a las autoridades administrativas y judiciales que los bancos españoles. Es un mandato muy antiguo, desde el Génesis a Platón, contra los creadores de sombras. Fiat lux: Hágase la luz.

Francisco de la Torre Díaz es portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda

Ilustración de Enric Jardí