Criminalización de la pobreza: la vivienda como un conflicto de clase

Estaba tomando un café en el Parlamento andaluz cuando se acercaron dos diputados del PP, trataron de ser simpáticos conmigo. Ese día discutíamos una iniciativa de vivienda que presentamos desde nuestro grupo parlamentario. Les pregunté en tono jocosoqqué iban a votar, aunque conocía la respuesta. Pero mi asombro empezó cuando para justificar el voto comenzaron a decir que ser casero también era muy complicado, hasta que terminaron reconociéndome que uno de ellos tenía un familiar cercano que se dedicaba a comprar edificios enteros y ponerlos en alquiler. Además, tenía cuatro pisos en propiedad alquilados;el otro, seis.

Al ver que yo empezaba a enfadarme un poco, terminaron su argumento de la siguiente manera: “no vamos a tener nuestro dinero parado, ¿no?”. “Además, esa cantidad de pisos los tiene hoy cualquiera”. “Cualquiera”, sí, dijeron “cualquiera”.

Quienes escribimos este artículo formamos parte de los cientos de miles de personas que sufrieron las amenazas de los bancos para echarnos de nuestras casas. En mi caso (Raquel), viví en primera persona la transición del modelo hacia el actual. Tras la orden de desahucio conseguí la dación en pago y un acuerdo de alquiler para quedarme en mi casa. Después, un fondo buitre compró la vivienda y terminé marchándome.

La financiarización de los bienes inmuebles, la creación de la sociedad de propietarios dirigida y acompañada por parte de las élites financieras y los Estados occidentales produjo todo un armazón profundamente ideológico de la vivienda como un bien refugio; no sólo como un espacio para crear un hogar sino como una inversión, bien para negocio, o bien simplemente para generar patrimonio familiar y así mejorar la posición social. Cómo define Javier Gil en el prólogo del libro Vivienda: La nueva división de clase: la vivienda en propiedad se convirtió en una parte esencial del “nuevo pacto social”. En 2008 todo eso salta por los aires, el resto es historia del presente.

Más de una década después, nos encontramos en la siguiente situación: de forma muy resumida, vivimos un proceso acelerado de concentración de la propiedad en pocas manos, lo que produce una proliferación del rentismo. Lo llaman “economía de activos”. El 50% de la riqueza mundial está invertida en bienes inmobiliarios. La vivienda es un activo financiero, un negocio. La gente común, en especial la gente joven, no puede comprar, así que alquila. Esto sumado a otros factores como la proliferación de la vivienda turística y la falta de regulación facilita a los rentistas una subida desorbitada del alquiler.

Todo el proceso que hemos descrito, desde la financiarización de la vivienda y la culminación en el actual estado de concentración de la propiedad inmobiliaria que dicho así puede sonar abstracto, ha generado y sigue generando muchísimo dolor social. No se nos olvidan las imágenes que se han visto en este país de familias enteras desahuciadas, personas mayores, niños menores de tres años, personas con discapacidad, gente que se había quedado en paro y lo estaba perdiendo todo. Pero la respuesta de las derechas siempre fue la misma: desprecio hacia la función social de la vivienda y criminalización de la pobreza.

En 2008 y 2010 se rescató a los bancos con 71.833 millones de euros aproximadamente y se facilitaron los desahucios, se criminalizó a quienes no podían pagar. Debemos decir que esto contaba con el apoyo de la derecha, pero lo impulsó el PSOE. Carme Chacón, concretamente, decía entonces que para “dar seguridad a los propietarios”. Para “dar garantía legal” se cambió la Ley de Enjuiciamiento Civil. Años después, el movimiento popular de la PAH, movilizó 1,5 millones de firmas a través de una ILP para paralizar los desahucios, ninguneada por el PP, que acabó sustituyéndola por una Moratoria de los Desahucios en 2013, cinco años después del estallido de la crisis y con varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE diciendo que las ejecuciones hipotecarias eran ilegales.

La derecha se negó a reconocerlo, la frase era: “si no pagan, a la calle”.

La votación en contra del decreto ómbinus, así como la argumentación de las derechas española y catalana, llevaban consigo un debate que no era nuevo y sobre este tema llevan votando juntos varios años. En 2018 el PP, Ciudadanos, PNV y la extinta PdCat, se pusieron de acuerdo para poner en marcha la Ley de Desalojo Exprés, tratando de poner encima de la mesa un debate inexistente en la sociedad, que entonces afectaba al 0,35% del stock total de vivienda (ahora menos el porcentaje es aún menor), y hablaron de la Okupación. En ese momento un informe de la Obra Social Barcelona decía que okupaban, principalmente, familias españolas en situaciones económicas precarias (menos de 705 euros de ingresos mensuales) y que las vviendas okupadas eran en un 89% de grandes propietarios (bancos, inmobiliarias y fondos de inversión) yen un 5% se trataba de vivienda pública.

Las derechas se juntaron para defender un uso antisocial de la vivienda, la sacrosanta propiedad de los fondos de inversión por encima de los intereses de las familias más vulnerables del país. A pesar de lo que decían los datos, trataron de crear la imagen de quienes tenían una posesión en precario, de peligrosos okupas, que creaban narcopisos y robaban la propiedad de pobres ancianitas. Nos suena, ¿verdad?

La votación en contra del decreto ómnibus por parte de las derechas española y catalana, y la posterior negociación para su aprobación entre Junts y el gobierno, ha puesto de manifiesto dos cosas esenciales que ya intuíamos, la primera es que les da absolutamente igual lo relativo a la función social de la vivienda, y la segunda es que lo que comúnmente se ha venido a llamar “el problema de la vivienda” es eminentemente un conflicto de clases en el que ellos defiende a los suyos. Otra vez.

Cuando Podemos, puso en marcha la moratoria de desahucios en 2020, la retórica de las derechas política y mediática era clara; “inseguridad jurídica del propietario”, y criminalización de la pobreza. Ahora han creado un nuevo concepto, el inquiokupa. Las posesiones en precario siguen estando en el mismo sitio que hace años, en propiedades vacías de grandes propietarios, pero quieren hacernos creer que aquellas personas que son víctimas de subidas abusivas del alquiler y en un momento dado no pueden pagar, son inquiokupas.

Defienden los intereses de la patronal inmobiliaria, de los grandes tenedores y de aquellos pequeños propietarios que aprovechan la coyuntura para asfixiar a sus inquilinos.

En un país en el que los bancos y los fondos de inversión en connivencia con aparatos del estado han echado de su casa a menores de tres años a quienes no han reparado de ninguna forma; en un país y una tierra como Andalucía en la que los precios de la vivienda en alquiler han subido de forma artificial un 58% en una década y un 21% en el último año, donde se producen 12 desahucios diarios de los que dos terceras partes son de alquiler, quieren hacernos creer que los delincuentes son las familias precarias.

Nosotras creemos que los delincuentes son otros. El artículo 281 del Código Penal dice: "El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses".

Lástima que exista una justicia para ricos y otra para pobres. Los delincuentes no son las familias que se ven obligadas a sufrir situaciones de precariedad, tampoco se trata, como dicen algunos, de familias que tienen un problema; el problema lo tenemos como país, el problema lo tiene Andalucía, el problema es de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Huelva y todos los lugares de Andalucía que tienen un mercado tensionado. Los culpables son los grandes propietarios, fondos buitre, políticos que se pasan por el forro la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Vivienda Andaluza y el artículo 281 del Código Penal. Esa gente es la que debería estar siendo señalada, quienes se quedan con el 80% o más de nuestro salario simplemente por tratar como negocio lo que es un derecho.

Rentistas, políticos conniventes que piensan que “cualquiera” puede poseer propiedades para alquilar, aparatos del Estado que presumen de patriotismo pero firman sentencias de desahucios para cuidar la sacrosanta propiedad de fondos como Cerberus o Blackstone, entre otros. Esos son el verdadero problema.