La decisión del Tribunal Constitucional polaco contra la primacía del derecho europeo está causando un gran revuelo. Y con razón. En los comentarios hay un revoltijo de cantinelas ya conocidas. Creo que realmente no siempre están bien adaptadas al caso en cuestión. Zemmour, Le Pen y Montebourg se han apresurado a expresar su aprobación de la decisión polaca. Lo entiendo de los dos primeros, pero mucho menos del tercero.

De hecho, para mí, no todos los distanciamientos respecto a los imperativos de la Unión Europea (UE) valen por igual. Protesté cuando el Reino Unido pidió la exclusión de las cláusulas de tiempo de trabajo máximo a 48 horas semanales. Sin embargo, pensé que 48 horas era demasiado. Pero tampoco estaba de acuerdo con la nueva Carta Social Europea. Lo más importante para mí es juzgar los casos en su contexto y en su alcance real. Permitir que un Estado haga trabajar a sus empleados más de 48 horas semanales no es solidario con estos trabajadores. Y tampoco lo es permitir una forma de dumping social. ¿Por qué iba a decir que "cada uno haga lo que quiera" cuando en cada ocasión digo lo contrario en materia de derechos humanos y sociales? En resumen, ¡luchar por la libertad no exime de apreciar a qué sujeto se aplica la libertad reclamada!

¿Qué tipo de libertad reclama el gobierno polaco a la Comisión Europea? Se trata de una reforma al poder judicial que, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, obstaculiza la independencia de los jueces polacos. Dado que el régimen polaco es muy reaccionario y desprecia cada vez más los principios fundamentales a los que nos adherimos, desde Francia Insumisa no se puede alentar a dicho régimen en sus acciones. En particular sobre justicia, inmigración y medio ambiente, como es el caso en esta ocasión. Esto es tan importante como el derecho de este país a gobernarse como quiere su mayoría política, aunque eso no es todo. Nuestra crítica al neoliberalismo institucional de la Unión Europea no se limita al ámbito económico: incluye todos los aspectos de violación de los derechos sociales y políticos que contiene esta orientación. Por lo tanto, no se puede aceptar una tolerancia hacia los Estados autoritarios que están en la Unión y que participan en la toma de decisiones que son vinculantes, tanto para nosotros como para todos los demás.

La mejor manera de argumentar a favor de la salida de los tratados actuales no es apoyando a Polonia, sino luchando contra su política sin dejarse arrastrar por su desviación. Porque Polonia no pide la salida de los tratados que rigen la UE, sino su aplicación estricta sin lo que ella considera excesos fuera del ámbito de competencia de la UE. Si aceptáramos este razonamiento, ¿qué haríamos en una UE que aceptara prácticas contrarias a los principios democráticos fundamentales que consideramos imprescriptibles, ya sea con o sin tratados? ¿No se esperó acaso que cayera Franco para proponer que España entrara en la Europa de los 12? La Comisión Europea no duda en afirmar que "no permitirá que se prive a los ciudadanos polacos de los derechos que garantiza la Unión". Esto cuando les priva de las conquistas sociales de las que antes disfrutaban, ¡como vemos en cada oportunidad respecto de las pensiones, por ejemplo!

Sin embargo, este razonamiento no es suficiente para analizar la situación resultante de la decisión polaca. De hecho, es la segunda vez que un tribunal constitucional nacional desafía la autoridad supranacional del derecho europeo. La vez anterior fue la decisión de Alemania sobre la política del Banco Central Europeo. La decisión polaca lo eleva a un nivel superior. En estas condiciones, nos acercamos al momento en que estas oposiciones cuestionarán la propia UE o, como poco, su lógica interna durante más de treinta años.

El proceso de integración cada vez más estrecho en el marco de los Tratados fue concebido esencialmente para construir y proteger un mercado único. Y solo eso. Esta realidad queda al descubierto con estos desafíos alemanes y polacos. No hay nada más que esté en juego para estos dos países. Los díscolos actuales no quieren otra Europa que el mercado único. No les interesa una Europa de los derechos. No lo quieren. Es puro ordo-liberalismo. Y tienen la posición más fuerte. De hecho, exigen la aplicación de los tratados y sólo de los tratados. Pero "solo los tratados" constituyen una construcción global en la que la exclusión de los derechos sociales y democráticos del ámbito de aplicación forma parte de su razón de ser. Esto es lo que fingen descubrir los defensores del derecho europeo.

Mi opinión es que hay que reconocer la situación de bloqueo. El caso polaco es el resultado de la naturaleza de la UE, y no su contradicción. Sin embargo, no deberíamos aprobar los motivos polacos porque nos impedirían hablar en contra de otros desarrollos autoritarios entre nuestros "socios" de la UE en el futuro, tanto si estamos en el poder como en la oposición. Pero eso no es todo. Un tratado se diferencia de cualquier otro documento firmado internacionalmente en el que, por definición, es vinculante para la legislación nacional. Hay una expresión latina de uso común sobre este punto: "Pacta sunt servanda". Esto significa que, una vez firmado, un contrato debe ser respetado de buena fe por las partes que lo firmaron. Este principio tiene valor constitucional en Francia desde 1992 y fue una decisión que hizo correr mucha tinta... Se remonta a la letra misma de la Convención de Viena de 1969, que establece claramente que no puede oponerse a la aplicación de un tratado ningún obstáculo jurídico de derecho interno. Y esto es lo que hacemos todos los días, por ejemplo, con la Carta de las Naciones Unidas.

Si gobernáramos el país, tendríamos que cumplir nuestra palabra en muchos ámbitos, a menos que rompiéramos los acuerdos que nos comprometen a ello. Y nos interesa que los partidos vinculados a nosotros hagan lo mismo. Por eso debemos anunciar sin ambages, antes de las elecciones, qué tratados pretendemos romper y en qué puntos. Por ejemplo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En lo que respecta a la UE, no tiene sentido decir que el derecho nacional prevalece sobre las decisiones europeas. O, más exactamente, hay que decir lo que ya no queremos aplicar y observar de lo que queda de los tratados celebrados, o bien, lo que sí haremos y que no es conforme a los tratados. Esta última es nuestra elección. Decimos que vamos a desobedecer en todos los temas que se hayan adoptados con nuestro programa. Lo haremos aplicando la cláusula de exclusión voluntaria ("opt-out"). Esto no nos convierte en "fugados" de la UE. De hecho, somos conscientes de que, sin Francia, la UE sería el reinado de Alemania sobre el continente. Ya lo vivimos hace mucho tiempo, en la época del Sacro Imperio Romano Germánico, en la época de los Habsburgo, como Carlos V, que rodearon la Francia de Francisco I. Y podría seguir...

En estas condiciones, la lógica de nuestra posición (desobediencia, plan A - plan B) se basa en la construcción de una correlación de fuerzas con el objetivo de absolutizar los principios comunes favorables a los pueblos. Por ejemplo (digo "por ejemplo"), la siguiente regla que podría ser adoptada por todos: ninguna decisión se aplica cuando es menos ventajosa que el ordenamiento jurídico nacional. Como es lógico, esta cláusula de no regresión social o democrática no tiene nada que ver con un cheque en blanco o, más aún, con una autorización para derogar los principios fundacionales de la democracia.

Por tanto, pido cautela con respecto a la solidaridad incondicional con los regímenes autoritarios de Europa del Este como son Polonia y Hungría. Para responder a ellos, creo que los franceses no deben hacer nada que no se aplique también (si lo desean) a todas los demás participantes de nuestros acuerdos actuales. Nuestra elección no es ni el caos, ni un “Frexit” de principios, ni la sumisión a los tratados actuales, ni la humeante expectativa resignada de una renegociación general. Es la aplicación de las decisiones del voto popular y, por tanto, la exclusión de todo lo que se interpone en su camino.

Recordemos nuestra intención de desobedecer si la UE nos impusiera renunciar a la aplicación de nuestro programa. Como es sabido, en todos los casos pediríamos la cláusula de exclusión. Nuestra exigencia de abandonar los tratados puede entonces adoptar la forma de un debate general sobre su contenido y la fuerza de su aplicación.