Jesús Fernández Béjar

Secretario General de la Federación de Servicios Privados de CCOO

Algunas administraciones han iniciado una peligrosa espiral cuyas consecuencias están repercutiendo en perjuicio de la ciudadanía, deteriorando los servicios y, por supuesto, afectando negativamente al empleo y las condiciones laborales.

Pienso en un caso concreto. Ocurre en la ciudad de Madrid. El epicentro de este terremoto laboral es el célebre contrato integral para la limpieza viaria de la capital. Antes de conocerse el despilfarro olímpico, la alcaldesa Ana Botella ya había celebrado públicamente las ventajas notables de unificar diversos contratos en una única licitación y rebajar así el canon para su concesión. Lo que se quiso vender como un acierto contable se ha convertido en un fiasco que, en apenas dos meses, ha demostrado plenamente su ineficacia, ha desmentido el supuesto ahorro y ha confirmado que son las plantillas y los ciudadanos de Madrid los auténticos paganos de las gestiones ocurrentes.

No ha sido una sorpresa, salvo quizá para el propio Ayuntamiento y la alcaldesa. CCOO ya advirtió desde un primer momento que ese publicitado ahorro significaba despidos masivos y el deterioro acelerado de la limpieza urbana y los jardines de Madrid. Lamentablemente, estos dos meses han confirmado el pronóstico. Es más, la Federación de Servicios Privados cifró entonces en más de mil los trabajadores que podían perder su empleo. La patronal de limpieza ASELIP anuncio hace unos días que las empresas pretenden reducir en más de 1.400 personas una plantilla total de 6.000, con independencia de los más de 300 puestos de trabajo perdidos desde el 1 de agosto. Luego… ¿Quién se equivocó?

A juicio de CCOO esa es una pregunta retórica. El Ayuntamiento ha llevado conscientemente al sector hacia un escenario perverso. De las cuatro empresas que obtuvieron la concesión, tres han anunciado despidos importantes para ajustar su cuenta de resultados. Alegan que sólo así pueden obtener rentabilidad en un contrato doblemente abaratado; primero por el Ayuntamiento y después en la puja para obtener la concesión.

Cualquier ciudadano conoce unas cuentas tan elementales. No se puede hacer lo mismo con un presupuesto rebajado en más de un 40 por ciento. O reduces costes o reduces calidad. En el caso de Madrid las empresas han optado por ambas vías, con el consentimiento previo y tácito del consistorio.

Madrid es hoy una ciudad visiblemente más degradada, sucia e inhabitable que hace meses. Lo será más si se concreta la intención empresarial de despedir a otros 1.400.

Frente a esta realidad, el Ayuntamiento ha optado por ignorar el conflicto y desentenderse del futuro de las 6.000 personas que llevan años limpiando las calles y los jardines de la ciudad. Sin embargo, ya ha multado a las cuatro empresas adjudicatarias con 1’4 millones de euros por ineficiencia en la prestación del servicio. Es decir, está admitiendo por la vía de los hechos el propio fracaso de su modelo. Sólo ha necesitado un mes.

El Ayuntamiento es la única institución que parece no haberse dado cuenta de esta paradoja. Vecinos, partidos políticos, asociaciones cívicas, sindicatos y medios de comunicación han denunciado el deterioro urbano y la pésima imagen que la ciudad está ofreciendo a vecinos y visitantes. Ya se ha convertido en un problema social.

Sin embargo, CCOO mantiene el foco de su atención en las implicaciones laborales. No puede aceptar que unas empresas pujen sabiendo que lo hacen por debajo de coste para después compensar su balance por la vía de los despidos masivos. El conflicto se prevé complejo y duradero.

Pero aún sorprende más que el Ayuntamiento no haya previsto un efecto de su gestión tan predecible. O tal vez lo sabían, y actuaba con alevosía, con desprecio hacia los servicios y los/as trabajadores/as y con cinismo al reiterar que "estas maniobras experimentales" no iban a generar despidos. En ambos casos, la respuesta ya no es retórica. Es la confirmación de que la espiral del ahorro salvaje sólo conduce a un escenario: conflicto, despidos y empeoramiento de la calidad de los servicios públicos.