JOSEP MARÍA ANTENTAS Y ESTHER VIVAS

La sexta cumbre de los jefes de Estado de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) llega justo después del anuncio del drástico paquete de recortes sociales por parte del presidente Zapatero. Las turbulencias de la zona euro y el estallido de estas en Grecia parecen anunciar una fase más dura de las medidas anticrisis y el previsible aumento de las tensiones sociales en la UE.

Los jefes de Estado de la UE acuden a la cumbre con el objetivo de fortalecer la “asociación estratégica” con ALC iniciada a mitad de los noventa tras el Consejo Europeo de 1995. En el centro de su política está la firma de acuerdos de libre comercio bilaterales entre la UE y determinados países latinoamericanos, como los ya anunciados con Colombia y Perú, al servicio de los intereses de las grandes multinacionales europeas, que buscan acceso a los mercados y recursos naturales latinoamericanos.

A pesar de la retórica sobre la lucha contra la pobreza y la defensa de la cohesión social que adorna la política de la UE respecto a ALC, la realidad es bien distinta. Como denuncia la red birregional Enlazando Alternativas, impulsora de la Cumbre de los Pueblos paralela a la oficial, los acuerdos de libre comercio contribuyen a un modelo de globalización económica que ha favorecido la desigualdad y la polarización social, el hundimiento del mundo rural frente a la agroindustria, la erosión de las bases productivas nacionales, la destrucción medioambiental y la degradación de los servicios públicos en ALC. La firma de un acuerdo con Colombia, cuyo triste récord en materia de derechos humanos es conocido, constituye el mayor ejemplo del carácter hueco de la retórica social de la política de la UE.

La cumbre llega al término de una primera década de siglo marcada por la crisis profunda del modelo neoliberal y de los mecanismos de dominación de clase en América Latina. Desde la “guerra del agua” en Cochabamba (Bolivia) en abril del 2000, un largo proceso de luchas sociales ha recorrido el continente, protagonizadas por una amplia variedad de actores, entre los que destacan los indígenas y los campesinos (sobre todo en la región andina) y también los “pobres” urbanos (parados, trabajadores informales, habitantes de las periferias urbanas...).

Sin embargo, la situación política del continente permanece incierta, sin haberse decantado definitivamente, y coexisten proyectos estratégicos diferenciados. Gobiernos como los de Brasil y Argentina tienen como objetivo buscar una inserción más ventajosa en la economía global, actuando en el caso de Brasil como potencia subimperialista regional con una cierta autonomía respecto al Norte. Los procesos de cambio en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, aunque reales, parecen más bien estancados y están plagados de grandes contradicciones crecientes derivados de la falta de una perspectiva anticapitalista clara, más allá de la retórica, y de su anclaje en un modelo extractivista. Por su parte, la derecha dura está a la ofensiva en muchos puntos del continente y tiene el poder en países como Colombia, México, Chile o Perú, con gobiernos vasallos del capital transnacional.

Ante este escenario incierto, el pulso que se libra en Honduras tiene dimensión continental. En un momento donde sólo dos gobiernos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el colombiano y el peruano, han reconocido al Ejecutivo ilegítimo de Porfirio Lobo, y en el que la resistencia popular hondureña se encuentra en plena campaña para obtener un millón de firmas a favor de un referéndum sobre una nueva Constituyente, la renuncia de Lobo a ir a Madrid es una victoria importante.

La cumbre llega también en un momento donde un viejo conocido de los pueblos latinoamericanos, el FMI, entra de lleno en la escena europea, con la aplicación del plan de ajuste en Grecia, simultáneamente banco de pruebas y castigo ejemplar, que dista poco de las recetas que el Fondo dictó en su día a muchos países latinoamericanos, provocando levantamientos sociales, las llamadas “revueltas anti FMI”. Entre ellas está el Caracazo de 1989, que marcaría el comienzo del fin de la IV República venezolana. Después de un declive desde la segunda mitad de los años noventa, al calor del auge del movimiento altermundialista y de la crisis asiática de 1997-98, el Fondo está de vuelta. Ya la cumbre del G-20 en Londres, en abril de 2009, buscó darle un renovado protagonismo, con una inyección de 500.000 millones de dólares, en la gestión de la crisis.

Ante una UE cuyas políticas buscan transferir el coste de la crisis a los trabajadores europeos y que promueve una política imperialista en ALC, los movimientos sociales de ambos lados del Atlántico deberían articularse, fortalecer lazos entre ambos continentes e impulsar campañas internacionales contra los abusos de las multinacionales, la deuda o la privatización de servicios públicos. La cumbre alternativa celebrada durante este fin de semana ha sido un paso en esta dirección con la celebración, entre otras actividades, de una nueva sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar los crímenes económicos, sociales y ambientales de las multinacionales europeas y la complicidad de la UE con ellas.

* Autores de ‘Resistencias Globales. De Seattle a la crisis de Wall Street’