Cumplir con la agenda progresista o regresión autoritaria

El pasado martes 31 de enero advertíamos al Presidente Sánchez en el pleno del Senado de los peligros que el escenario político actual y futuro nos presenta. El auge de la extrema derecha en el Estado, Europa y en el mundo supone una amenaza real para la democracia, la libertad y la convivencia pacífica. Supone, pues, una llamada de atención sobre la necesidad de ser valientes y legislar en derechos y libertades.

En este contexto, el señor Feijoo, se muestra como un líder incapaz de controlar el Partido Popular en su deriva reaccionaria y populista capitaneada por la líder del partido en Madrid, Días Ayuso. Mientras tanto, el Presidente Sánchez sigue navegando en la ambigüedad ideológica. Una ambigüedad que el PSC en Catalunya, cada vez más, decanta hacia las tesis de la patronal y la voluntad de ocupar el espacio huérfano del centro derecha conservador.

Todo esto en un contexto de crisis social estructural, agravada por una coyuntura con inflación desbocada, la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, la desigualdad creciente entre quienes tienen más y quienes tienen menos y unas políticas fiscales cada vez más regresivas.

La falta de políticas para afrontar la crisis económica que venimos sufriendo desde 2008, se perpetua con la incapacidad de dar respuesta a demandas sociales como la regulación de los precios de los productos básicos o el control de los alquileres. Por esto, los líderes políticos tienen una gran responsabilidad y deben ser valientes y tomar medidas concretas para proteger los derechos de los ciudadanos.

El papel vigilante de ERC en las Cortes Generales durante la presente legislatura persigue garantizar que el gobierno de coalición liderado por Sánchez cumpla con las promesas y los objetivos que le permitieron obtener la investidura. Fiscalizar la acción de gobierno con el objetivo de evaluar su cumplimiento y exigir responsabilidades en caso de incumplimiento. La credibilidad y la confianza en el sistema político dependen, en gran medida, de la capacidad de sus instituciones y del gobierno de dar cumplimiento a sus compromisos.

Resolver los problemas en lugar de cronificarlos es la única vía para que la izquierda gane: Legislar en derechos y apostar por la resolución del conflicto en Catalunya. La judicialización del conflicto político en Cataluña ha demostrado ser un camino sin salida. La solución a través de los tribunales no ha resuelto nada y solo ha generado más tensiones y frustraciones. Por esta razón, es importante volver a la vía política y abordar de manera dialogada y democrática la situación en Catalunya.

En la actualidad, existe una amplia mayoría en Catalunya, tanto entre independentistas como no independentistas, que quiere decidir su futuro mediante el voto. La democracia y el derecho a decidir no pueden ser considerados un problema, y es necesario que se respete la opinión de la mayoría.

A pesar de la divergencia estratégica que existe en el independentismo, existe un consenso claro que une a todo ese espectro y más allá: Cataluña debe decidir su futuro. Esta idea aglutina a una mayoría amplísima tanto política como social y no puede ser ignorada.

El gobierno de Pedro Sánchez debe ser valiente y abordar la resolución política del conflicto en Cataluña. Además, debe cumplir con sus compromisos de investidura, como la derogación de la ley mordaza, la aprobación de la ley de la vivienda, la ley trans o la del aborto. Cumplir con estos compromisos le permitirá hacer frente a la ofensiva ultra y optar a un nuevo mandato.

Si el gobierno de coalición no cumple con estos compromisos, corre el riesgo de abrirle el camino a la derecha y a la extrema derecha a gobernar. En ese caso, perderemos todas. Por eso, es imprescindible que se legisle en derecho y se aborde, de una vez por todas, la resolución política del conflicto en Cataluña.