Fernando Lamata

Psiquiatra y ex secretario general del Ministerio de Sanidad

Ilustración de Carlos Marques

El Gobierno del Sr. Rajoy ha presentado a las CCAA un Plan de Reforma del Sistema Nacional de Salud que supone un verdadero torpedo en la línea de flotación de la sanidad pública española. La clave de este Plan es hacer pagar a los pensionistas parte del coste de los medicamentos que les receten. Que paguen los enfermos y los más mayores quiebra el concepto del sistema. Un sistema sanitario basado en la solidaridad, con una financiación a través de impuestos, que pagamos todos (también los pensionistas) en función de nuestra renta o nuestra riqueza, para poder recibir servicios en función de nuestra necesidad.

En la misma línea, el Plan también incluye una separación de prestaciones “básicas”, de otras “suplementarias” y “accesorias” (¿por las que habrá que pagar?). Esta contra-reforma responde a un argumento de fondo que se ha expresado desde el PP al explicar por qué tienen que pagar los pensionistas: “si tienen que pagar su comida y su ropa, parece razonable que contribuyan a pagar las medicinas que son un elemento esencial de la salud”. Es decir, la sanidad se considera un asunto “privado”, como cualquier otro bien o servicio de consumo privado. Esta es la diferencia de concepto con el modelo actual del Sistema Nacional de Salud que se quiere cambiar. En España, desde la Ley General de Sanidad de 1986, que promovió el Ministro Ernest Lluch, la atención sanitaria se considera un derecho. Todas las personas tenemos derecho a la sanidad en función de nuestra necesidad de atención, y no en función de la capacidad de pago cuando nos ponemos enfermos. Convine no olvidar que en el pacto constitucional decidimos aceptar desigualdades, diferencias de propiedades, de rentas y de salarios, diferencias “en la comida y la ropa”, pero a cambio se reconocían derechos sociales importantes, como la sanidad, iguales para todos. Si se obliga a que cada persona se pague la sanidad como se paga la comida o la ropa, rompemos la baraja. Habría que repensar todo nuestro modelo económico de distribución de la rentas, habría que cuestionar los beneficios empresariales, etc.

En este nuevo modelo están implícitos el rechazo al aumento de la financiación sanitaria a través del sistema fiscal, y el aumento de la financiación privada con un repago de la atención sanitaria por los enfermos. Se “da hueco” a más sanidad privada, que se pagará el que pueda. Desarrollando este modelo, los que no puedan pagar acudirán a un servicio con menos dotación, menos medicinas, y menos calidad, la antigua “beneficencia”. Este un primer paso, pequeño cuantitativamente, pero que abriría el camino a futuros re-pagos. Los intereses financieros privados que han convertido la economía en un casino, alientan este planteamiento y quieren romper la barrera de la solidaridad. Por eso es tan importante para esos intereses introducir el repago de las medicinas para los pensionistas. Porque supone cambiar las reglas de juego. Parafraseando a José Mota: “dame hueco que yo ya sabré ya como yo ya estoy ahí..; dame hueco, que si hay hueco, habrá de lo demás… ; tú solo dame hueco”. Esta contra-reforma sanitaria “da hueco” a los financieros privados para iniciar un proceso, el de convertir la sanidad en otro lucrativo negocio.

Como es habitual, la propuesta se presenta con la “neo-lengua” oficial: “la reforma es para garantizar la sanidad pública, universal y gratuita.” Justo lo contrario de lo que conseguiría si se aplicara, y más en línea con lo que afirmaba el portavoz de sanidad del PP en el Senado, cuando dijo que había que decir la verdad: “universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad son una utopía”.

Según lo publicado en la Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y a la espera de la concreción de las medidas, podemos calcular que el repago de las medicinas por los pensionistas y el aumento a los activos, según los tramos y los topes, supondrá unos ingresos de poco más de 1.200 millones de euros. Descontando el gasto de aplicación, nueva tarjeta sanitaria, red informática, sistema de gestión, etc., se gastará casi igual que lo recaudado. ¿Entonces por qué se hace? Responde el Gobierno que esta medida no es para recaudar, sino para desincentivar el consumo. Y aquí aparece precisamente la razón que hace tan negativa esta decisión.

Si una persona enferma deja de consumir el medicamento que le ha recetado su médico por la barrera del precio, estaremos discriminando a las personas con menos rentas, con menos pensión, más mayores y más enfermas. Por eso precisamente luchamos por el derecho a la sanidad universal. Para que el acceso a este servicio sea en función de la necesidad y no de la riqueza o la edad de la persona. No aceptamos una sanidad para ricos y jóvenes, y otra para pobres y viejos.

El sistema sanitario español sigue siendo (hasta ahora) uno de los más eficientes. El consumo de los servicios más caros (los de Hospitalización) es menor que en otros países; la frecuencia de uso en Atención Primaria, descontando las consultas “administrativas”, es similar. Nuestra Atención Primaria es muy completa, con programas de salud y seguimiento de los pacientes, que no tienen otros países. La Esperanza de Vida al Nacer es la más alta de la UE-27 (Eurostat 2012). Se puede y se debe mejorar en las indicaciones de medicamentos y de pruebas y otros tratamientos (sobretodo en hospitales). Se puede y se debe mejorar en la educación sanitaria para un uso responsable. Se puede mejorar la gestión de compras. Se puede y se debe mejorar la coordinación socio-sanitaria. Pero el repago sanitario no tiene que ver con esas mejoras, es un cambio de modelo. Se quiere aprovechar la crisis y el miedo, para desmontar el concepto del derecho a la atención sanitaria pública.

Es verdad lo que han denunciado ya los pensionistas: esta reforma supone una rebaja de las pensiones, y un impuesto directo a los enfermos. Pero sobretodo es quitarnos el derecho a que cualquier persona, cuando se ponga enferma, tenga acceso al mismo servicio y a la misma atención, por el hecho de ser español. La reforma de Lluch, la universalización del derecho a la atención, es la que está en juego. En aquél momento los intereses financieros ya pedían “hueco”. Entonces no lo lograron. Entre todos tenemos que conseguir parar esta contra-reforma, esta injusta rebaja de las rentas de los trabajadores y de los mayores. Tenemos que cerrar este boquete que se pretende abrir para la privatización de la sanidad. ¡No demos hueco!