En un articulo publicado en este medio el pasado 17 de junio, el señor Augusto Zamora, exembajador de Nicaragua en España durante la década de los ochenta, defiende el comportamiento del Gobierno de Daniel Ortega frente a la pandemia de la COVID-19. Dice verdades, media verdades y también muchas falsedades.

Nicaragua es un país pobre y empobrecido. De eso no cabe ninguna duda. Y sobre todo ha sido empobrecido por la gestión del Gobierno de Ortega durante los últimos trece años. Ortega, cuando regresó al gobierno en el 2007, hizo básicamente dos cosas. Por un lado, mantuvo e incluso profundizó, en alianza con el gran capital, sus políticas fondomonetaristas. Lo hizo —lo hace— pese a sostener un discurso en favor de los pobres. Los costos sociales de esas políticas aumentaron la pobreza e hicieron que creciera el sector informal de la economía, que hoy es cerca del 70%.

Paralelamente inició, apenas asumió el poder, un proceso conducente a ejercer el control personal-familiar de todas las instituciones del Estado. Los pesos y contra pesos desparecieron y el Titular del Ejecutivo (Ortega) y su mujer, la vicepresidenta (Rosario Murillo), han hecho añicos la institucionalidad. Una confusión Estado-familia- partido (lo que queda del FLSN) es la que ejerce el poder omnímodo en el país. Lo hacen con una complicidad pasiva del ejército y el apoyo activo —como fuerza represora— de la policía, cuyo jefe es consuegro de la pareja Ortega- Murillo.

Ese marco facilitó que los beneficios de la cooperación petrolera venezolana con Nicaragua fuesen privatizados en beneficio de la familia en el poder, que devino en un nuevo grupo económico que usufructúa las instituciones del Estado en beneficio propio. No hay esfera de negocios en que no esté presente la familia Ortega-Murillo, directamente o a través de testaferros: explotación y exportación de madera, medios de comunicación, turismo, vigilancia privada, distribuidora de gasolina y derivados, floristerías. En fin, cualquiera.

No se podía hacer menos con 300 millones de dólares que significó, según cálculos conservadores, el monto de la cooperación del Gobierno de Hugo Chávez primero, y de Maduro después, durante diez años. Y esa cantidad, para el tamaño de la economía de Nicaragua, es bastante. La cooperación solo menguó a partir de la crisis en Venezuela.

Nicaragua posee muchos recursos naturales. Pero el aprovechamiento de los mismos, durante las últimas décadas, y eso no ha variado desde que Ortega llegó al poder, solo ha estado en beneficio de minorías. Eso ocurre con los recursos forestales, mineros, pesqueros.

En cualquiera de esos sectores, hay ahora intereses de la familia presidencial.

Una parte, la menor parte, de los beneficios de la cooperación venezolana, era destinada al asistencialismo clientelar, pero nada sustantivo que menguara la pobreza de las mayorías.

En el 2018 se rompió la alianza del gran capital con el régimen. El sistema corporativista entró en una crisis irreversible, resultado de dos cosas: el autoritarismo del régimen que, pasando por encima de los acuerdos con la gran empresa, impuso una reforma a la seguridad social, golpeando a los empleadores, pero sobre todo a los trabajadores; y al estallido de la rebelión ciudadana de abril, que dejó en evidencia la ilegitimidad del régimen y su naturaleza autoritaria.

La rebelión cívica ciudadana fue brutalmente reprimida. Fueron asesinados más de 300 nicaragüenses, más de 2,000 han pasado por las cárceles de la dictadura como presos políticos y más de 100.000 se ha visto obligados a buscar refugio en el exterior, incluyendo España.

El Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), conformado por acuerdo de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el propio Gobierno, dictaminó, en un detallado y amplio informe, que este cometió crímenes de lesa humanidad. El régimen expulsó al GIEI del país y sigue sin permitir la entrada al país de la CIDH y de la Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU.

La represión del régimen ha sumergido al país en una ya dilatada crisis política, que ha dado lugar —como no podía ser de otra manera—, a una profunda crisis económica y social. A inicios de este año ya se estimaba una caída del Producto Interno Bruto de entre un 5% y 6%.

En esas condiciones llega a Nicaragua la pandemia de la COVID-19 en marzo.

Y, contrario a lo que de manera sensata se podía esperar, el régimen de los Ortega-Murillo ha reaccionado de manera irracional y dolosa. No solo no ha puesto en práctica ni adecuado ninguna de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS): ha hecho todo lo contrario.

No ha declarado cuarentena de ningún tipo. No ha suspendido las clases. Ha embargado la aplicación de las pruebas y prohibido que las hagan hospitales privados. Se sigue sin conocer el destino de 26,000 kits de pruebas que recibió del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Prohibió al personal de salud el empleo de equipos de protección, en sus cuentas, para no “alarmar a la población”. Oculta información y no hay consistencia en las comparecencias esporádicas de las autoridades de la salud sobre el tema.

Además de eso, ya en plena pandemia, ha promovido aglomeraciones organizadas por el Estado-partido-familia, incluyendo una que convocaron increíblemente con el eslogan “El amor en los tiempos del coronavirus”.

Más de 700 médicos hicieron públicos dos pronunciamientos, el primero a finales de abril y el segundo el 29 de mayo, en el que advirtieron la gravedad de los hechos. El 1 de junio, 34 asociaciones médicas de distintas especialidades llamaron a la población a una cuarentena voluntaria ante la negativa del régimen a adoptar medidas preventivas y de contención. El Gobierno respondió despidiendo a 18 médicos, especialistas y subespecialistas.

El 11 de mayo, cinco exministros de Salud expresaron a la OMS sus preocupaciones por el desarrollo de los acontecimientos en Nicaragua. La OMS respondió públicamente afirmando “compartimos plenamente sus preocupaciones”.

La OPS (Organización Panamericana de la Salud), por su parte, solicitó a Ortega la llegada al país de una misión para observar la situación en el terreno y apoyar la lucha contra la pandemia. Todavía no han respondido.

En su afán propagandístico el régimen hizo público un “libro blanco” en el que sostienen que ellos aplicaron la experiencia sueca. Y aunque Nicaragua no es Suecia, lo hicieron. Suecia ya reconoció la dolorosa experiencia de su error, el Gobierno de Nicaragua calla ante la tragedia y trata de ocultarla.

Está claro que la pandemia de la COVID-19 iba a llegar, como en efecto llegó, a Nicaragua. Y esa no es responsabilidad de los Ortega-Murillo. Lo que sí es responsabilidad suya, es que los daños sean los que son y que vidas que se pudieron haber salvado se perdieron por su irresponsable actitud. Es poco honorable tratar de escudar los daños en comparaciones inexactas con otros países, toda vez que pudieron ser mitigados.

La situación, lejos de presentar mejoría, tiende a agravarse.

Una encuesta ciudadana realizada entre el 15 de mayo y el 8 de junio por la prestigiada empresa Cid Gallup, revela que tres de cada cuatro nicaragüenses dicen que el país va por el rumbo equivocado y no creen que Daniel Ortega puede variarla. Ellos mismos identifican la pandemia y el Gobierno de Ortega como los principales problemas de Nicaragua. Y tienen razón.

Esas son las realidades.