SANDRA LEÓN E IGNACIO JURADO

Tras cuatro años en los que el tema territorial ha dominado la agenda política, el Gobierno tiene la intención de situar este debate en un segundo plano en la legislatura que comienza. Sin embargo, mientras no exista un modelo que vertebre la actual ola de reformas autonómicas, la cuestión territorial permanecerá en la agenda.

Desde que se creó, el Estado autonómico no ha parado de transformarse. Esta legislatura no será una excepción, pues la financiación autonómica va a ser negociada inminentemente y la reforma de algunos estatutos seguirá en marcha. Los traspasos realizados hasta ahora y los todavía pendientes suponen, por las materias a las que afectan y porque ocurren en un contexto ya altamente descentralizado, un salto cualitativo en nuestro sistema. Si bien en las reformas del pasado el horizonte previsible era la equiparación final de competencias entre las comunidades de vía lenta con las de vía rápida, ¿alguien se atreve a predecir ahora cuánto puede dar de sí el Estado Autonómico durante los próximos años?

Tenemos un problema de falta de modelo. Mientras el sistema autonómico está experimentando transformaciones de calado que lo sitúan en una nueva etapa, los discursos territoriales existentes en nuestro país, tal y como se plantean, no nos ayudan a encauzar y ordenar los cambios. La idea de la España plural promocionada por el Gobierno de Zapatero ha representado un reconocimiento de la heterogeneidad del Estado y una voluntad de diálogo institucional con los gobiernos autonómicos. Sin embargo, no ha servido como hoja de ruta que dirija y ordene el proceso de reformas.

Federalismo

El discurso territorial del federalismo tiene un mayor fundamento teórico que el de la España plural, pero difícilmente puede indicar una dirección de reforma del sistema autonómico si sólo sirve para amparar demandas concretas. Las diferencias entre países federales tanto en la extensión y forma en la que reparten las competencias, en el poder del Senado o en el porcentaje de gasto o de impuestos descentralizados son inmensas, y probablemente el mínimo común denominador existente entre todos ellos fue sobrepasado hace tiempo por el Estado autonómico. Por eso, en España, el federalismo debería concretarse en un modelo general, más o menos asimétrico, pero que contemple la relación entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno central.

Sin discursos políticos que puedan encauzar las reformas, no hay modelo y, sin modelo, el Estado autonómico persistirá modificándose a golpe de equilibrios políticos, con dos consecuencias. Primero, continuarán sin atenderse debidamente los retos generados por la descentralización ya conseguida, como mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación intergubernamental, fundamentales para la implementación de algunas políticas como la Ley de Dependencia.

Además, a las asignaturas pendientes, se añadirán los desafíos que generan las nuevas reformas, como gestionar la crisis del agua sorteando las reservas competenciales que sobre sus cuencas han realizado algunas comunidades autónomas o hacer compatibles las demandas autonómicas sobre las inversiones territorializadas.

Atado de manos

Solbes ha podido resolver el sudoku de los presupuestos con seis nuevos estatutos, pero la viabilidad de este método no está garantizada. Sólo con que la Comunidad de Madrid exigiera inversiones de acuerdo con su población o con lo que la región aporta al PIB nacional, el Gobierno central estaría atado de manos en prácticamente la mitad de las inversiones que debe hacer en el Estado. Segundo, en el futuro será más complicado plantear una reestructuración sobre competencias que ya se han consolidado sin que esto conlleve un problema político. En treinta años de Estado Autonómico hemos aprendido que la descentralización fortalece enormemente a las instituciones autonómicas y a sus líderes y que éstos, independientemente de su signo político, no renuncian fácilmente a recursos o a poder. Las transferencias son como la pasta de dientes, que una vez fuera del tubo, resulta difícil volver a meter. Por ello, si no abordamos ahora la ordenación del sistema autonómico, estamos comprometiendo enormemente el éxito de esa tarea en un futuro.

Concretar el modelo

En definitiva, mientras no se ordene la evolución del Estado Autonómico, la cuestión territorial permanecerá en la agenda política. Si queremos un sistema autonómico que no sea el resultado de la suma de cambios parciales e inconexos, es necesario concretar un modelo que ordene las recientes reformas y las previsibles.

No es una tarea sencilla, tanto por los actuales equilibrios territoriales dentro de los principales partidos, como por el agotamiento general sobre este tema, pero abordarla es absolutamente necesario para vertebrar debates como el de la financiación autonómica, el agua o la inmigración.

Sandra León es politóloga e Ignacio Jurado investigador en la Universidad de Oxford

Ilustración de Javier Olivares