En un país cuyos dirigentes demuestran cierta alergia al voto de la ciudadanía como medio de expresión de sus deseos, quejas, demandas y reivindicaciones (salvo cuando el calendario contempla los consabidos procesos para la elección del gobierno de turno) resulta realmente complejo obtener todo el rendimiento y el beneficio que puede proporcionar la democracia para la ciudadanía.

Ese pernicioso (y acostumbrado) efecto de acallar la voz del pueblo, liberando la mordaza sólo cuando toca mudanza de quienes controlan el cotarro, se hace todavía más visible cuando de lo que se trata es de defender los intereses de los que no tienen voz, como sucede con los animales.

Acabamos de tener dos buenos ejemplos de ello en las recientes anulaciones por parte del Tribunal Supremo de sendas consultas sobre la tauromaquia propuestas en los ayuntamientos de Ciempozuelos y de Donostia.

Los animales, como seres sintientes, precisan ser representados en las instituciones y necesitan que la voz de quienes les amparan y defienden pueda ser oída, escuchada y atendida por quienes detentan el poder y deciden por ellos.

Nuestro país es de los menos avanzados en materia de protección animal, es uno de los ocho en el mundo donde aún es legal la tauromaquia, es el único país de la unión Europea donde se permite la caza con perros (rehalas) y es uno de los países donde más animales de compañía se sacrifican y donde el cuidado y su protección está más olvidado.

Es urgente acabar con este maltrato generalizado e institucionalizado y queremos hacerlo con paso firme, que cada avance sea consolidado y para el que no exista marcha atrás. Por esto no vamos a plantear la prohibición de la tauromaquia o la caza, que aunque electoralmente quede contundente, es una irrealidad y es algo que la gente que se dedica a la protección animal sabe y conoce. En Podemos tenemos claro que hay que avanzar hacia la desaparición del maltrato animal y dejar en el pasado todo tipo de actividad que se centre en la diversión de matar y torturar animales, pero hay que hacerlo con certeza y seguridad en las propuestas.

La tauromaquia es una actividad que, como todos sabemos, está subvencionada íntegramente por las administraciones públicas. Además, está protegida por el Estado mediante la declaración como “Bien de Interés Cultural” (BIC), algo que recientemente ha impedido que ciudades como Ciempozuelos o Donostia preguntaran a su ciudadanía por la eliminación de estos espectáculos. Si aún está blindada, es irreal plantear su prohibición. La eliminación debe darse en varias fases, la primera, la eliminación del BIC y las subvenciones. Estas medidas acabarían con más del 90% de espectáculos taurinos de todo el país, posteriormente, sería fácil que la tauromaquia fuera eliminada.

Con la caza pasa algo similar, en la actualidad no se sabe cuál es el impacto real de esta actividad en el medio ambiente. Sin embargo, más del 80% del territorio español tiene alguna caracterización cinegética, reservado para un colectivo cada día más pequeño de cazadores.

Es necesario conocer el impacto real de la caza para tomar medidas en su control y en el efecto negativo que ejerce. En la actualidad, la caza se defiende gracias al supuesto aporte económico que genera al medio rural. Sin embargo, mientras nuestros pueblos siguen abandonándose (y la caza no lo está impidiendo, ni está sirviendo para frenar ese éxodo masivo) la ganadería extensiva se ve mermada por la imposibilidad de utilizar el campo, ya que éste es de uso exclusivo para la caza. Además, el medio ambiente también se ve afectado, la contaminación por plomo y la desaparición de especies protegidas es una grave repercusión de la actividad cinegética. Otro de los argumentos utilizados para defender esta actividad es el necesario control poblacional de las especies salvajes, pero algo que se obvia en este análisis es que más del 60% de los animales abatidos son criados en granjas en cautividad. No es comprensible que nos digan que hay muchos jabalíes y que hay que abatirlos cuando se están criando y soltando miles de ellos cada día.

Podemos defiende y propone iniciativas reales de control, como el establecimiento de la edad mínima para participar en esta actividad en 18 años. También la prohibición de la cría en cautividad de animales destinados a la actividad cinegética (lo que se conoce como “siembra de animales”), la eliminación de la utilización de perros de rehalas (perros de caza) y el control estricto de armas de caza. Obviamente también exigimos controles de alcohol y drogas a los participantes en actividades de caza, en este sentido conviene recordar las más de 50 muertes de personas de media al año en accidentes de caza por diversos motivos.

Estas medidas, junto a una ley marco estatal de protección animal que identifique unos mínimos a todas las comunidades y en la que se contemple el sacrificio cero de animales de compañía, la unificación de censos de identificación de animales de compañía o la creación de unidades de protección animal en los cuerpos de seguridad del Estado (dotándolas de material técnico y formación específica para la correcta realización de su tarea), podrían suponer un buen punto de partida en el que también incluir la prohibición de los circos con animales, la eliminación de las peleas de gallos y de cualquier otro animal, o la supresión de las competiciones de tiro de pichón.

Podría incrementarse la efectividad de las citadas propuestas con la instalación de cámaras de vigilancia en espacios de sacrificio de animales de consumo, con la eliminación de excepcionalidades para el aturdimiento previo en métodos de sacrificio y con la inclusión en el código penal del maltrato a animales salvajes.

Además, otras medidas no coercitivas, como un mayor favorecimiento de la inclusión de animales en los medios de transporte públicos, en los centros públicos y en albergues de personas sin hogar o casas de acogida de mujeres víctimas de violencia machista, contribuirían a normalizar la relación de una sociedad avanzada con el mundo animal, del que no somos ajenos los seres humanos.

Estas propuestas son reales y sin duda supondrían una revolución en la protección de los animales salvando millones de vidas al año en nuestro país. Se puede entender que no es el máximo que muchos y muchas querrían, pero nadie puede negar que se puede conseguir. Si de verdad queremos avanzar y salvar vidas, no cabe duda de que hay garantías para que se cumpla. También para demostrar que la implicación ciudadana en la elección de su destino es la mejor herramienta de la democracia, que se reviste de un valor doble cuando se trata de defender a los que no tienen voz en nuestro sistema.