Mireia Boya

Ex-diputada de la CUP investigada por el Tribunal Supremo

La cuestión de la identidad catalana y de la integridad del Estado español no tiene ninguna respuesta judicial, sino política. Lo dijo el juez Llarena en una entrevista al diario El Mundo el año 2012. Lo comparto, y por eso no entiendo por qué se está juzgando a todo un país, a una ideología, la republicana, a la que además tenemos derecho constitucionalmente.

El problema es que ante el conflicto político entre Catalunya y el Estado, el Gobierno de este último nunca ha querido hablar, desde hace muchos años, en términos políticos. Su respuesta ha sido siempre represión, violencia, guerra sucia, terror psicológico y tribunales.

La interpretación de la Constitución que se ha hecho ha sido un muro contra aquel 80% de la sociedad catalana que quería dirimir el conflicto con una herramienta democrática: un referéndum. Entre desistir por la ausencia de diálogo y construir por mandato popular, elegimos a la gente. Hicimos y ganamos aquel referéndum. Nos impusieron unas elecciones y las volvimos a ganar. Nuestra vía es la democrática y no la violenta. Lo será siempre. Y la respuesta del Estado no ha sido hablar de ello, sino prisión, exilio e intentos de cargarse los pilares cohesionadores e inclusivos de la sociedad catalana, como la lengua, los medios o la educación. Olvidaos, por su parte, aquí no hay política ni justicia, es sólo una guerra por el poder y la sagrada unidad del Estado, como en plena dictadura.

La causa del Tribunal Supremo ha sido construida sobre unos atestados de la Guardia Civil nada fundamentados objetivamente, parciales e interesados. Construye un relato de violencia que sólo existió por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre ante los colegios electorales. Aquellos que vinieron aquí gritando "a por ellos" son los que ahora se abanderan como imparciales presentando pruebas contra un proceso democrático, social y no violento. La Guardia Civil hace política y los tribunales juegan. Y determinada prensa de la caverna también. Derecho penal del enemigo, se dice: se nos juzga por cómo pensamos, por lo que podemos hacer en el futuro, con ausencia de garantías procesales y con penas desproporcionadas.

Defender el derecho de autodeterminación de los pueblos no es delito. Aplicar un programa electoral por el que fuimos escogidas diputadas el 27 de septiembre de 2015 hablando de República y derechos sociales no es delito. Pensar diferente y salir a la calle para manifestarlo no es delito. No es delito de rebelión una reivindicación pacífica del derecho de sufragio. Así que, si los tribunales hacen política, nosotros nos tenemos que defender políticamente. Si hemos de convertir esta causa general en un verdadero juicio político para mostrar las vergüenzas antidemocráticas del Estado, hagámoslo. Ellos creen que son fuertes judicialmente, nosotros creemos que la (in)justicia politizada es el talón de Aquiles de la democracia del Estado.

En el marco de la estrategia de defensa ante la causa general que instruye desde el Tribunal Supremo, consideramos absolutamente central la dimensión internacional. Visto que el Estado no quiere diálogo, visto que la Constitución es un muro y los tribunales están politizados y vulneran nuestros derechos, visto que no hay separación de poderes en España, la defensa de los derechos civiles y políticos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe ser una de las líneas prioritarias, tanto en lo referente a la estrategia jurídica como a la consolidación del posicionamiento político.

Y es que ya hemos visto que no sirve de nada abjurar de la ideología propia para evitar la cárcel. En el caso de los cuatro rehenes secuestrados aún por el Estado ha intentado prácticamente todo lo que procesalmente se podía hacer. Y nada, allí los tienen, por venganza, dinamitando el Estado de derecho sin ningún pudor. Y hemos aprendido.

No somos una organización criminal para hacer un referéndum, para aplicar un programa electoral legal, somos políticos al servicio del mandato popular que emana democráticamente de las urnas. Reivindicar esto es hacer una defensa política en esta macrocausa judicial contra todo un país. Reivindicar eso es devolver la dignidad a los más de dos millones que apostaron por una vía democrática y no violenta el 1 de octubre a pesar de recibir golpes de porra. Reivindicar eso es destapar las vergüenzas de un Estado donde la democracia está carcomida. Reivindicar eso es tumbar el régimen del 78 y llamar República.