Fernando Lamata

No podemos tolerar que se esté penalizando a los enfermos con copagos, quitando ambulancias, reduciendo prestaciones sanitarias, recortando becas y fondos de investigación, empeorando la calidad de la enseñanza, eliminando los servicios sociales y reduciendo salarios, mientras aceptamos como inevitable, como castigo divino, que las personas más adineradas hurten de los bolsillos de todos los españoles 70.000 millones de euros año tras año.

Es bien conocido que Déficit es igual a Ingresos menos Gastos. Pero siempre se habla de gastos, siempre se empuña la tijera, en lugar de encender los motores.

El Boletín de Eurostat de 23 de abril titula: “El Déficit de la zona Euro y la UE-27 al 4,1% y al 4,5% respectivamente”. Como el Déficit en España solo se redujo al 8,5% en 2011, los anónimos mercados, Alemania, el BCE, el Banco de España, la Comisión Europea y las agencias de calificación presionan a España para que “haga más esfuerzos”. Y cuando el Gobierno de España, respondiendo a esas exigencias, aplica políticas de recortes sociales para disminuir el Déficit, todos ellos aplauden. El fantasma del Déficit Público es la coartada para los recortes. Lo que no se destaca casi nunca es que el Déficit Público español no se debe al exceso de Gasto Público respecto a Europa, sino a los bajos Ingresos Públicos, y es ahí donde deberíamos centrar nuestra prioridad.

Para el conjunto de la UE-27 los Ingresos Públicos ascendieron al 44,6% del PIB. En algunos países como Francia llegaron al 50,7%. En los países nórdicos algo más: Dinamarca 56,0%; Finlandia 53,2%; Suecia 51,4%. En España, en 2011, los Ingresos Públicos supusieron ¡solamente el 35,1% del PIB!. La diferencia de Ingresos Públicos entre España y Francia es de 15,6 puntos. Es un abismo. Si España tuviera un porcentaje de Ingresos Públicos similar al conjunto de la UE, tendría unos ¡95.000 millones de euros más! para reducir su Déficit. Si mantuviera el Gasto Público como en 2011, que fue de 43,6% del PIB, España no tendría déficit, tendría un superávit de 1 punto del PIB, unos 10.000 millones de euros.

Al mismo tiempo, el Boletín de Eurostat muestra cómo España no gasta más que las demás naciones europeas. Nuestro Gasto Público es de 43,6% del PIB, frente al 49,1% del conjunto de la UE-27. Es decir, 5,5 puntos menos. O lo que es lo mismo, 55.000 millones de euros menos de gasto en políticas públicas, sanidad, educación, inversiones, etc. Alemania gasta un 45,6%; Italia 49,9%; Reino Unido 49,0%; ¡Francia 55,9%!. Si nuestro Gasto Público fuera equivalente al de Francia destinaríamos a políticas públicas 120.000 millones de euros más. No menos gasto, sino más.

Por lo tanto, si queremos recortar el Déficit Fiscal, lo que debe implementar con urgencia el Gobierno es una nueva Política Económica y una nueva Política Fiscal para aumentar los Ingresos Públicos. Justo lo contrario de recortar el Gasto Público, reduciendo la cobertura sanitaria, desmontando la educación pública, eliminando la investigación, frenando la inversión pública y recortando las políticas activas de empleo.

El aumento de los Ingresos Públicos tiene que venir de dos componentes. Por una parte, la recuperación de la actividad económica. De ahí la necesidad de políticas que impulsen un nuevo modelo productivo, que necesitan inversión pública, activación del crédito hacia la economía real, estímulo a la innovación y políticas de fomento de empleo. Por otra parte, una profunda reforma fiscal, que revise todos los “agujeros” del sistema, especialmente en el impuesto de sociedades. Este impuesto ha pasado de recaudar 44.820 millones en 2007 a 16.601 en 2011: 28.600 millones menos. Esa reforma fiscal debe ir acompañada de políticas de concienciación ciudadana, desde la escuela y a todos los niveles, para que el evasor de impuestos sea rechazado socialmente como lo es un maltratador. Y también, debe acompañarse de un refuerzo importante del control, apoyando a los profesionales de la Agencia Tributaria con los medios precisos, para eliminar el fraude fiscal que hurta a la Hacienda Pública alrededor de 70.000 millones de euros.

Si no aumentamos los Ingresos Públicos y seguimos recortando el Gasto, vamos a seguir deprimiendo la economía española. A final de 2011, la Deuda Pública acumulada en nuestro país, un 68,5% del PIB, sigue siendo menor que la del conjunto de la UE27 que ascendía a 82,5%. Italia, por ejemplo, tiene una Deuda de 120,1% del PIB. Tenemos margen para impulsar políticas públicas mientras se aumentan los Ingresos.

Conviene recordar que el gravísimo problema de la Deuda en España no es la Deuda Pública, sino la Deuda Privada, tres veces mayor que la Deuda Pública. Para poder devolver esa Deuda tiene que haber actividad económica y empleo. Y por eso la política económica tiene que tener una prioridad: inversión productiva y creación de empleo y no reducción del Gasto Público. Lamentablemente, en el primer trimestre de 2012 la economía española ha registrado un decrecimiento de -0,4% del PIB. El empleo se ha reducido en un 4% en un año. Los salarios han bajado. Disminuye el consumo. Se reducen las ventas. Se reduce la producción. Es un círculo vicioso que requiere un cambio de estrategia.

Diversos foros económicos y expertos internacionales defienden este cambio de estrategia para España y para Europa. El candidato a la Presidencia de Francia, Hollande, y el SPD alemán defienden una política de crecimiento y estímulo frente a la política de recortes. De igual manera cada vez son más voces las que insisten en que la UE debería hacer mucho más, y mucho más rápido, para eliminar de su ámbito los paraísos fiscales y establecer un mecanismo de control sobre las transacciones financieras y la regulación de los productos financieros, dotándose de una vez de una agencia de calificación propia no vinculada a los especuladores. En definitiva una nueva Política Económica Europea.

Pero, además de esa reorientación, en España es muy urgente una nueva Política Fiscal que nivele los Ingresos Públicos con los países de nuestro entorno. Las Asociaciones Profesionales de Hacienda han propuesto estrategias en ese sentido, que convendría atender. El Gobierno, los sindicatos y las organizaciones sociales deberían impulsar una ofensiva radical para aumentar los Ingresos Públicos eliminando el fraude fiscal y las exenciones y desgravaciones que desvirtúan los impuestos.