GONZALO BOYE TUSET

El asesinato extrajudicial del mayor criminal conocido en este siglo parece ser un hecho del cual se pretenden obtener unos réditos políticos en diversos planos, lo que, sin ser admisible, parece comprensible en época preelectoral en un país en el cual los cazarrecompensas y el “se busca vivo o muerto” siguen formando parte de la cultura del ojo por ojo; lo sorprendente es que en países como los de nuestro entorno, y en la propia España, se justifique no sólo dicha acción, también delictiva, sino los propios métodos por los cuales se obtuvo la información para llevar a efecto la ejecución.

Aun cuando en estos momentos las versiones, informaciones y desinformaciones se solapan y hacen confuso el análisis de lo realmente sucedido, dicen que para llegar a Bin Laden la información fue obtenida bajo tortura, que no existió intención de detenerle, que no se defendió y que se penetró militarmente en territorio de un país sin contar siquiera con su autorización ni conocimiento, lugar en el que se habrían obtenido pruebas, también ilegales.

La alegría que al pueblo norteamericano le produce el asesinato de Bin Laden permite a Obama justificar su giro político respecto de Guantánamo, atribuyendo a las prácticas delictivas llevadas a efecto en dicho centro de detención y tortura el origen de la información que posibilitó la localización del líder de Al Qaeda. Surgen así varias interrogantes.

La primera sería: ¿alguien se cree que personas que llevan años en Guantánamo tenían información relevante para, a fecha actual, localizar a quien lleva prófugo casi diez años? Es poco probable y menos creíble aún que una persona con la formación en inteligencia que tenía Bin Laden, proporcionada por la CIA norteamericana, no hubiese cambiado absolutamente su rutina, localización y medios de seguridad sabiendo, como sabía, que gente cercana a él había sido detenida y torturada.

La información que se haya podido obtener en Guantánamo mediante torturas no sólo es ilegal, sino poco fiable. Además, es una información absolutamente descontextualizada, porque la gente que se encuentra secuestrada en ese campo del terror, si es que posee datos, serían previos a sus respectivas detenciones. Nada más ser atrapados, Bin Laden ha tenido que hacer su análisis de inteligencia y modificar su situación en función de quién o quiénes hayan sido los apresados.

Como segundo cuestionamiento tendríamos: ¿es lícito que un Estado, supuestamente democrático y de derecho, actúe sobre la base de información obtenida bajo tortura? Sin duda que no. No existe ninguna justificación para torturar pero, mucho menos, para utilizar esa información sea cual sea el fin.

Estados Unidos, y algunos de sus lacayos europeos, vienen no sólo justificando la existencia de Guantánamo y la utilización sistemática y sistematizada de métodos de tortura sobre la base de un fin concreto (la seguridad nacional); también realizan ingentes esfuerzos para intentar conseguir la impunidad de quienes gestaron ese centro de tortura, así como de quienes la han practicado durante años.

La operación que llevó al asesinato de Bin Laden, ordenada por Obama, sirve al presidente norteamericano en un delicado momento preelectoral y, también, a aquellos que, sin cuestionarse si eso forma parte de nuestros valores culturales y democráticos, le continúan apoyando con el objetivo no sólo de mantener abierto el centro de tortura, sino también de que nadie sea enjuiciado por lo que allí se ha hecho y se hace.

Desde el punto de vista electoralista parece que todo es un éxito; lo necesario es preguntarse si desde el punto de vista ético y jurídico estamos ante una acción inocua o, por el contrario, ante un crimen de Estado, dicho desde la perspectiva de la utilización de los instrumentos y recursos del Estado para la ejecución de un acto que sólo puede calificarse como crimen de guerra, por el cual sus responsables deberán responder.

Osama tenía derecho a un juicio justo y, sobre todo, sus víctimas tenían ese mismo derecho, para que en un proceso judicial se determinasen sus actos y responsabilidades imponiéndosele una pena, legalmente configurada para que se cumpliese en su integridad; Estados Unidos ha hecho un favor al terrorista y, al mismo tiempo, se lo ha hecho a sus propios servicios de inteligencia que, con un Bin Laden vivo, hubiesen podido pasar más de un bochorno. Tal vez aquí radique la esencia misma de la operación para asesinarle: nadie habla después de muerto.

Cuando a los que les gustan las películas del Oeste se les pase la euforia, y cuando vuelva a ser políticamente correcto hablar de derechos humanos –incluso los derechos humanos de un terrorista como Osama–, habrá que pedirle a Obama que nos explique la auténtica historia detrás de este hecho que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sería más que un “asesinato extrajudicial” repudiado por nuestro ordenamiento y el de todos los países de nuestro entorno.

España, a diferencia de Estados Unidos, ya dio muestras de que se puede luchar contra la lacra del terrorismo sin saltarse los semáforos; el juicio del 11-M fue la mejor demostración y, por ello, debemos alzar nuestras voces cuando se jalea sin justificación alguna un hecho de estas características. Porque para mantenernos dentro del marco democrático debemos recordar que, según nuestras normas y cultura, el fin jamás justifica los medios; Obama mató a Osama pero, de pasada, ha herido gravemente a la democracia.

Gonzalo Boye Tuset es abogado y querellante

en la causa de las torturas en Guantánamo

Ilustración de Federico Yankelevich