El PP es uno de los partidos políticos menos participativos, teniendo en cuenta sus Estatutos y un análisis comparativo con otros partidos políticos. La estructura del partido es de arriba abajo; de los cargos orgánicos a los afiliados. Basta leer el articulado para ver que en cualquier lugar de los Estatutos la Junta directiva o el Comité ejecutivo desarrollan las competencias y efectúan toda clase de nombramientos, incluso en materias sensibles como nombramientos en el Comité de Derechos y Garantías, el Comité electoral, el Defensor del afiliado, la denominada Oficina del Cargo popular, etc. La llamada a la participación, que ostentosamente formulan los Estatutos, dirigidas a las bases del partido, encuentra frenos en el control de los cargos orgánicos y el aparato del partido. En pocas palabras, el único derecho electivo de los afiliados es el de elegir al presidente del partido, pero no todos ellos, sino una fracción de los mismos (los compromisarios). Por esta razón no es extraño que algunos comentaristas afirmaran que la dimisión del presidente Casado, forzada por una buena parte de los barones del partido, se solucionaría con la elección de un nuevo presidente interino por el cónclave de los denominados barones del partido, es decir, los presidentes autonómicos, hasta que el órgano competente eligiera en firme al nuevo presidente. Craso error, porque este cónclave no es órgano del partido ni tiene competencia alguna. Se ha dicho de todo en la televisión, la radio, la prensa, sobre todo en la noche del 23 al 24 de febrero, en el transcurso de la reunión de más de cinco horas de los barones del PP. Una serie de errores, inexactitudes, intencionalidades sin pruebas, por parte de los informantes. Es comprensible hasta cierto punto en periodistas, tertulianos, comentaristas. Pero no es de recibo la actitud de los barones del partido y menos aún que no tengan conocimiento o no respeten los Estatutos de su partido.

Los barones dieron muestra de una absoluta indiscreción señalando a destiempo al presidente de Galicia, Núñez Feijóo, como próximo presidente del partido. “Feijóo es la solución del partido y debe ser el nuevo presidente”, decían. Uno de ellos afirmó lacónicamente: “Tenemos que pasar con urgencia del presidente Casado al presidente Feijóo”. Muchos le pidieron directamente su dimisión. ¡Qué consideración la de estos barones con los órganos y Estatutos de su partido y especialmente con los afiliados! No les basta que el PP sea un partido escasamente participativo, sino que públicamente muestran que son ellos los que deciden sobre un asunto tan importante como la elección de la presidencia del partido. ¿Congreso del partido? ¿Qué es eso?, pensaría alguno de ellos. Casi todos proclamaban que Feijóo, el presidente gallego, sería el nuevo presidente del partido. Algunos ya le saludaban como presidente del partido, el presidente Núñez Feijóo. Aún ni siquiera se había reunido la Junta directiva nacional, que es la que convoca la celebración del Congreso para elegir al presidente, y ya tenía el partido su nuevo presidente. Se saltaron estos señores barones, claros representantes de la oligarquía del partido, dos telediarios (permítanme el vulgarismo), es decir, las convocatorias de los dos más importantes órganos del partido: de la Junta directiva nacional y del Congreso extraordinario. Dos convocatorias sucesivas.

Porque es el caso que la elección del nuevo presidente del partido exige la intervención de la Junta directiva nacional, máximo órgano del partido entre congresos, que convoca la celebración del Congreso extraordinario (art. 37, e) de los Estatutos), máximo órgano del partido, que elige al nuevo presidente (art. 34, f) de los Estatutos), con la participación de miembros natos (los líderes del partido: cargos orgánicos y públicos) y miembros electos (los afiliados compromisarios elegidos por los afiliados del partido). A diferencia de otros partidos no todos los afiliados votan a su presidente en el PP, pero al menos participan en la elección una fracción o parte elegida por todos ellos. Si yo fuera afiliado del PP, me molestaría que otros se adelantaran señalándome cuál debe ser el sentido de mi voto, dando por hecho el resultado de unas elecciones, que ni siquiera han sido convocadas y faltando por lo tanto todos los trámites, como la presentación de candidatos y el necesario debate antes de la votación. Efectivamente -pensaría- este cónclave de altos jerarcas del partido son más barones (en el sentido tradicional del término) que presidentes autonómicos.

Fíjense en la necesidad de la confluencia de una doble legitimidad: la legitimidad jurídica, que aporta las convocatorias y resoluciones de los más relevantes órganos del partido, y la legitimidad democrática, que exige la participación de los afiliados en la elección del presidente de su partido. ¿Dónde quedan, señores barones, esta doble legitimidad ante sus inoportunas y adelantadas adhesiones y proclamaciones de un todavía non nato nuevo presidente del partido?

Justicia obliga y debo destacar la excepción a la regla: la del presidente gallego, todavía presidente autonómico, aunque sus compañeros quieren entronizarle como príncipe aclamado por el partido, Feijóo el Deseado, el nuevo Fernando VII de la política española. Éstas son sus palabras: “No voy a hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante que no es tal, ni sobre la presentación a un congreso que no está convocado. Hasta que no se convoque sería muy sorprendente que venga un señor a decir que se presenta”.

El Deseado ha frenado a sus virreyes: a quienes querían coronarle les ha devuelto la corona y les ha señalado el respeto a los órganos del partido y la espera para que todo el partido se pronuncie. Ni el Deseado ni César. Quiere asumir el cargo de presidente con la doble legitimidad indicada. Desea poner derecho el Derecho que los virreyes aspiran a poner al revés. Un punto para Feijóo. Ojalá su actitud sea un adelanto de un cambio en la política sin norte, incoherente, de bandazos, de absoluta falta de colaboración, del principal partido de la oposición.