Las universidades del sur de Madrid tienen puntos en común más allá de su ubicación geográfica. Es simbólico que Cristina Cifuentes fuera miembro del Consejo Social de la Universidad Carlos III y del Consejo de Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. La Universidad Carlos III nació alrededor de la figura de Gregorio Peces-Barba y se asoció al PSOE. Cuando el PP llegó al poder en Madrid, quiso tener la suya en 1996 con la URJC. El estallido del foco de corrupción y nepotismo de la URJC tiene la misma raíz que los problemas de la Carlos III, la politización de la universidad. Las universidades públicas, como cualquier otra institución, deben ser controladas y vigiladas.

La Universidad Carlos III fue creada por Ley de las Cortes Generales de 5 de mayo de 1989, en el marco de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Su primer rector fue Gregorio Peces Barba, que ostentó el cargo dieciocho años. Le siguió como rector Daniel Peña desde abril de 2007 hasta marzo de 2015. El tercer rector de esta universidad, Juan Romo, ocupa el puesto desde el 5 de marzo de 2015, siendo el único candidato que se ha presentado al cargo. En las pasadas elecciones del 5 de marzo, Romo obtuvo 579 votos por 1317 en blanco. Son numerosos los miembros del PSOE que son o han sido profesores de la Carlos III. Eduardo Madina, aspirante en su día al liderazgo del Partido Socialista frente a Pedro Sánchez; diputados en el Congreso como Juan Moscoso del Prado y Juan Luis Gordo; Tomás Gómez, ex líder de los socialistas madrileños; José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Laicidad de la Ejecutiva del PSOE; el ex ministro Jordi Sevilla, entre otros nombres, como el actual alcalde de Leganés, Santiago Llorente o el ex alcalde Rafael Gómez Montoya.

La Carlos III se fundó con la premisa de contribuir a paliar la masificación que sufrían las otras cuatro universidades existentes entonces, Complutense, Politécnica, Autónoma y Alcalá de Henares. Sin embargo, su oferta de plazas era limitada y desde sectores de la comunidad universitaria se acusó al Ministerio de otorgar trato de favor a la universidad Carlos III e intentar implantar en ella centros de élite, fundamentadas en las facilidades para aplicar desde el principio nuevos planes de estudio. El socialista Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid en el momento de su apertura, reconoció que esta universidad era la “niña de sus ojos”. En 2004, durante la presentación del programa económico para las elecciones que ganaría Zapatero, se mostró al público el equipo que asesoraba a Miguel Sebastián, el entonces nuevo gurú económico socialista en detrimento del mencionado Jordi Sevilla. En esta presentación se encontraba Juan José Dolado, catedrático del departamento de Economía de esta universidad. El equipo de Miguel Sebastián se nutría de jóvenes y becarios procedentes CEMFI (entidad dependiente del Banco de España), del BBVA y del mundo universitario, principalmente de la Carlos III. La vicerrectora María Jesús San Segundo también formaba parte del equipo de Sebastián, como el catedrático del departamento de economía Javier Ruiz-Castillo. La relación de esta universidad con el PSOE llegó hasta la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez, con la Secretaria de Empleo, María Luz Rodríguez Fernández.

Tomás Gómez, exalcalde de Parla, aumentó sus horas lectivas de Economía en la universidad a mediados de 2015, después de ser cesado del PSM. El contrato de Tomás Gómez fue criticado en 2011 por la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, al considerar que hubo “enchufe” y que se benefició a Tomás Gómez por encima de otros candidatos mejor preparados, ya que era el único de los siete sin estudios de postgrado, máster o doctorado. El Partido Popular de Leganés denunció en 2013 que al menos cuatro personas que figuraban en las listas del PSOE habían trabajado en la Carlos III, vinculando esta relación laboral el hecho de que esta universidad fuera la gran beneficiada por las ayudas del gobierno local del PSOE de Leganés entre 1999 y 2011. Además de los mencionados Santiago Llorente y Rafael Gómez Montoya estaban Emilio Olías Cruz, director de la Escuela Politécnica y Ana María Massó, perteneciente también al departamento de Derecho. El gobierno de Leganés inyectó entre 1999 y 2011 3.161.858,66 euros a diversas fundaciones universitarias, llevándose la Fundación de la Carlos III más de las tres cuartas partes, 2.603.009,44 euros. El PP de Leganés también encontró varios pagos a la Carlos III por un importe total de 32.000 euros que no constaban en la facturación habitual del ayuntamiento y que se derivaron a través de la empresa Suroeste Digital TV, sociedad mercantil pública creada por los gobiernos de Leganés, Alcorcón y Humanes. El PP indicó que esta sociedad se empleó para contratar catedráticos o departamentos de la Carlos III para la prestación de servicios jurídicos.

Nuestra universidad saltó a los medios en 2005 gracias a las juergas que se corría el responsable de la Fundación Carlos III, Jesús Gallego Rilla, en un local de explotación sexual. Jesús Gallego fue recolocado en la fundación después de haber sido responsable de recursos humanos de RTVE hasta la victoria de Zapatero en las elecciones de marzo de 2004. Según lo publicado en el medio Interviú, Gallego se había gastado desde su llegada a la fundación, en mayo de 2004 hasta mayo de 2005 la cantidad de 20.000 en el conocido Hotel Avión, un local de prostitución situado junto al aeropuerto de Barajas. Para abonar sus gastos en este local, empleó la tarjeta Visa que le correspondía como responsable de la institución docente, que percibe presupuestos públicos directamente de la Universidad Carlos III, de ayuntamientos y de empresas privadas. En septiembre de 2004 solicitó un aumento del límite mensual de la Visa de 1.200 a 2.000 euros, ya que sobrepasaba casi todos los meses el tope. El rectorado de Peces Barba también vio salpicado por los correos de Blesa en el caso Caja Madrid a través de las becas Erasmus de la Carlos III, Complutense y Rey Juan Carlos. El dúo Blesa-Spottorno controlaba las becas otorgadas por Caja Madrid de forma arbitraria sin ajustarse a los baremos, como en el caso de Miguel Almunia, hijo del socialista Joaquín Almunia, que reclamaba directamente a Blesa de 35.000 a 45.000 para vivir en EEUU. Miguel Almunia se licenció en la Carlos III en 2005 y obtuvo al menos tres becas universitarias con una renta familiar superior a los 400.000 euros anuales. En los emails de Blesa se mencionan explícitamente los “sablazos” de Gregorio Peces Barba solicitando patrocinio.

En 2012, el Informe de la Cámara de Cuentas de 94 páginas reveló un descuadre en las cuentas de 30 millones de euros, gastos sin justificar y multitud de irregularidades contables, como sobresueldos, manifestando el descontrol de la gestión de la universidad desde sus inicios. Tras la auditoría de universidades públicas españolas, aparecieron en la Carlos III gastos por un importe de 24.438,11 euros en 2009 en “comidas y gastos protocolarios” sin que quedase acreditada su relación con la actividad investigadora, con casos en los que el abono lo autoriza la misma persona que recibe el dinero. El informe subrayó la ausencia de control en el gasto por personas ajenas a las que lo proponen, lo autorizan y son sus mismos beneficiarios. Aparecieron sobresueldos de dudosa legalidad a profesores y se destaparon jubilaciones anticipadas por encima del importe establecido. Se emplearon aulas para los máster como servicio de alquileres que la universidad se presta a sí misma para inflar las cuentas. Se abonaron facturas a restaurantes cuando ya se habían pagado las dietas por manutención. Los casos más graves que se especificaron fueron los “complementos retributivos de dudoso encaje” en la normativa contable, que bajo la denominación “incentivos por actividades de gestión” se concedieron a cargos como el de director de departamento, vicedecano y director de escuela. Del análisis de cuentas se desprendió que la universidad postergaba el reconocimiento de gastos de un año a otro para no reconocer posibles desviaciones presupuestarias.

El escándalo volvió a saltar en 2014, cuando se denunció fraude de ley a la hora de adjudicar las plazas de profesores visitantes, sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución. Una denuncia anónima a la prensa indicaba que las contrataciones que efectuaba la Carlos III enmascaraban procesos normales de concurrencia a plaza pública, siendo una práctica normal en el centro docente. A estos profesores visitantes se les ofrecía un contrato de al menos seis años, cuando el Convenio Colectivo de Universidades Públicas de Madrid limita el contrato de profesor visitante a un año, ampliable a dos en supuestos razonables y previa audiencia de la representación de los trabajadores. A pesar de los importantes recortes presupuestarios y la prohibición de crear nuevas plazas, la Carlos III realizó un importante esfuerzo en convocar un concurso internacional para cubrir cinco plazas de profesor visitante, tenure track, con sueldo de profesor titular, en torno a 33.000 euros. Este tipo de plazas requieren un concurso público y una acreditación previa de los candidatos en agencias externas a la universidad, donde deben acreditar una serie de méritos. Los denunciantes afirmaron la existencia del fraude de ley al emplear una figura interpuesta para evitar el trámite de pasar por las agencias y acreditar los méritos, pudiendo contratar a candidatos que no cumplían los requisitos. Todos los 96 candidatos tenían afinidad a la Fundación Juan March y su Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS).

En octubre de 2015 se conoció que al menos dos catedráticos de Universidad Carlos III, directores de máster, usaron fondos obtenidos mediante las matrículas de esos cursos para sus gastos personales. Los profesores que actuaron así fueron el catedrático de Derecho Internacional Público, Fernando Mariño, y la catedrática de Biblioteconomía, Mercedes Caridad Sebastián. Una vez conocidos los hechos, el gerente Juan Manuel Moreno les comunicó que debían devolver el importe, que en la cooperativa Radioteléfono Taxi ascendía a 1.700 euros. La última noticia que relaciona la Carlos III con el PSOE es la imputación por la caja B del partido socialista valenciano a Marcos Vaquer Caballería, jefe jurídico en la universidad con el puesto de secretario general. La persona que vela porque las decisiones que se tomen se ajusten a la legalidad está siendo investigada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Vaquer ocupó altos cargos el Ministerio de Vivienda durante los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2008 fue director general de Urbanismo y Política de Suelo. Y entre 2008 y 2010 subsecretario del ministerio y presidente de la empresa pública estatal SEPES.

En 2012 se difundió el Manifiesto en Defensa de la Universidad Pública Carlos III de Madrid, que recogía información aportada por Informe de los Defensores Universitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid de 2011. Se exponía la falta de compromiso por lo púbico y la apuesta por una Universidad “excelentemente elitista” a la que sólo unos pocos pueden acceder, reproduciendo la fragmentación social. Señala la responsabilidad de las administraciones públicas de vertebrar un sistema educativo público que sea garante para el conjunto de la ciudadanía, del derecho universal y efectivo a la educación en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y calidad, compensando las diferencias sociales individuales y colectivas. Se denunciaba la mercantilización de la educación, al servicio de las empresas o de la banca que subvenciona las “cátedras de excelencia”, distribuyendo generosamente complementos e incentivos mientras que se recorta en otros sectores con sueldos de subsistencia.

Desde Podemos Leganés nos preocupan estas circunstancias que se dan en la universidad de nuestro municipio, con discursos que defienden la mercantilización de las aulas, una excesiva identificación con un determinado partido político y una ostensible falta de democracia interna. Seguiremos vigilantes con operaciones opacas como la del campus de Legatec y velaremos por la transparencia de esta institución educativa de nuestro municipio y por los derechos de alumnos y trabajadores.