Carlos Huerga

Ingeniero y activista de PAH Madrid

Los banqueros no están pasando por su mejor momento, al menos en lo que a popularidad se refiere, claro. Sin embargo, quizás haya gente que considere excesivo que un grupo de varias decenas de afectados y afectadas por la empresa financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), con el apoyo de la PAH, denuncie por estafa continuada a los responsables de esta entidad, al Banco Santander y al grupo BNP Paribas.

Este grupo de afectados denuncia a estas tres entidades por un delito de estafa continuada a través de la comercialización sistemática de productos financieros tóxicos, es decir, hipotecas basura. Las familias (cerca de 40 de Madrid, Cataluña y Murcia) denunciantes piden que se abra una investigación judicial sobre estos hechos con protección específica a los denunciantes, la reparación del daño causado y la depuración de responsabilidades de quienes diseñaron y ordenaron la puesta en práctica del sistema de comercialización de productos tóxicos, entre los que destacan Emilio Botín, Patricia Botín y Alfredo Sáenz.

Para entender el por qué de esta denuncia, primero hay que comprender quién forma cada una de estas entidades y qué papel han jugado durante estos años.

La conocida como UCI es la clave de esta denuncia. Se trata de una entidad financiera cuyo objetivo es financiar la compra de viviendas. Es decir, se dedica a vender hipotecas. Según su página web “ofrece las mejores soluciones para financiar su vivienda”; también se declara “líder en la comercialización de préstamos hipotecarios”.

Esta entidad, durante los años de burbuja inmobiliaria, se ha dedicado a la concesión de hipotecas con condiciones muy por encima de las del mercado, en forma de diferenciales de tipos de interés superiores a la media, plazos más prolongados, tasaciones claramente infladas, etc. Además de esto, ha usado como práctica habitual la inclusión de clausulas abusivas en sus hipotecas, así como la presión para conseguir firma de avales que llevan a los y las afectadas a situaciones económicas extremas.

¿Qué pintan el Banco Santander y BNP Paribas en este asunto? Muy sencillo: el Grupo Santander tiene el 50% de acciones de la financiera UCI, además de haber sido socio fundador, junto con BNP Paribas, en el año 1996.

Este hecho, como la obligatoriedad para aquellos que han adquirido una hipoteca de UCI de abrir una cuenta en el Banco Santander, dejan clara la implicación activa del Banco Santander en el negocio de UCI. De hecho, la querella presentada por los afectados pretende demostrar que UCI no ha sido más que la línea de hipotecas basura del Banco Santander, que ha estado derivando a esta entidad los préstamos de mayor riesgo debido a las precarias condiciones económicas de las personas que piden la hipoteca. De esta forma conseguían no ensuciar el nombre del “banco padre” con créditos basura (de alto riesgo).

Ahora bien, ¿por qué una denuncia penal?

Ante casos como estos, mucha gente piensa que “nadie ha obligado a los hipotecados a firmar esas hipotecas”, o que “si no tenían dinero, que no se hubieran metido en una hipoteca”. Conviene no olvidar que, la vivienda es un derecho recogido por la constitución española. Igual que la comida o la asistencia sanitaria, es un bien de primera necesidad. Resulta evidente que las entidades denunciadas se han aprovechado de esta necesidad, así como de la nula protección efectiva de este derecho para lucrarse, cometiendo así delitos de estafa y usura.

UCI, ha concedido hipotecas que eran auténticas estafas. Casos evidentes de gestión temeraria de riesgo financiero en perjuicio de los deudores y del orden socioeconómico del país. Por ello, la asesoría legal de las personas afectadas denunciantes consideran que se encuentran ante hechos de apariencia delictiva que pudieran ser constitutivos de estafa continuada (artículos 282 y 282 bis del vigente Código Penal).

Para hacernos una idea, el volumen de cotización de los fondos de UCI, pensemos que entre los años 1999 a 2009 alcanzó los 14.365,8 millones de euros, con un total de 133.701 hipotecas y 22.831 préstamos personales no hipotecarios. La venta de estos productos hipotecarios se realizaba a través de una compleja red de sociedades mercantiles y profesionales del ámbito inmobiliario, como la tasadora asociada a UCI (Valtecnic), y la asesoría financiera, que cumplían los planes de UCI de colocación de hipotecas tóxicas. 40 son las familias que han quedado en una situación extrema por culpa de las malas artes de UCI, Santander y BNP que se han decidido a denunciar; y probablemente aumente el número de denunciantes.

¿Para qué esta denuncia?

Porque todo esto ha ocurrido mientras que los grandes bancos obtenían grandes beneficios, incluso en plena crisis. En el tercer trimestre de 2013 el Banco Santander ganó un 77% más que el año pasado, el BBVA el 85,8%, CaixaBank un 164,5% y el Sabadell el doble. Mientras, batíamos récords de desahucios.

Nadie es intocable. Es necesario que aquellos bancos que se han lucrado estafando con la venta de hipotecas, siendo esta la única vía para que mucha gente accediera a una vivienda, sean juzgados. Es necesario porque no ha habido ningún tipo de regulación o protección a las personas afectadas por parte de las administraciones públicas. Es necesario porque la otra cara de los beneficios de la banca es la expulsión a la marginalidad social de miles de personas. Es necesario porque ellos han provocado esta crisis, y ha llegado el momento de exigir responsabilidades.

Si cualquier ciudadano tiene indicios de la comisión de un delito, tiene obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Por eso denunciamos a Emilio Botín, Patricia Botín y Alfredo Sáenz. Es necesario juicio, castigo y reparación.