TONI RAMONEDA

El pasado 12 de agosto, una delegación francesa compareció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU como consecuencia de los desalojos de poblados gitanos realizados por el Gobierno de Sarkozy. Desde que a finales de julio el asalto a una comisaría por parte de un grupo de miembros de la comunidad gitana rumana (roms, según los franceses) en Grenoble atizara la ira del Gobierno galo, los miembros de esta etnia, a menudo habitantes de poblados de caravanas más o menos sedentarios, se han convertido en el centro de una nueva estrategia de comunicación política del Elíseo. Sarkozy construyó su identidad política mediante un discurso centrado en la seguridad y la tolerancia cero. Y cuando todos los datos muestran el fracaso de su acción como ministro del Interior y presidente –un fracaso especialmente importante en los suburbios de las grandes ciudades francesas–, el asalto a una comisaría por parte de miembros de una comunidad con escaso peso político en el país se convirtió en la ocasión perfecta para retomar el discurso de la seguridad y hacerlo acompañado de hechos.

De este modo, los desalojos de poblados ilegales se reprodujeron durante eagosto e incluso las imágenes violentas que se publicaron sobre estas acciones (un vídeo en el que se ve a un niño de 3 años arrastrado por la policía o a una mujer embarazada desmayada en medio del tumulto) le sirven a Sarkozy como reclamo hacia los votantes de extrema derecha que le votaron en las pasadas elecciones presidenciales y que se sentirían ahora desengañados ante su tibieza. Por eso, los desalojos son tanto una estrategia política para mostrar la firmeza del Gobierno como una estrategia de comunicación dirigida a un electorado que, en las últimas elecciones regionales, se había vuelto de nuevo hacia el partido de Le Pen. En este sentido, el argumento con el que el Gobierno francés defiende su actuación es muy elocuente: “Todas las políticas llevadas a cabo por Francia tienen como objetivo la igualdad de los derechos de la mujer, la protección de los más vulnerables contra el tráfico de seres humanos y la preservación del primero de los derechos humanos, el derecho a la seguridad”, afirmó la delegada francesa ante la ONU. Machismo, tráfico de seres humanos e inseguridad aparecen así íntimamente ligados, según el discurso oficial del Gobierno francés, con el fenómeno migratorio: el discurso tradicional de la extrema derecha.

Hasta ahora, los partidos franceses habían acordado construir un cordón sanitario en torno al partido de Le Pen con el objetivo de evacuar su discurso fascista de la República. Sin embargo, la utilización política de la seguridad y de los derechos humanos por parte de Sarkozy supone el reconocimiento institucional del discurso nacionalista del líder de la extrema derecha.

En el marco institucional republicano, el Estado tiene el deber de asegurar la seguridad de sus ciudadanos para que estos puedan ejercer su libertad. Por eso, el Estado se dota de instituciones defensivas ante posibles agresiones externas (el Ejército) y de instituciones de control del orden público (Policía). Pero también, por esta misma razón, el Estado organiza sistemas de protección social (asistencia sanitaria, pensiones de vejez, subsidios de desempleo, normativa laboral…) que aseguran a los ciudadanos la posibilidad de ejercer su libertad, pues los liberan, en mayor o menor medida, de las intervenciones arbitrarias que podrían entrabarla.

Así es como se entiende, desde un punto de vista republicano, el derecho a la seguridad. Ahora bien, la noción de derechos humanos es un concepto basado en el universalismo: se trata de valores que todo ser humano es susceptible de reconocer como tales, independientemente de su cultura, su pertenencia religiosa o su nacionalidad. Cuando el Estado francés invoca el derecho a la seguridad para justificar los desa-

lojos de poblados ilegales y la reconducción de sus habitantes a Rumanía y a Bulgaria, se entiende que, para mejorar la seguridad de los ciudadanos franceses, es necesario (y aceptable) aumentar la inseguridad de unos ciudadanos (los gitanos rumanos y búlgaros) que no sólo no tienen ninguna razón para volver a sus países de origen, sino que además sufren allí mayor discriminación de la que padecen en Francia. El derecho a la seguridad deja, por lo tanto, de ser un derecho universal (se reduce a quienes pueden gozar de la nacionalidad francesa) y su invocación se convierte en una forma de instrumentalizar uno de los fundamentos del Estado republicano y de asumir, con ello, que no es el Estado sino la nación la garante de los derechos humanos. Y así es como el discurso republicano se convierte en nacionalista y excluyente.

Los brutales desalojos en Francia nos muestran, pues, los límites de la tradición republicana: se trata de poblaciones cuya integración es problemática porque se definen, precisamente, como opuestas al principio mismo de integración y, por lo tanto, su asimilación comporta, de hecho, su desaparición. Poner el énfasis en la seguridad como derecho podría ser una forma de individualizar la cuestión, recordando que el respeto al Estado republicano no pasa por la integración nacional, sino por la responsabilidad ligada al ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos. Ello conlleva, sin embargo, reconocer que por encima de toda identidad colectiva se sitúa la responsabilidad hacia lo colectivo; que por encima de la identidad nacional están los derechos humanos: que la República vale más que la nación.

Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Comunicación

Ilustración de Federico Yankelevich